SUBE QUE TE SUBE

La subida de la luz no tiene techo. Y de la misma forma que lo criticamos con el Gobierno anterior, lo hacemos ahora. El recibo del pasado mes de agosto batió un nuevo récord, resultando ser el más elevado desde enero del año 2017, convirtiéndose en la cuarta facturación más alta de la historia: el recibo del usuario medio se elevó a 80,73 euros, casi nueve euros más de los 71,82 de agosto del año pasado. En números relativos, pues, el recibo de la luz se ha encarecido un 12,4 %. Por completar las cifras: el aumento mensual de agosto ha sido del 3,0 %, lo que significa una subida de 2,34 euros respecto al mes de julio.

¿A dónde vamos a parar? La pregunta es inevitable porque, sube que te sube, nada ni nadie parece poder detener esa escalada. Si un día se produjera lo contrario, los consumidores no lo creerían. Ya lo advirtió hace unos años, en abril de 2015, el mismísimo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, al advertir que no había quien entendiera el recibo de la luz y eso dificultaba que los consumidores ejercieran las acciones correspondientes si se sentían perjudicados.

Pero ¿ustedes ven a los consumidores y usuarios articulándose y vertebrándose, tomando la iniciativa, en fin, para pedir una frenada de las tarifas eléctricas, de modo que su repercusión en los recibos periódicos sea la mínima posible? Claro que no: si a la alegría y al desinterés con que nos tomamos estas cosas, que también son las del comer y beber, se unen esas complicaciones apuntadas en un recibo poco menos que un jeroglífico indescifrable, asistimos a un largo desfile de incrementos alentados por la impunidad. Pero si es que ni siquiera hay ánimos ni respuestas para llevar a cabo un apagón preconcertado a escala popular o una cacerolada, vaya, a ver si los responsables gubernamentales y de las eléctricas se arrugan un poco o les levanta un mínimo de rubor y frenan esas subidas.

FACUA Consumidores en acción, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, dedicada desde su fundación, allá a principios los ochenta, a la defensa de los derechos consumidores, comprometida, según su declaración de principios, con las mejoras en la regulación y control de mercados, parece ser la excepción a las dudas manifestadas en párrafos anteriores y ha dejado escuchar su voz, aunque parezca insuficiente: reivindica al actual ejecutivo que intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las difícilmente explicables altas tarifas que mensualmente deben afrontar los usuarios.

Tuvo visión esta organización cuando hace dos años, aproximadamente, promovió la aprobación de una tarifa asequible regulada por el Gobierno, a la que pudieran acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Después, apareció otra petición: una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las propias compañías eléctrica. Y hasta se habló de un tipo impositivo reducido teniendo en cuenta que el eléctrico es un servicio esencial para la sociedad en su conjunto.

Pero poco o ningún caso han hecho. A ver si entendemos que el sistema eléctrico español está integrado por unas pocas empresas y sin libre competencia. O sea, son de una voracidad insaciable mientras las circunstancias las favorezcan, hasta representar un verdadero oligopolio. Solo compiten en las ganancias, en cuentas de resultados que son para asustarse. La manifestación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “es necesario proteger a los colectivos más vulnerables de la subida de la luz”, podría ser un rayo de esperanza pero, ciertamente, con las cifras en la mesa, suena a chiste.