Los
salarios siguen perdiendo capacidad adquisitiva en tanto que la
productividad sigue aumentando. Esta es la conclusión a la que llega
la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.),
Mercedes González, tras analizar los datos del Índice de Precios al
Consumo (IPC) del pasado mes de agosto. Una interpretación de los
mismos confirmaría la consolidación de un modelo social precarizado
y de empeoramiento de las condiciones de vida que, de hecho, supone
un empobrecimiento progresivo de la sociedad.
Los
registros avalan estas apreciaciones del sindicato. En julio pasado,
fueron firmados un millón novecientos veintiocho mil ochocientos
cuarenta contratos, de los que un millón setecientos setenta y seis
mil ochocientos cuarenta y dos son temporales, es decir, el 92,1 %
del total. La temporalidad, pues, característica predominante que
acentúa la precariedad. La escala de la contratación temporal es
significativa: el 26 % tiene una duración de una semana o inferior;
el 14 % tiene una duración superior a la semana y hasta un mes;
entre uno y tres meses, el 17 %; una duración que supera los tres
meses, el 8 %; y el 35 % tiene una duración indeterminada. La
situación, según CC.OO., no ha mejorado con respecto al mismo mes
de 2016, cuando el 92,4 % de los contratos fueron temporales.
Empieza
a verse seriamente cuestionada, entonces, la recuperación en el
empleo de la que habla el Gobierno, algunos de cuyos miembros han
llegado a hablar sin ambages del aumento de salarios, coincidiendo
con las apreciaciones de algunos destacados empresarios. Ello, por
decirlo de una manera simplista, favorecería obtener ganancias de
poder adquisitivo. Claro que el ministro de Economía, Luis de
Guindos, se apresuró a puntualizar y puso el freno: cuidado, porque
si se da por buena la recuperación, es importante mantener la
inflación contenida con tal de que el país no entre nuevamente en
una fase de pérdida de competitividad. El propio ministro no tiene
dobleces a la hora de mostrarse partidario de la contención de los
salarios.
Veremos
cómo evoluciona en otoño la negociación con los agentes sociales,
sobre todo en el sector público. Los sindicatos defenderán un
clásico: si hay riqueza, que el reparto llegue al conjunto de la
sociedad. Que los salarios se sitúen por encima del IPC, gran
objetivo. No será fácil pero acaso es la única prueba de que los
trabajadores noten en sus salarios y los desempleados en el mercado
laboral la bonanza de esa recuperación económica, como quedó de
manifiesto con las estadísticas del pasado mes de agosto. Sin
olvidar, por cierto, que esa precarización predominante en la
contratación comporta altos grados de desprotección.
Mercedes
González, en ese sentido, ha sido contundente: además de empleo de
calidad, es indispensable la seguridad de una renta mínima
garantizada para dar cobertura a las personas que la necesiten. “Más
allá de los discursos -dijo la sindicalista- el Gobierno debe
atender las necesidades de la ciudadanía y demostrar su compromiso
con el país”.
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