Un
paso más, hace apenas diez días, en la reforma de RadioTelevisión
Española (RTVE), impulsada en las Cortes por el Grupo Parlamentario
Socialista el pasado mes de julio y aprobada prácticamente por
unanimidad después de que, a última hora, se sumara el Partido
Popular (PP) que, por cierto, luego maniobró en el Senado
probablemente para dilatar la materialización de los objetivos y
favorecer sus propios intereses.
Se
trata, en concreto, de renovar el consejo de administración de la
corporación y de su presidente mediante un concurso público. Según
el acuerdo alcanzado, cualquier ciudadano podrá optar a sus cargos
previa presentación de su candidatura y de un proyecto ante una
comisión de expertos que habrá de decidir sobre su valía. El
siguiente paso consistiría en que los candidatos comparezcan ante la
Comisión Mixta Congreso-Senado de control de RTVE que procederá a
la selección, en tanto que la votación final se mantendrá
residenciada en los plenos de ambas cámaras legislativas. El consejo
de administración, que tendrá nueve miembros y será paritario,
requerirá el respaldo de dos tercios del Parlamento. El texto
aprobado especifica que, en el caso de no aprobarse la normativa en
el plazo señalado inicialmente de tres meses, se procederá a la
elección del presidente y del consejo mediante el procedimiento
reflamentario vigente. Los grupos políticos, por tanto, tendrán que
seguir esmerándose para cumplir con lo aprobado.
Sobre
el papel, como ya escribimos en su momento, la fórmula no solo aporta transparencia sino que
propiciará un mayor pluralismo en los órganos de dirección de
RTVE. Hasta el Partido Popular terminó aceptando las nuevas reglas,
argumentando, eso sí, las que considera carencias y una cierta
voluntad política de excluir a esta formación. Pero lo cierto es
que terminó votando casi contra sí mismo, contra el empecinamiento
de sus mismas posiciones: en 2012, ante la falta de un acuerdo para
designar al presidente y a los consejeros de la entidad pública, el
partido gubernamental que disponía entonces de mayoría absoluta, lo
modificó de manera que, en la práctica, bastaba el respaldo de su
grupo, en segunda votación, para la elección de estos cargos.
En
síntesis, lo que se quiere es devolver la independencia a RTVE,
recuperar la credibilidad y garantizar el pluralismo. La entente
lograda en el Congreso es un paso más pero no el definitivo pues los
grupos parlamentarios tendrán que velar por su cumplimiento mediante
el establecimiento y desarrollo de las disposiciones que regulen,
mediante criterios estrictamente profesionales, el nombramiento del
nuevo consejo de administración de RTVE, incluido su presidente.
Por
tanto, les queda tarea que llevar a cabo pues están obligados, a
tenor del acuerdo alcanzado, a consensuar el nombre del nuevo
presidente. Ese acuerdo, inicialmente pactado por PSOE, Podemos y
Ciudadanos, establece que el presidente deberá contar con el
respaldo de dos tercios de los votos del Congreso. Está previsto
incluso que, en caso de necesitar una segunda votación si el
candidato propuesto no alcanza la mayoría cualificada, sea necesario
un acuerdo que preserve el objetivo principal de devolver la
independencia a la radiotelevisión pública y hacerla tan
competitiva como creíble y nada sesgada.
A
ver si antes de que finalice la presente legislatura, tan
accidentada, se recogen los frutos de estos avances.
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