No hace falta subrayar que es un derecho fundamental disponer de un hogar o de una vivienda. Más sencillo: de un techo donde cobijarse. A todos nos ha conmovido, siquiera al paso o durante unos segundos, esa imagen de personas que duermen en la calle, que se refugian en el exterior de alguna tienda, de un zaguán o en el interior de un cajero automático. Los datos son demoledores: más de setecientas mil personas carecen de techo en Europa. En España, durante 2022, son veintiocho mil quinientas personas las que viven en la calle, un 25 % más que hace una década. Estas personas, claramente vulnerables, también son víctimas en el acceso a unos derechos básicos de un hogar o de la ciudadanía, como el derecho a la salud.
Según estudios científicos, las personas sin hogar ven mermada su esperanza media de vida uno diecisiete años y medio respecto al resto de la población porque sus condiciones vida son originarias de enfermedades o cronifican las ya existentes. Se pone un ejemplo: carecer de vivienda duplica el riesgo de morir de cáncer. La edad media de muerte se calcula en cincuenta y dos años para las mujeres y cincuenta y seis para los hombres.
Estamos, por tanto, ante problemas muy serios de la sociedad de nuestros días. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas sin hogar en nuestro país, durante los últimos diez años, ha crecido un 25 %. Esta carencia social ha pasado de afectar a veintidós mil novecientas personas en 2012 a más de veintiocho mil quinientas en 2022. La edad media de las personas en esta situación en España es de 42,7 años. Más allá de la necesidad básica de alojamiento, la vivienda es clave para el desarrollo del proyecto de vida. No en vano hablamos de un derecho humano fundamental. No tener vivienda ha generado una nueva expresión en referencia a estas personas, el sinhogarismo, que aumenta la desigualdades para el acceso a los derechos básicos de ciudadanía, entre ellos, el derecho a la salud.
Son
múltiples las causas que generan vivir a la intemperie, sin casa: no solo las personales sino
también las estructurales, incluido el desempleo, el déficit del parque o la
oferta pública. Además, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que
trabajan con las Personas Sin Hogar (Feantsa) remarca que debajo del
sinhogarismo laten otros factores institucionales como la falta de coordinación
entre servicios o un sistema de ayudas sociales estructurado de forma
inadecuada.
La
trabajadora social e investigadora, profesora de grado y máster en la
Universidad de Complutense de Madrid, Rosa Gómez Trenado y el médico de Familia
y docente en la facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela, Jaime
Barrio Cortés, firman un trabajo de investigación periodística que concluye en
que las personas sin hogar viven casi dos décadas menos. Según su estudio, las
personas sin vivienda ven reducida su esperanza media de vida unos diecisiete
años de vida. También se ha comprobado que presentan entre dos y cincuenta
veces más problemas de salud físicos, además de que las condiciones de vida de
este colectivo dan lugar a numerosas
enfermedades o cronifican las que ya existen.. La enfermedad mental, las
adicciones y las enfermedades infecciosas transmisibles proliferan
especialmente en este colectivo.
El
principal problema detectado es que la mayoría de las personas sin hogar no
acceden a los servicios de atención primaria de salud, no tienen médico de
familia, y normalmente son atendidas a través de los servicios de urgencias
cuando llegan a una situación grave o extrema. A título comparativo, un estudio
irlandés basado en las personas sin hogar de Dublín la reducía aún más: treinta
y seis años para las mujeres y cuarenta y cuatro para los hombres.
Lo
grave del asunto –escriben Gómez y Barrio- es que hay investigaciones que sugieren que, alrededor de una de cada tres muertes
de personas sin hogar, se debió a causas susceptibles de una atención sanitaria
oportuna y eficaz. O sea, que los más pobres viven menos y enferman más.
Concluyen que para que el cáncer no se cebe con las personas sin hogar,
“resulta esencial darles visibilidad en los sistemas públicos”. Su trabajo
finaliza con la siguiente afirmación: “El objetivo final no es otro que
alcanzar la equidad en salud, es decir, que las personas puedan desarrollar su
máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras
circunstancias determinadas por factores sociales”.
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