La última entrega de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza (EAPN) reabre el debate de la situación en Canarias. Algunos datos son
demoledores: el 44,6 % de los habitantes corre el riesgo de sufrir pobreza o
exclusión, un porcentaje que dobla la media de la Unión Europea (UE), el 23 %.
En general, la pobreza ha aumentado, como lo ponen de manifiesto los mismos
registros de la EAPN que cifran en casi trece millones de personas en España las
que cumplen alguno de los requisitos para ser considerada pobre: tener ingresos
inferiores (una persona) a 684 euros y 1.700 (una familia de cinco miembros);
sufrir carencia material severa, esto es, retrasos en el pago de la vivienda,
no gozar de vacaciones ni disponer de televisión o teléfono y estar desempleado
o registrar baja intensidad en la relación laboral, o sea, un trabajo de menos
de dos horas. Un total de 2,9 millones de personas viven en situación de
pobreza severa, es decir, en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo es
inferior a 342 euros al mes, 4.104 al año. El presidente de EAPN, Carlos
Susías, lo tiene claro: “Es preocupante que las personas en situación de
pobreza, las primeras en sufrir la crisis, sean las últimas en notar la
recuperación; son las primeras en recibir el impacto y las últimas en recibir
las bondades”.
Ese 44,6 %
canario es muy inquietante, desde luego. Un 10,8 % de la población sufre
privaciones y el 13,6% de los canarios padece pobreza severa. Aparecen los
datos en plena conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza y ponen de relieve la
desigualdad social, que no disminuye ni con el baile de récords en el sector
turístico ni con la aparente recuperación de otros sectores productivos, entre
ellos la construcción. Se habla de creación de empleo pero ya sabemos de su
precariedad y de bajos índices salariales. Es evidente que habría que impulsar
políticas serias (y no parches) que favorezcan la creación y el mantenimiento
del empleo, antes que premiar la obtención de mayores beneficios que solo
incrementan la desigualdad. Muchas voces coinciden en señalar que corresponde a
los Estados la aplicación de planes y medidas que permitan a la renta básica
universal satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.
El debate se
intensificará en las próximas fechas. A ver si en las instituciones, allí donde
el asunto sea tratado y donde haya competencias para planificar y disponer
recursos, surgen acuerdos positivos y eficaces, lo que más puede interesar,
antes que intercambiar reproches pues el personal anda bastante cansado, por no
decir harto, de las diatribas y las reprobaciones estériles. Sería bueno, más
allá de posiciones partidistas o ideologizadas, no solo asumir compromisos sino
consensuar planes. Andamos en fase de elaboraciones presupuestarias: es el
momento de actuar y de acreditar que, para mejorar los tan desalentadores
registros, es indispensable traducir en números, iniciativas y prioridades la
voluntad política.
Si no, más
de lo mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario