HAGAN CASO A LOS LETRADOS

Quedémonos con sus nombres, Xavier Muro y Antoni Bayona, secretario general y letrado mayor del Parlament de Catalunya, respectivamente, porque igual le estarían prestando a este país desquiciado un servicio extraordinario. Otra cosa es que hagan caso a sus informes pero quienes aún respetan el Estado de derecho y velan por su correcto funcionamiento deben tener muy presente que ajustarse a la legalidad, defender su cumplimiento, es absolutamente primordial para que las instituciones y los poderes públicos interpreten el papel que les está asignado y garanticen que el ordenamiento jurídico es el que prevalece.

Cierto que el desafío independentista catalán no conoce de demasiada racionalidad por quienes lo plantean, un camino escogido lleno de caprichos y huidas hacia adelante y en el que no quieren saber nada de aplicaciones legalistas pues igual frenan sus pretensiones o tuercen el rumbo de su trayecto. A fe que lo han logrado: a fuerza de no escuchar, de no dialogar, de enrocarse, han terminado haciendo antipática la causa de la soberanía, legítima pero mal encauzada.

Y han llegado a punto casi irreversible. Salvo que hagan caso a los letrados del Parlament.

Resulta que han convocado para el próximo lunes un pleno al que asistirá el presidente de la Generalitat para explicar los efectos de lo ocurrido el pasado 1 de octubre y quizás para declarar unilateralmente la independencia o la República de Catalunya. Los señores Muro y Bayona, cumpliendo con su deber, han rubricado un escrito ante la Mesa de la cámara en el que advierten a sus componentes el deber que tienen de impedir o paralizar iniciativas como la de convocar la sesión para declarar la independencia.

En el escrito, los letrados señalan que una declaración de independencia tendría una “relación directa” con las resoluciones parlamentarias y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Por esta razón, añaden, “la tramitación y eventual aprobación de una declaración” de independencia estaría “afectada” por las anteriores sentencias del TC.

No es un acto de valentía el de los altos funcionarios: es el cumplimiento del deber de informar y asesorar a los órganos de la cámara para que sus actos se ajusten a la legalidad. Es un acto de responsabilidad, al margen de cualquier connotación que se quiera aportar. Y si alguien pregunta si entonces se va a hacer más caso al informe de dos técnicos que a la supuesta expresión de un pueblo o de una parte de él -sin entrar en el análisis de los múltiples factores que concurren en el colosal desbarajuste-, hay que responder afirmativamente: en circunstancias como las presentes, solo la racionalidad, solo la aplicación de normas y resoluciones judiciales hacen vislumbrar una salida en el intricado túnel.

Los letrados también han advertido que, de acuerdo con las decisiones que ha ido adoptando el TC, “los miembros de la Mesa del Parlament tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia, los autos y los acuerdos de suspensión” del alto tribunal. “El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa”, añaden en su informe que, por cierto, determinados grupos políticos se han apresurado a recordar que no es preceptivo ni vinculante. Eso sí: si hubiera sido favorable, ya estarían diciendo lo de la ley nos ampara.

Pero si aún queda un mínimo de cordura, deberían hacerles caso. Es imprevisible el rumbo que tomará este contencioso -por llamarlo de alguna manera-, especialmente desde que entró en vía judicial, pero en las advertencias de los letrados se adivina, aunque parezca tarde, una salida a la crisis. Solo están pidiendo que no haya más ilegalidades y solo están previniendo a quienes pueden incurrir en ellas.

Háganles caso.