No
sale bien parado el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en el Informe
sobre Transparencia Canaria (ITC), elaborado por el Comisionado
específico, Daniel Cerdán, al que aludíamos ayer. El gobierno
local debe no haberse tomado en serio esto de la transparencia a
tenor de la calificación obtenida en 2017: 3,21, apenas 87
centésimas más que el año anterior (2,34), una subida ínfima que
sitúa al consistorio en antepenúltima posición de los treinta y
uno evaluados, igualado con Vilaflor y tan solo por delante de Icod
de los Vinos, La Guancha y Tacoronte. Es un suspenso sin paliativos.
Las
referencias que hay que tomar son la nota media ponderada de la isla,
según población, un 7,28 en 2017 frente al 4,26 de 2016; y la media
real interanual, 6,42 frente a 3.71. Ya comentamos que los avances
permiten hablar de una mayor sensibilidad de los gestores públicos
locales, al menos a la hora de valorar la importancia del concepto
transparencia en la política de nuestros días y de su reflejo en el
funcionamiento de las instituciones públicas.
Pero
bueno, viendo las notas del Puerto de la Cruz no se puede decir lo
mismo. Por esta vez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la
oposición, Marcos González, ha tomado la iniciativa y ha sido muy
crítico, sobre todo, a la hora de enfocar la notable dejación que
hace el gobierno (PP+CC) en lo que se refiere a hacer llegar la
información y a su escasísima propensión a facilitar canales de
participación e interactuación.
Desde
luego, si el gobierno local cree que la gente no se entera de estas
cosas, anda equivocado. Vamos a dar por seguro de que es consciente
del extendido malestar (especialmente apreciado en redes sociales) a
cuenta de una gestión deficiente en algunas materias. Colectivos
profesionales se quejan; hay núcleos de población donde la
desatención y los problemas cotidianos se van multiplicando; las
soluciones a algunos de ellos no llegan o se eternizan; la realidad
que se proyecta al exterior no es, desde luego, la más gratificante.
Si
a todo eso se añaden el oscurantismo y el incumplimiento de
obligaciones legales para acreditar los niveles de transparencia de
una gestión, los resultados de esta evaluación ni extrañan ni
hablan a favor del gobierno que, por cierto, termina el mandato y no
se conocerá el contenido del pacto que lo sustenta. Precisamente ese
es el pecado original: por ahí empieza lo contrario a la
transparencia. Si no han sido capaces de manifestar en público en
qué condiciones están gobernando a los portuenses, punto de
partida, qué puede esperarse luego.
Una
somera visita al portal y unos pocos ejemplos para explicar tamaño
suspenso: las últimas informaciones en open data
las encontramos en 2016, a cuenta de las festividades locales. Luego
está el listado de calles. Y después la distribución de la
población según nacionalidades. No hace falta decir mucho más: el
examen no resistiría la prueba del personal, proclive a ser
incorporado como clientela, pese a que la normativa lo prohíbe,
significativamente en las sociedades públicas (Pamarsa):
contrataciones, categorías, destinos, nombres y salarios,
Alcalde
y gobierno deben hacérselo mirar en serio. Y a la oposición le han
servido otra bandeja para fiscalizar con rigor. Esto no es para
tomárselo a broma, sobre todo teniendo en cuenta los avances de
otros consistorios. Las negligencias, el pasotismo y la indolencia no
son de aplicación en las coordenadas de la transparencia. Son unas
calificaciones bajísimas, reveladoras de que la gestión
administrativa no es nada buena. El “seguimos trabajando”
empleado como lema debería estar acompañado de pruebas tangibles de
medidas que sean contrastadas y sometidas al proceso de información
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