Una
seguidora habitual de este blog se preguntaba ayer, en relación con
el contenido de la última entrada, si no resultaba raro que el
Ayuntamiento tuviera que contratar una empresa para abrir y cerrar
las puertas del Castillo San Felipe, uno de los recintos principales
donde desarrollar la actividad cultural del Puerto de la Cruz. “Para
mí -decía- lo criticable es que la corporación tenga que llegar a
eso”.
No
le falta razón, aunque se pudiera justificar la medida con el
razonamiento de que el área del que depende no dispone de personal
laboral suficiente para acometer esas tareas y algunas que otras
prestaciones, por lo que recurren a servicios externos, se supone que
lo más especializados posible, dada la naturaleza de las actividades
que allí se llevan a cabo.
Pero
llama la atención, desde luego, que el Ayuntamiento no afronte con
recursos humanos propios la apertura, cierre y mantenimiento de sus
instalaciones culturales. El Ayuntamiento arrastra, desde hace años,
una fama -a veces injusta- de plantilla sobredimensionada, con exceso
de efectivos. Bajo el criterio de no aumentar el Capítulo 1 de
presupuestos, relativo a gastos de personal, ni siquiera se cubren
las bajas por jubilación o por otras causas. (Por cierto, tomen
nota: en el próximo mandato se jubilará el 50 % de la plantilla
actual de funcionarios y laborales). Si esta medida no va acompañada
de los reajustes correspondientes y de la reconversión de plazas, el
déficit va engrosando. Y hasta las provisionalidades (sustituciones
temporales, por ejemplo) terminan complicándose, sobre todo si otras
áreas u otros servicios se ven afectados y desprovistos. Aumentan
también los riesgos del clientelismo, aunque parecen más proclives
para otros centros de producción o para una empresa pública (Otro
dato: es probable que, ahora mismo, Pamarsa tenga más empleados que
el Ayuntamiento).
La
solución estriba, entonces, en una Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) que, con criterios racionales y operativos, debe no solo contar
con previsiones y necesidades sino con disposiciones estables a medio
y largo plazo. Es difícil redondear una RPT satisfactoria pero hay
empresas especializadas en su elaboración, orientada al mejor
rendimiento y a la mejor productividad, basada en las prestaciones
más útiles y eficaces, una vez analizados con exhaustividad todos
los recursos disponibles... y los necesarios para cuya provisión
vendrían luego los procedimientos legales correspondientes. Luego
hay que negociar, claro, con la propia empresa y con los órganos de
representación de los empleados públicos. Igual son complejos los
trámites y los resultados, pero hay que intentarlo porque es lo
racional y lo procedente. Saber qué se tiene y qué se quiere,
departamento por departamento y trabajador por trabajador. Eso,
teóricamente, evitaría vacíos y situaciones indeseadas que la
población no entendería y son propensas a toda suerte de críticas.
La
experiencia en este mandato del Castillo San Felipe debe servir de
base para dar un paso a favor de esa solución. Se dirá que ahora no
es el momento político oportuno. Muy bien: a ver quién al menos se
atreve a incluirlo en los futuros programas electorales. ¿O es que
ya no hay de éstos?
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