Se
fueron los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) a ver al
Diputado del Común, a presentarle sus quejas por el irrespeto con
que le obsequia el gobierno local del Puerto de la Cruz (PP+CC) al
negarle sistemáticamente el acceso los expedientes administrativos
que se tramitan en el Ayuntamiento; y a solicitarle el amparo
correspondiente, a ver si así pueden desempeñar -se supone que con
más solidez y rigor- el papel de oposición y fiscalización.
Si,
como dicen los ediles de ACP, son unas veinte peticiones las que han
formulado a lo largo del mandato y no han sido atendidas o lo han
sido con notable retraso, pues no es de extrañar que el Ayuntamiento
portuense no haya superado los exámenes de transparencia del
Comisionado canario y haya quedado entre los últimos de la isla,
como ya comentamos en su momento. A los partidos que integran el
gobierno municipal se ve que estos temas le traen sin cuidado. Es
más, hasta es probable que si alguien pregunta a alguno de los
integrantes por esta cuestión, la despachará con una respuesta no
menos insufrible: exceso de tareas, personal insuficiente, hay otras
prioridades... En fin, se trata de acentuar el aislamiento, de
desanimar y hacer más penosa la travesía del desierto.
A
estas alturas, creíamos que estos asuntos estaban bastante
superados, o lo que es igual, ya es un anacronismo el comportamiento
obstruccionista y oscurantista. Con normas que son bastante
explícitas (la Ley de Municipios de Canarias, sin ir más lejos) y
que si están ahí es para ser respetadas y cumplidas, cuesta aceptar
que un miembro de la corporación no pueda ver o examinar un
expediente que se tramita y que si no cuenta con una excepción muy
singular, debe estar accesible, principalmente para el trabajo en
comisiones, órganos y pleno. En efecto, si no recordamos en el
articulado de esa Ley se establece un plazo máximo de cinco días
para que las peticiones de información sean atendidas.
Ya
razonamos de la misma manera (se cumplirán ahora tres años de
aquella entrada) en un caso donde rizaron el rizo: en el Ayuntamiento
de Tazacorte (La Palma), el Grupo Popular, en la oposición,
denunciaba que el alcalde, de Unión Bagañeta (UB), apoyado por
Coalición Canaria (CC), impidiera que los concejales de la formación
conservadora formulasen preguntas en el pleno. Insólito, ¿verdad?
Que
todavía haya modales y decisiones que claramente frenan los derechos
democráticos y el ejercicio de la acción política en una
corporación local, parece increíble. ¿De qué habrán servido
todos los avances legislativos? ¿Y por qué no se tienen en cuenta
tantas sentencias judiciales en las que se salvaguarda la
participación política? ¿Para eso se ha insistido tanto en la
transparencia?
Estas
prácticas, desde luego, no son nada democráticas y resultan
inadmisibles por razones que es innecesario detallar. No habla a
favor de los gobernantes que incurren en ellas, acaso escudándose en
que infringir la norma no va a tener consecuencias posteriores pues
difícilmente pleitearán los perjudicados. Todo lo más: acudirán
al Diputado del Común a ver si éste, con el procedimiento
administrativo preceptivo, les pone la cara colorada y les declara
públicamente su probado obstruccionismo.
Queda
en evidencia, claro, la posible vulneración de los derechos de
participación política y hasta el libre ejercicio del cargo público
que legítimamente ostentan. No extraña que los ediles de ACP, por
tanto, hablen de abuso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario