Mucho
mérito tienen, desde luego, quienes se concentraron en las dos
capitales canarias el pasado sábado, desafiando a las inclemencias y
la resaca carnavalera, para pedir el fin de la precariedad laboral y
unas condiciones de vida dignas. Convocaba la plataforma No +
precariedad, aglutinante de
entidades cívicas y asociaciones que reivindican derechos y
conquistas sociales en un proceso que durará meses hasta culminar
con una gran marcha en Madrid para cuando el buen tiempo haga acto de
presencia allá a finales de mayo.
Es un 'no' a las políticas
de recortes y austeridad. Se trata de una lucha difícil, sin duda,
pese a algunos anuncios optimistas hechos desde instancias
gubernamentales y empresriales en el sentido de que había llegado la
ahora de incrementar los salarios. Los portavoces de algunas
organizaciones han coincidido a la hora de señalar mientras se han
ampliado las jornadas de trabajo, los derechos se han reducido, en
tanto que las condiciones de vida de jubilados y dependientes se han
visto sensiblemente mermadas.
Para la plataforma social
citada, “la precariedad impide el acceso a una vivienda, a una
sanidad, a una educación digna y a unos servicios públicos de
calidad”. Llega más lejos: “Nos privan de la cultura, del
deporte y el ocio, y atentan contra el medio ambiente y el patrimonio
natural”. Su malestar, entonces, es evidente: hay amplios sectores
de población que no han salido de la crisis. Y lo que es peor: las
determinaciones políticas no terminan de satisfacer. Al contrario,
es como si hubieran empeorado las circunstancias, especialmente las
que afectan al ámbito social. Recordemos que, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el régimen retributivo de los
trabajadores españoles es aún inferior al de principios de la
crisis.
Por eso se sigue hablando
de bajos salarios y de empleos precarios, estacionales y temporales,
hechos que no facilitan la estabilidad y los horizontes personales,
sino un estancamiento y hasta un empobrecimiento de trabajadores y
familias, además de las desigualdades, en algunos casos cada vez más
acentuadas. Las repercusiones en las cuentas de la Seguridad Social y
también sobre el Sistema Público de Pensiones, mientras
prevalezcan tales factores, son evidentes. Algunos datos, en ese
sentido, son reveladores: durante el pasado año, fueron
contabilizadas ciento cincuenta y siete millones de horas ilegales,
en otras palabras, horas que no son compensadas económicamente ni
con descansos y, además, no cotizan a la Seguridad Social que, por
tal razón, dejó de ingresar en 2017 unos dos mil millones de euros.
Se trata, pues, de un caso evidente de fraude laboral.
No
+ precariedad pretende
sensibilizar a la población en la primavera próxima. Su mensaje:
menos parcialidad (especialmente entre las mujeres) y mayor duración
en la contratación laboral, única manera, según la plataforma, de
ir mitigando la precariedad y de superar las brechas de desigualdad.
Claro que para ello se necesitan medidas de otro calado que, de paso,
incidan en los derechos fundamentales de modo que éstos no se vean
amenazados ni desprotegidos. Tiene unos meses por delante para hacer
ver que su malestar tiene fundamentos y no obedece a caprichos ni
coyunturas políticas.
El Gobierno, aunque tiene
otras asignaturas pendientes de resolución, tendrá que responder.
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