Registro de viajeros

 

Para hoy estaba prevista una reunión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con representantes del sector turístico, con el fin de desbloquear la tramitación de un real decreto que exigirá a hoteles y viviendas de uso turístico recabar hasta cuarenta y dos datos personales de los viajeros, incluyendo el medio de pago, el número de la tarjeta de crédito y la fecha de caducidad.

La medida, que entraría en vigor el próximo 2 de diciembre, no gusta, hasta el punto de haber recibido un auténtico aluvión de críticas, no solo de los operadores turísticos sino de medios internacionales. Sin embargo, Grande-Marlaska viene defendiendo la norma en cuya valoración, según manifiesta, se ha tenido en cuenta “el derecho a la intimidad, a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos”.

El registro, en realidad, no es nuevo. Lo creó el Real Decreto 933 del 26 de octubre de 2021, pero lo que ha ocurrido es que su entrada en vigor se ha ido demorando o aplazando mientras algunas organizaciones y plataformas hoteleras han concatenado su oposición. Para ese gremio, la norma impone cargas desproporcionadas a los hoteles y establecimientos a la hora de recopilar datos sensibles sobre los turistas, además de generar más carga de trabajo y ralentizar la cadena de atención. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha llegado a asegurar que la norma “es incompatible con la realidad del sector turístico”. Todo dependerá de la reunión de hoy pero fuentes de Interior han adelantando que no habrá más prórrogas y de ahí que el 2 de diciembre se produzca la entrada en vigor definitiva.

Sostiene el ministro Grande-Marlaska que cuando se elaboró el decreto “se estudió, valoró y tuvo en consideración todos los intereses evidentemente en litigio”. Prueba de ello, ha dicho, es que el real decreto pasó todos los controles pertinentes, incluido el del Consejo de Estado, “donde no se hizo ninguna observación” y que la norma no ha sido impugnada. Ha añadido además que en este período de adaptación a la nueva norma su ministerio ha hecho “una labor de coordinación con los ministerios competentes al respecto y también evidentemente con todo lo que es la empresa y los obligados al cumplimiento”.

Como hemos dicho, la norma eleva de 14 a 42 los datos requeridos para los viajeros a la hora de alojarse en hoteles y demás establecimientos turísticos. El bloque que ha suscitado mayores cuestionamientos es el referido a “datos de la transacción”, en el que se deberá diligenciar fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, medio de pago, tipo de tarjeta y número de la tarjeta, IBAN de la cuenta bancaria, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Sobre los viajeros, además de los datos personales básicos, se deberá indicar el parentesco entre ellos, aunque solo en el caso de que alguno sea menor de edad.El problema es de practica. Esos datos deberán escribirse en un documento que posteriormente un empleado/a pasara al sistema informático.Cómo se garantiza el buen uso posterior de dichos documentos, su destrucción… Existe la posibilidad tanto de mal uso por un empleado/a desleal como de un ‘hackeo’ masivo (en teoría bastaría con introducir un virus en el envio desde cualquier establecimiento, real o ficticio). Con todos nuestros datos personales en mano, se puede fácilmente pedir un crédito a nuestro nombre.

A ver en qué concluye este contencioso (sic) sobre el registro de viajeros que en Europa, por cierto, ha acaparado titulares llamativos: “Furia por la ley del Gran Hermano que obligará a los británicos a entregar información sensible cada vez que visiten España”, tituló el ‘Daily Mail’ de Reino Unido el pasado 20 de septiembre; “Las vacaciones en España serán una experiencia de Gran Hermano”, publicó el diario ‘De Telegraaf’, de Países Bajos.