En vísperas del estallido de Catalunya, se estarán iniciando
en España unas marchas por las pensiones dignas que se prolongarán hasta el 9
del próximo mes de octubre. En pleno otoño, pues, habrá que medir la respuesta
ciudadana porque el asunto, desde hace unos años, inquieta a millones de
ciudadanos, tanto a los que ya las perciben como a quienes van a engrosar las
clases pasivas. Ya saben: la pérdida del poder adquisitivo.
Ha sido la Unión General de Trabajadores (UGT) la que acaba
de poner el dedo en la llaga: señala en un informe que, desde 2013, las
pensiones han perdido un 3,5 % del poder de compra y que se prolongará esa
tendencia pues los precios soben un 1,6 5 frente al incremento de las pensiones
aprobado para este año cifrado en un 0,25 %. De continuar a ese ritmo, hasta
2022 habrán perdido otro 9,5% de poder de compra.
El estudio de la central sindical apunta que “los
pensionistas se están empobreciendo porque el incremento de las pensiones
fijado por el Gobierno, el mínimo fijado por ley, es totalmente insuficiente”.
Claro: si la subida es de 1,62 euros de media al mes para la pensión más
habitual, que se cifra en torno a los seiscientos cincuenta euros, es evidente
que queda por debajo de la subida de los precios. De ahí, la conclusión: se está
condenando a más de nueve millones de pensionistas “a más pobreza y más
desigualdad”.
La UGT viene insistiendo hace tiempo en la necesidad de
derogar la reforma aplicada en su día por el Gobierno, por entender que
perpetúa la reducción sistemática de las pensiones y condena a los perceptores
a vivir en la pobreza. Desde entonces, cada vez que se da un golpe a la
popularmente conocida como ‘hucha de las pensiones’, los jubilados y
pensionistas sienten una especie de zarpazo, primero porque ya predomina la
idea de la insostenibilidad del sistema; y segundo, porque lo sienten como otro
freno explícito de su incremento. “Somos más pobres, no tengas duda”, decía un
anciano a otro en el curso de un reportaje televisivo emitido recientemente.
La alternativa ugetista, de difícil viabilidad mientras el
ejecutivo no modifique los criterios, consiste en aumentar las pensiones de
acuerdo con la inflación, además de introducir una cláusula de revisión que
garantice el incremento, en caso de desviación al alza de la inflación real
para que los pensionistas no vean disminuido su poder adquisitivo. Tiene razón
UGT pensando en la viabilidad del sistema público y por ello promovió una
Proposición de Ley que terminó siendo aprobada por una mayoría parlamentaria de
ciento setenta y ocho diputados de modo que las pensiones aumenten este año por
encima de los precios.
Próximos Presupuestos Generales del Estado: conoceremos los
cálculos y las respuestas del Gobierno de España.
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