INCLUSIÓN, IGUALDAD

Una sociedad inclusiva. Cada vez que se dan pasos concretos hacia su consecución, solo hay que congratularse. El caso más reciente es el de garantizar que las personas con discapacidad o de diversidad funcional accedan a los servicios y prestaciones de la Administración General del Estado (AGE). Eliminar obstáculos es el gran objetivo, a partir de la promoción de iniciativas y actuaciones que mitiguen, hasta su desaparición, las distintas formas de exclusión.

Porque aún existe esa desventaja para las personas con discapacidad, de modo que les cuesta materializar los derechos recogidos en la Constitución. Entonces, es más difícil hablar de igualdad o de condiciones de vida cuando en el ámbito social o cultural encuentran barreras, especialmente en lo que a cargas burocráticas se refiere.

De ahí que tenga un importante valor el convenio recientemente firmado entre el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, orientado a una finalidad inclusiva, mediante la simplificación de trámites administrativos y hasta la supresión de determinadas barreras burocráticas que también afectan a las familias de ese colectivo.

El CERMI, organización sin fines de lucro, por cierto, engloba a varias entidades de acción sectorial y plataformas autonómicas representativas de personas con discapacidad. Se calcula que aglutina a más de cuatro millones de personas, mujeres y hombres, con discapacidad, un 8,5 % de la población.

El convenio suscrito es un paso sustantivo. De acuerdo con su contenido, antes del 20 de noviembre próximo, el CERMI habrá de entregar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a efectos de su valoración y viabilidad, un informe con los resultados del análisis de las propuestas de reducción de cargas administrativas para este colectivo de personas con discapacidad. La Secretaría de Estado de Función Pública, por su parte, proporcionará el asesoramiento necesario y la asistencia que requieran para ejecutar la simplificación administrativa y con ello reducir las cargas tanto para ciudadanos como para empresas.

De igual forma, se garantizarán las labores de seguimiento, vigilancia, control de ejecución del convenio y se creará una comisión de seguimiento a tal efecto que resolverá los posibles problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

En definitiva, otro paso importante para palpar que el concepto de sociedad inclusiva no es una mera formulación teórica, de la misma manera que la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para el estudio de la discapacidad o la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en situación de Dependencia significaron, en su momento, avances decisivos para que la inclusión impulsara la igualdad.