viernes, 14 de septiembre de 2018

SANIDAD PÚBLICA

Algo tiene que estar pasando para que la sanidad canaria vuelva a ostentar el dudoso honor de ser la peor considerada en toda España. Y eso viene sucediendo desde hace nueve años, según los datos estadísticos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), contenidos en la decimoquinta entrega del informe titulado “Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas”. Junto a Canarias -con cincuenta y tres puntos sobre cientodieciocho-, Valencia y Catalunya tienen los peores servicios sanitarios, sesenta y tres y sesenta y cinco puntos, respectivamente. Según el vicesecretario de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, lo inquietante es que, pese a existir diez puntos de diferencia, esos puestos tan bajos son los mismos que hace casi una década. O sea, ni siquiera cabe aplicar el dicho “a peor la mejoría”.

Los canarios, a veces, se desesperan con el funcionamiento del sistema. Son frecuentes las noticias sobre las listas de espera y los esfuerzos que se hacen para reducirlas. Como abundan las informaciones sobre intervenciones quirúrgicas señaladas a largo plazo. O sobre la carencia de personal especializado en algunos centros. O sobre la prestación irregular, más o menos prolongada, de algunas unidades de hospitales públicos. O sobre los desequilibrios de financión. Es curioso: nos parece estar escuchando el discurso del doctor Luis Carrasco Casanova, primer candidato socialista a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, allá a finales de los setenta del pasado siglo, cuando ya exponía consideraciones muy similares y relataba testimonios sobrecogedores de enfermos a quienes el prolongado padecimiento mermaba diariamente su existencia en medio de una atención muy limitada. Ahora, todo hay que decirlo, muchas personas que han estado internadas o han sido intervenidas no escatiman elogios a las atenciones recibidas en hospitales de las islas. Así se advirtió el pasado año, cuando el 52 % de la población isleña consideraba que la sanidad funciona bien y casi el 76 % de las personas atendidas la califican de buena o muy buena.

Luego está el eterno debate sobre la sanidad pública versus privada. Sánchez Bayle, afirma que Canarias es una comunidad autónoma “muy privatizada y destina pocos recursos sanitarios”, hechos que acentúan los problemas de gestión, tal como se refleja “en la mayor lista de espera quirúrgica y de consultas externas de todo el país”. En ese sentido, los datos son significativos: la lista de espera quirúrgica tiene un promedio de ciento setenta y días de espera; y la de consultas de especialistas, ciento veintitrés. Cuando se contrastan con los registros del País Vasco, las diferencias hacen fruncir el ceño y remarcar las dudas: cincuenta días a la espera de un quirófano y veintiocho para que un paciente sea atendido por un facultativo especialista de la sanidad pública. No es de extrañar entonces que la población esté bastante satisfecha con estas prestaciones, sobre todo cuando se comprueba que Euzkadi es la comunidad que mayor volumen presupuestario dedica a la sanidad pública.

Por eso, decimos que algo tiene que estar pasando. No es consuelo refugiarse en que las cosas no son mucho mejores en Catalunya, porque allí todos intuimos o conocemos las prioridades de la Generalitat, ni el empeoramiento generalizado del sistema en todas las comunidades desde hace diez años con restricciones que la propia FADSP sitúa entre quince y veinte mil millones de euros. Así las cosas, respetando la iniciativa privada y las soluciones que aporta, todo da a entender que si no hay una apuesta clara y decidida por la sanidad pública, difícilmente mejorará la realidad sanitaria española. Todo dependerá de la voluntad política y del modelo que asuma o afronte cada gobierno con competencias. Es verdad que a lo largo de los últimos tres años se han producido incrementos presupuestarios pero diversas fuentes coinciden en que que no se ha recuperado la situación previa. Eso significa que, en una tónica de aumento de los volúmenes presupuestarios, hay que racionalizar los recursos públicos, además de utilizarlos de una manera más intensa y eficiente.

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