DESIGUALDAD

El aumento de millonarios (un patrimonio declarado superior a los treinta millones de euros), por un lado; y el de personas en riesgo de exclusión, por otro; más los fraudes fiscal (unos sesenta mil millones de euros) y laboral (estimado en otros treinta mil) ponen en evidencia la desigualdad social en nuestro país. Cifras y porcentajes lo acreditan. A las citadas debemos añadir que en España se recaudan unos ochenta mil millones de euros menos de los que debería ingresar el Estado con respecto a la media europea. Esos números absolutos de fraude fiscal representan un 25 %, frente al 13 % europeo.

Precisamente, en opinión de los expertos, la disminución de la desigualdad pasa por confluir con Europa en materia fiscal. Claro que no será fácil y todo dependerá del alcance que entrañe un hecho decisivo: la reorganización de la Agencia Tributaria que no solo ha de perseguir el denominado gran fraude sino la evasión de impuestos y la elusión fiscal pues, en los últimos años, apenas se han reducido los tributos en tanto que la recuperación de fraude sigue manteniéndose en torno a los diez mil millones de euros. Desde luego, esa reestructuración es compleja. En la propia Agencia coinciden en que es necesario duplicar la inspección. Y argumentan estos datos: a cada miembro le corresponde supervisar fiscalmente una media de mil habitantes, muy por debajo de los quinientos treinta y cinco en Portugal, de los cuatrocientos veintisiete franceses y los trescientos ochenta y siete en Alemania. La conclusión es que en España hay el doble de fraude mientras existe, más o menos, la mitad de inspectores.

No van a menos en el ámbito laboral. También hablan de duplicar el número de inspectores para acercarse a la media europea: en nuestro país, hay un inspector por cada quince mil trabajadores, en tanto que en el marco de la Unión la media es de un inspector cada siete mil trescientos asalariados. Recordemos que el fraude en este concepto ronda los treinta mil millones de euros.

Pero, ¿qué hacer cuando el pago de impuestos se sigue aceptando como una obligación molesta para la inmensa mayoría de los contribuyentes? Es un pensamiento muy extendido: se paga mucho y no se corresponde igual, no hay ventajas. Habría que modificar la mentalidad y el enfoque extendido entre los ciudadanos cuando han de cumplir con sus obligaciones tributarias. Está probado que los recortes de estos años de crisis también se deben a una menor capacidad de ingresos fiscales, lo que equivale a decir que decrecerían las contracciones y las cantidades del fraude fiscal y laboral serían menores si aumentan tales ingresos. Ahí estriba una de las claves de ese nuevo enfoque. Los nuevos recursos, si se reducen a la mitad los fraudes fiscal y laboral, podrían ascender a cincuenta mil millones de euros. O lo que es igual, además de favorecer la creación de empleo, las partidas presupuestarias en materia de sanidad, dependencia, educación y servicios sociales se incrementarían casi en un 50 %.

El todo es que debería ser un propósito claro acabar con esta desigualdad aún imperante en nuestro país. Si se quiere que bajen los índices de vulnerabilidad y que los desequilibrios dejen de propiciar sectores de población desfavorecida, si se aspira a empleos estables y a mejores coberturas o prestaciones sociales, es indispensable adoptar medidas valientes, eficaces y transparentes que, además de operar en la dirección apuntada, entrañen otra visión de los españoles cuando han de afrontar sus obligaciones fiscales.