Fue
pionero el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en la dotación de
servicios sociales. Con la llegada de la democracia, en efecto, se
trataba de cubrir un vacío enorme: el franquismo había practicado
otra cosa, una suerte de atención caritativa, sin programas bien
fundamentados ni criterios sólidos. Como otras corporaciones,
sacando recursos de donde no había, la portuense se esmeró en
estructurar una red de servicios que, poco a poco, con mucha voluntad
y con firmes convicciones, fue ganando competencias y recursos
humanos, mientras la Comunidad Autónoma, plenamente configurada a
partir de 1983, iba desarrollando un organigrama que, en el ámbito
de la acción social, iba incorporando nuevos enfoques y perfiles
derivados, muchas veces, tanto de la aparición de nuevos problemas y
realidades como de las demandas crecientes de los sectores de la
población menos pudientes.
Otros
conceptos, nuevos cargos, equipos multidisciplinares, normativas y
convenios, muchos convenios que daban solidez a las prestaciones que
las administraciones habrían de prestar. Con el paso del tiempo, se
suponía que aquel organigrama se iba perfeccionando. Seguro que no
había soluciones definitivas pero, al menos, los gobiernos tenían
fundamentos para trabajar con cierta estabilidad y con razonables
horizontes después de hacer los estudios, los diagnósticos y las
auditorías correspondientes en cada municipio.
Puerto
de la Cruz fue de los primeros, desde luego. Hablamos de principios
de los ochenta. Empezaron a incrementarse los gastos sociales en los
presupuestos. En otras localidades, en función de las posibilidades
económicas y de la utilización de inmuebles o similares, también.
Así, fue posible la atención a las toxicomanías, a menores de
hijos de familias desestructuradas, a los suplementos educativos, a
las personas dependientes, a las adicciones, a los programas de
alimentación y a las necesidades más acuciantes, entre ellas una
vivienda siquiera provisional o temporal para superar una de esas
situaciones de ruptura familiar o de abandono de hogar que repercutía
directamente en la convivencia y en los riesgos de desprotección de
los descendientes. Hay que consignar que algunas de estas medidas
fueron aplicadas de forma desigual y se iban desnaturalizando o
evaporando, y hasta sugirieron críticas que, en el fondo, revelaban
una clara incomprensión.
Precisamente,
el gobierno local acaba de anunciar la puesta en funcionamiento de un
denominado recurso alojativo mixto que es el primero del norte de la
isla, convenido con el Cabildo tinerfeño en el marco del programa
Ayelén y gestionado por
Cáritas Diocesana. Es una dotación para mitigar la situación de
exclusión en la que personas o familias puedan haber incurrido.
Desde ahí, quieren contribuir a que los afectados se inserten
laboralmente, recuperen usos y hábitos sociales y, en definitiva,
normalicen sus vidas.
Es
un modelo de intervención con un tipo alojativo para favorecer la
inclusión social. Se trata de diez plazas, habitaciones individuales
para un máximo de dos personas. Cáritas gestiona siete recursos
similares en la isla, atendidos por veinte profesionales que llevan a
cabo un seguimiento de las características de las personas que
tendrán de ese modo, una opción con la que intentar salir de la
marginalidad. Los resultados de intervenciones semejantes en Santa
Cruz y La Laguna, según parece, han sido satisfactorios.
Veremos
los resultados en el ámbito portuense. La carga experimental es muy
importante para que la estabilidad del recurso quede garantizada.
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