Algunos
datos publicados ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Agua,
son, además de reveladores, estremecedores. Veamos:
Unos
mil ochocientos millones de personas utilizan una fuente contaminada
por material fecal. En torno a mil niños mueren diariamente en todo
el mundo a causa de enfermedades vinculadas con el agua. Casi dos mil
cien millones de personas viven sin agua potable. Seiscientos sesenta
y tres millones de personas viven sin suministro de agua potable
cerca de su hogar. El agua no potable y unas obsoletas o inexistentes
infraestructuras sanitarias son la causa de ochocientas cuarenta y
dos mil muertes al año (Fuente: Cruz Roja).
Cuatro
mil quinientos millones de personas (seis de cada diez) no disponen
de un saneamiento seguro. Ciento cincuenta y nueve millones beben,
hoy en día, agua no tratada procedente de aguas de superficie, como
arroyos o lagos. Doscientos sesenta y tres millones tienen que
emplear más de treinta minutos por viaje para proveerse de agua de
fuentes que se encuentran lejos de su hogar. (Fuente: Organización
Mundial de la Salud y Unicef).
Tenerife
necesita invertir unos mil millones de euros para el tratamiento del
agua. De esa cantidad, unos cuatrocientos millones son para
estaciones depuradoras. En estos momentos, se reutilizan anualmente
doce de los sesenta y cuatro hectómetros cúbicos de aguas
residuales que se generan. De este volumen, se recogen treinta y ocho
hectómetros cúbicos, se depuran veinticuatro y se aprovechan solo
doce. Se trabaja actualmente en un Diagnóstico de Propuesta de
Saneamiento para cada municipio. Las balsas de la isla, pese a las
lluvias de los últimos meses, se encuentran al 60 % de su capacidad.
Las sombras de la sequía para el próximo verano siguen apareciendo.
(Fuente: Consejo Insular de Aguas).
Claro
que hay razones para preocuparse. Sin agua, no hay vida; así que
tengamos cordura, hagamos el esfuerzo necesario indispensable para
entender la dimensión del problema a escala mundial, principalmente
en zonas o territorios donde el cambio climático, los procesos de
desertización, la propia explosión demográfica, la escasez de
recursos y la carencia de políticas estructurales y eficientes
impiden una equilibrada disponibilidad y la garantía de su
abastecimiento, además de su sostenibilidad. Naciones Unidas
refrendó en 2010 la condición de Derecho Humano del agua, luego los
poderes públicos han de hacer todo lo que esté a su alcance para
fortalecer su carácter de bien público y garantizar el acceso al
mismo. No hace falta decir que, con los considerandos apuntados, los
riesgos de especulación con el líquido elemento, la degradación de
los ecosistemas, las enfermedades, la mortandad elevada y la
exclusión social son más que evidentes.
Sin
agua, o con restricciones de esta, no hay bienestar. La salud humana
y el medio ambiente se deterioran sin límite. No hablemos de la
inseguridad alimentaria y energética. Por lo tanto, hay que educar e
invertir: educar para un adecuado uso y cuidado de los recursos
hídricos; invertir de modo que las administraciones públicas actúen
en consecuencia, es decir, sabiendo que la planificación y gestión
de tales recursos, en las condiciones naturales y medioambientales
reseñadas, obligan a ser sensibles, implicarse, coordinarse y obrar
con determinaciones prioritarias.
Lo
expresaba el consejero del Cabildo Insular, Manuel Martínez, en un
interesantísimo informe que publicaba ayer en DIARIO DE AVISOS
Jessica Moreno. “Es uno de los
problemas más importantes, por encima incluso de las carreteras,
sobre todo en lo que respecta al cuidado del medio ambiente”, decía
Martínez. Está claro: la movilidad es esencial, en todos los
aspectos; pero mucho más es acceder sin trabas ni problemas, en una
isla donde el turismo es fuente de producción y la agricultura no
puede verse más mermada, al consumo de este Derecho Humano y natural
que figura también como uno de los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU.
El agua, pues, vital. Eso
significa que hay que echar, por encima de todo, cordura.
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