Nos
empeñamos en hacer las cosas mal, en infringir normativas y así
pasa lo que pasa. Y luego vienen las consecuencias. Y las soluciones
imposibles. Y las apelaciones lastimeras. No importan todas las
informaciones que se publican sobre los daños al litoral y a los
fondos submarinos. No escarmentamos...
En
Adeje y Arona han cerrado unos chiringuitos de playa. Se supone que
la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica,
habrá encontrado razones para hacerlo.
La
Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife (Ashotel), en un respetuoso pero crítico comunicado,
rechaza las formas en que se ha consumado el cierre y lamenta “el
daño generado a los usuarios, privados de esta importante oferta
turística en las playas”. Subraya los “grandes perjuicios”
para una gran cantidad de usuarios. Nada dice, por cierto, de los
riesgos y del impacto que se causa a las zonas de baño ni de la
necesidad de insistir en iniciativas de comunicación para prevenir y
educar; en el civismo, de una vez. Pues claro que hay otra manera de
hacer las cosas.
De
modo que la patronal hotelera, sin olvidarse en su manifestación de
que lo importante es que se cumpla la ley, después de hablar de
insensibilidad turística por parte de “las administraciones
públicas de ámbito estatal” -faltaría más- cree que la solución
estriba en transferir las competencias de Costas a la Comunidad
Autónoma, “para poder regular desde Canarias un aspecto tan
importante de la oferta turística del Archipiélago”. En un
alarde, llega a afirmar que habría que blindar este asunto en el
Estatuto de Autonomía.
En
su derecho está de creer que esa es la alternativa idónea pero es
inevitable, con los antecedentes, que surjan las dudas. Sobre todo,
de fondo. ¿Es que va a haber más sensibilidad, “porque somos de
aquí”. No, hombre, no: lo que procede es que las normativas
específicas sean aplicadas adecuadamente y que funcione, por tanto,
el Estado de derecho. Lo que procede es que el interés general no se
vea condicionado por los intereses particulares. Lo que procede es
respetar el litoral. Lo que procede es que cada cual cumpla con su
deber. Y hacer las correspondientes previsiones, Y de acabar, de una
vez por todas, con tolerancias y provisionalidades, germen de
infracciones, que, a la larga, se vuelven en contra.
Pareciera
que el problema es mucho más grave: la contaminación del litoral.
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