EJEMPLO Y DIGNIDAD

El tópico era 'otoño caliente', cuando se elevaba el mercurio de las protestas y las reivindicaciones sociales, para apretar lo que se pudiera en vísperas de la tramitación y negociación presupuestaria. Era entonces cuando las calles se poblaban de colectivos que expresaban su malestar, convocados por centrales sindicales y organizaciones de distinto signo, hasta dar razón de ser a la discrepancia y al clamor de la necesidad de mejorar. Hasta ensayos había en esa época para luego desembocar en convocatorias como aquella huelga general del 14 de diciembre de 1988 que arrancaba con el corte de la emisión de Televisión Española para que no hubiera duda alguna de que la cosa iba en serio. De aquel lugar común estacional se ha pasado a la primavera, frenada aún por tormentas y fríos siberianos, pero que acoge en vías y plazas españolas el calor de mayores y pensionistas que se rebelan contra el el incremento anual aprobado por el Gobierno.

Ha sido un ejemplo de dignidad la lucha que parece incipiente. Igual no eran muy conscientes de que iba a ser una batalla larga y dolorosa, sin apreciables resultados -al menos a corto plazo- pero que son determinantes para que las prestaciones ganen poder adquisitivo y mejoren algo las condiciones de vida. Los abuelos, desde luego, están dando una lección, por mucho que sean descalificados y por mucho que se quiera minimizar el impacto de sus eslóganes y de sus pancartas. Tendrán que jugar, como se ha visto, hasta contra las inclemencias pero eso, probablemente, les hará más fuertes y estimularán sus pretensiones. Las generaciones más jóvenes tendrían que fijarse en los valores de este particular activismo. Sorprende, incluso, que organizaciones juveniles no se hayan sumado a respaldar. Pero bueno...

Esta empieza a ser entonces una primavera de movilizaciones, alentadas incluso por manifiestaciones públicas de miembros del Gobierno, cuyo presidente, Mariano Rajoy, habló de la necesidad de ahorrar para complementar las pensiones del futuro. Es tanto como reconocer que las mismas no darán para vivir. Y no eran a humo de pajas tales declaraciones: al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobaba una modificación de la normativa reguladora de los planes de pensiones que, según algunos analistas, se parece más a un producto financiero (más atractivo, si se quiere) que a un plan complementario de la pensión.

Lo cierto es que el encarecimiento del coste de la vida y la merma de las prestaciones, dado que no se actualizan, condicionan hasta límites asfixiantes el desenvolvimiento económico de muchas familias, en las que, por supuesto, se ha resistido -en algunos casos, a todos los efectos- con la aportación de las pensiones de los jubilados, de los abuelos y de los viudos y viudas. Han sido, sin exageración, una verdadera tabla de salvación en los últimos años. Ante las carencias, ante los apremios -incluidos los alimenticios- y los riesgos de exclusión social y laboral, las prestaciones del 'abuelato' han sido decisivas.

Penden muchas incógnitas sobre las pensiones. Y el Gobierno se mueve, porque ha contrastado que la protesta se ha extendido y va a en serio. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha revelado que su departamento trabaja en un “impuesto negativo” para las personas mayores, equivalente al 'cheque bebé' que cobran las madres trabajadoras durante los tres primeros años de vida de sus hijos. También lo hace la oposición, que tensa la cuerda tras la convocatoria de una sesión monográfica en el Congreso anunciada por Rajoy. Reabrir el debate en torno al Pacto de Toledo. La edad de jubilación, el cálculo de la vida laboral, la recuperación de la senda del equilibrio financiero de la Seguridad Social son otras de las dudas para encarar ese debate en el que el ejecutivo se juega lo suyo. El déficit de la Seguridad Social se ha situado al cabo de 2017 en los dieciocho mil ochocientos millones de euros. Pero las cifras importan menos a quienes han dado ejemplo de paciencia y tenacidad: lo que quieren es pensiones dignas. La sostenibilidad del sistema que la procuren los políticos.