El
cerco se estrecha, el tiempo se agota.
La
semana, coincidiendo con la rentrée política,
igual es decisiva, o al menos, esclarecerá algo el proceso
independentista de Catalunya. Y al revés: lo enrederá más.
Se reúnen, por un lado, el Tribunal
Constitucional (TC), a la espera de la aprobación de la Ley de
Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la
República Catalana, registrada la semana pasada por la CUP y Junts
pel Sí; y, por otro, el Parlament catalán que se saltará todo lo
que haya que saltarse para alterar el orden del día y aprobar la
norma, tras lo cual, inmediatamente después, el president firmará
el decreto de convocatoria de la consulta soberanista.
Formalidades a estas alturas.
La Ley, de pomposa denominación,
sería una especie de disfraz legal. Lógicamente, los promotores del
soberanismo no se van a detener, aunque conduzcan a su pueblo al
abismo o al aislamiento. Que se presente y apruebe la norma -decir
debatirla, lamentablemente, es superfluo- antes de la celebración
del referéndum, sin tener en cuenta el resultado, revela que los
dislates se suceden y cabalgan al galope tendido. Se trata, ni más
ni menos, de un pretexto para acabar imponiendo un modelo político a
todos los catalanes y al conjunto de los españoles.
Y algunos, sin saber todavía si es
válido aplicar un artículo, el 155, de la vigente Constitución.
Igual cuando lo tengan claro ya estará proclamada la República.
Que
nadie se extrañe, entonces, si se habla de un autogolpe
independentista. El catedrático de Derecho Constitucional en la
Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, citaba,
en un enjundioso artículo publicado en El País, al
jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen quien describía que se
produce un golpe de Estado cuando “el orden jurídico de una
comunidad es nulificado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo
orden”. El mismo autor precisaba que, en sentido jurídico, “el
criterio decisivo es que el orden en vigor es reemplazado por un
orden nuevo de forma no prevista por el anterior y la Constitución
es reemplazada por otra nueva que no procede de la reforma de la que
está en vigor”.
Desde el punto de vista teórico, no
hay dudas: estamos ante un autogolpe.
Algunas
breves consideraciones sobre la Ley catalana que, salvo alarde de
cordura, será aprobada. Está avalada por el Partido Demócrata de
Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP. Incluye ochenta y nueve
artículos y se interpreta como el núcleo de la pretendida futura
Constitución de una Cataluña independiente. Faltaría más: otorga
la soberanía nacional al "pueblo de Cataluña" en
exclusiva; dota de doble nacionalidad -catalana y española- a los
ciudadanos; establece la cooficialidad de las dos lenguas; crea su
propia Justicia (quien hizo la Ley, hizo la trrampa);
otorga
inmunidad
al presidente de la pretendida República;
prevé
-como no podía ser de otra manera- la amnistía de quienes fuesen
condenados por participar en la construcción del Estado catalán,
contempla
la expulsión del Ejército
español
(¡fuera invasores!) y que los Mossos tomen el control de puertos y
aeropuertos.
La
conclusión es clara: estamos ante una Ley que va contra una
Constitución. ¿Es eso posible? Más de un jurista, seguro, hablará
de una situación esperpéntica, disparatada; pero eso ya parece
importar poco en la alocada carrera soberanista.
El
cerco se estrecha, el tiempo se agota.
Sigan,
si quieren, con las apelaciones al diálogo. Pero ya no se vislumbran
salidas pactadas. Hay instrumentos y resortes para aplicar soluciones
políticas por parte del Gobierno. Igual es tarde. Somos conscientes
de que en el tablero se libra una contiene delicada y que cada
movimiento exige reflexión y seguridad.
Veremos
si los resultados de esta semana clarifican o enredan tamaño
rompecabezas.
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