POLÉMICA POLÍTICO-EMPRESARIAL

Polémica pública entre el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, y el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo. El primero quiere “imponer” un mensaje al sector empresarial: “Es el momento de subir salarios y tener un empleo de más calidad”. Izquierdo, como que rechaza esa imposición (“es una gran imprudencia”, la califica), pues interpreta que el incremento retributivo es competencia de los agentes sociales y se decide en el marco de las negociaciones laborales colectivas.

Sin ánimo de terciar en la controversia, a primera vista, el empleo del verbo ‘imponer’ no es muy afortunado: insistir en un mensaje, en una idea, incluso de forma perseverante, parece más apropiado. A valorar si tal declaración, de manera improcedente, descubre una estrategia o tensa aún más las relaciones del presidente de la institución con el empresario y su sector. Alonso, valor político agregado al margen, puede tener razón: la bonanza económica debe repercutir en los asalariados y en las mejores condiciones laborales. De hecho, los primeros síntomas de malestar entre los trabajadores y sus representantes sindicales, en el marco de la economía productiva insular, fueron apreciados cuando las cifras de récord del sector turístico no se veían correspondidas con un mejor régimen retributivo y con la creación de puestos de trabajo, si bien el esfuerzo de la patronal por hacer ver que lo segundo no se ajustaba a la realidad, aportando periódicamente datos estadísticos en sentido contrario, trata de disipar esa idea pues no quiere que se enquiste, obviamente.

Alguien estimará que Alonso hace una declaración para la galería pero es difícil no participar, desde cualquier estamento social, de esa aspiración. De hecho, relevantes dirigentes empresariales del país, tras muchas penurias de quienes perdieron su empleo o vieron mermado su poder adquisitivo, se han manifestado hace meses a favor de la subida de sueldos. Le ha contradicho Izquierdo quien no quiere que los políticos se inmiscuyan en el terreno de las relaciones laborales, con mensajes que igual las distorsionan pues competen a negociaciones bilaterales o sectoriales. La negociación salarial, en efecto, está en otras coordenadas. El presidente de la Fepeco, más que defender el sector, lo que hace es advertir que no son buenas las injerencias y que ya está bien de políticos tratando de contentar al personal con planteamientos como el que nos ocupa.

Y aprovechando que los atascos en las autopistas se dan un día tras otro, en el norte, en el sur y en el área metropolitana, y que las soluciones se demoran para sufrimiento inconmensurable de los usuarios, se produce el turno de alegatos a favor y en contra. El presidente del Cabildo tinerfeño presume de acciones positivas y beneficiosas para la población joven. Pone como ejemplo el programa Barrios por el empleo que tuvo las bendiciones presenciales de la Casa Real y de Su Majestad el Rey. El presidente de la Fepeco, por su lado, alega que en el plazo de tres años, se ha creado empleo de calidad y estable. “La labor de los responsables políticos -reprocha- consiste en que las administraciones públicas funcionen bien, con eficacia y agilidad. Que se elaboren proyectos y se liciten obras urgentes para solucionar los problemas de los ciudadanos”.

Un punto de convergencia se encontró en la polémica: Alonso e Izquierdo coinciden en que se dan condiciones para mejorar el empleo y los salarios ya que ha crecido la productividad. El objetivo es común: es lo que quieren los empresarios pero habrán de negociarlo con los trabajadores. A ver cómo lo desmenuzan, siquiera matizando las imposiciones y las imprudencias. Porque el presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Antonio Garamendi, ya ha anticipado que aunque es necesario un acuerdo marco salarial, la idea de elevar el salario mínimo en convenio a los mil euros, tendrá que esperar.