El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha colado -y no de
rondón, precisamente- en la inefable controversia catalana,
protagonizó en sede parlamentaria (Senado) una intervención poco
lúcida, poco merecedora incluso de los aplausos fáciles que suelen
derivar de respuestas ocurrentes, impregnadas de gracietas o de
contenido chistoso; aptas, en fin, para liquidar alguna situación
incómoda.
Después
de que TVE, siguiendo indicaciones de la dirección, no emitiera el
video en que se escucha un comentario despectivo de la secretaria de
Estado de Comunicación dirigido a los pensionistas que protestaban
ante el presidente del Gobierno, cuando el ministro Montoro es
interrogado al respecto, contestó que podía elegir otro canal.
Claro que sí, pero eludir la cuestión refugiándose en esa libertad
o en la de prensa, resulta bastante discutible y reprobable: a fin de
cuentas, se despacha lo que parece ser un manifiesto acto de censura,
tal es así que la editora de informativos en el centro territorial
de Valencia terminó presentado su dimisión ganándose de paso el
apoyo del Consejo de Informativos de la televisión pública.
Es
natural que hayan afeado al ministro su respuesta, más allá del
tono soberbio que le puedan adjudicar por la misma que revela, una
vez más, el concepto de feudo en el que casi todo es manipulable a
conveniencia, especialmente en el plano informativo. Un concepto que
se da de bruces con los principios que deben regir en un medio
público de información, de modo que resulta tan fácil manejar
hasta terminar abusando de cualquier posición algo destacada en el
ámbito gubernamental. Algo más que sesgo, en definitiva.
No
acaban ahí los males: ya saben que los profesionales quieren que sea
convocado un concurso público y se proceda a la elección de nuevo
presidente de la corporación, pero la situación, políticamente,
está bloqueada. Para que se visualice ese malestar que debe estar
bordeando el desespero, los mismos profesionales vienen apareciendo
con vestimenta negra cada viernes en concentraciones laborales y en
apariciones ante la pantalla. El presidente del Consejo de
Informativos de TVE ha sido muy explícito: “Ahora ya sí
constatamos que el PP tiene un interés real de no hacer nada y
paralizarlo todo”.
Por
si fuera poco, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
(PE), a la que se habían dirigido los representantes de los
trabajadores en demanda de una investigación seria de la presunta
manipulación y censura en los contenidos de los informativos y
algunos programas, ha aprobado solicitar al Gobierno español que, en
efecto, no solo se investigue sino que se examine la situación. Los
eurodiputados del PP, según algunas informaciones, intentaron que el
asunto no fuera tratado en la citada comisión, basándose en las
comparecencias periódicas en los órganos parlamentarios del
presidente de la corporación y en la opinión de que los noticiarios
de TVE son los más vistos y gozan de credibilidad, independencia,
rigor y prestigio. Pero el acuerdo de la Comisión de Peticiones
avanzó en forma de pedir al ejecutivo más información sobre lo que
está ocurriendo y para que se haga cumplir la Ley, lo que en la
práctica significa revolver más las aguas y seguir tensando la
crisis, especialmente en el ámbito interno, a la espera de que se
encuentre una salida y la televisión pública deje de estar
bloqueada y aparecer de luto, como ahora mismo sucede.
“¡Que
todos los partidos lleguen a un acuerdo porque todos los ciudadanos
se merecen una RTVE imparcial y plural!”, circula aún por las
redes en una especie de grito desesperado para despejar el
empantanamiento y los sambenitos que cuelgan, con mayor o menor
justificación. El descontento, el malestar y las dudas siguen
creciendo: es el problema.
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