España ha
padecido el problema de la corrupción, en nuestra opinión una de
las causas determinantes de la desafección política. Demasiados
casos que, cuando entran en vía judicial, y se conocen resultados de
investigaciones, deposiciones y testimonios, causan sonrojo hasta
elevar sin límites el nivel de obscenidad. En algunas entregas
demoscópicas, la corrupción llegó a ser la primera de las
preocupaciones que embargaban a los ciudadanos. Luego ha ido
fluctuando ante la dimensión de otros asuntos como el desempleo, las
pensiones, la vivienda o la asistencia sanitaria.
Es difícil
luchar contra ella. Se ha intentado, con mecanismos preventivos,
leyes y endurecimiento de penas o sanciones. Pero, como quiera que
sea, sortean tales medidas, la más reciente de las cuales, por
cierto, ha sido adoptada por el Partido Popular (PP), consistente en
fiscalizar el patrimonio de sus cargos y revisarlo cada dos años. Un
órgano del partido velará por el cumplimiento de lo que se disponga
al respecto y sobre otras circunstancias, como por ejemplo, el
régimen de incompatibilidades. La totalidad de la organización,
incluyendo personas que trabajen para ella o para las instituciones
donde gobernase, se verá afectada por la iniciativa, próxima a ser
aprobada. Es un paso, sin duda, seguro que considerado tardío por
muchas personas, y viene a complementar un reglamento interno
disciplinario que consigna la obligatoriedad de denunciar presuntos
delitos por representantes de la formación conservadora, apremiada,
después de todo lo ocurrido, a regenerarse. Es un paso, otro más,
hacia la tolerancia cero tantas veces predicada.
A ver si
tiene una continuidad práctica efectiva porque informes
independientes recientes indican que España es de los países de la
Unión Europea (UE) peor situados cuando se trata de proveer
mecanismos y fórmulas de cobertura legal para la protección de los
denunciantes o alertadores de prácticas corruptas. Uno de esos
informes, elaborado por la ONG internacional Blue
print por free speech y coordinado por la
Fundación Internacional Baltasar Garzón,
concluye que nuestro país no cubrió parte o
alguno de los estándares internacionales que se habían exigido y
que otros veintiún Estados miembros de la UE obtuvieron mejor
puntuación que España, en tanto que más de la mitad de los países
integrantes cumple actualmente, de forma parcial o completa, tres
estándares.
Según los
autores del informe, alertar y denunciar es uno de los caminos más
efectivos para luchar contra la corrupción, de modo que quienes
asuman de forma cabal y consciente esa iniciativa “ayudan a elevar
los estándares éticos en la sociedad (…) por lo que la ley debe
protegerlos tanto en el papel como en la práctica”. Es cuestión
de proponérselo, si es que de verdad se quiere erradicar este mal de
toda la vida pero que ya ha alcanzado niveles insoportables.
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