La lucha contra la desinformación continúa. Ya hemos dicho que ese hecho requiere motivación y constancia, que no se agota en una serie de artículos reportajes sino que precisa de compromiso y actitud de los propios periodistas y de la firmeza con que las empresas editoras se tomen el fenómeno que, por supuesto, daña al periodismo y a la propia democracia.
La Unión Europea (UE) ya ha mostrado su
predisposición para afrontar este fenómeno y ha tomado iniciativas para luchar
contra la desinformación que trata de modificar comportamientos sociales
sesgando y polarizando a la opinión pública en determinados asuntos, como se ha
podido probar en América, Reino Unido y otros escenarios de convocatorias
electorales, como fue la poco célebre del ‘brexit’. La UE quiere que la
sociedad civil se implique en las acciones que lleve a cabo.
En nuestro país, el departamento de
Seguridad Nacional puso en marcha un foro
informal con participación de sectores relacionados con la desinformación,
desde el mundo de la comunicación audiovisual a las organizaciones de
periodistas, pasando por los principales verificadores privados y públicos de
las llamadas noticias falsas. Ahora, el Gobierno avanza con un paso más y, como
ha confirmado el diario digital infoLibre da estabilidad a esa mesa de
trabajo mediante una decisión adoptada en el Consejo de Ministros del pasado
martes por la que se acaba de crear un foro
estable contra las campañas de desinformación en al ámbito
de la Seguridad Nacional. Un espacio destinado a canalizar la colaboración
público-privada y a través del cual plantear iniciativas “para fomentar el
conocimiento de la amenaza de las campañas de desinformación y la realización
de actividades conjuntas y participativas”. El foro ha quedado adscrito al
Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Es decir, el
sector de la comunicación audiovisual, periodistas, grupos de verificación,
publicistas, universidades, consumidores y expertos tendrán voz en un espacio
de discusión adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. El
Ejecutivo quiere apoyarse en este foro para promover y elaborar estudios e
iniciativas que permitan aumentar el conocimiento y la sensibilización de la
sociedad acerca de los riesgos y amenazas de la desinformación.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia
subrayaron al citado digital que el Gobierno de España está en este
asunto “perfectamente alineado con la Comisión Europea (CE)”. En
opinión del Ejecutivo, ”lo mejor es ir de la mano de los expertos que conocen
el sector, de ahí la composición del grupo”, a la que nos referiremos más
adelante.
El Gobierno quiere que el foro, que tomará
sus decisiones por mayoría de dos tercios pero que aún no ha comenzado a trabajar, le ayude a
promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan, directa o
indirectamente, aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad
acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación
susceptibles de comprometer la Seguridad Nacional, así como sobre el esfuerzo
de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la
corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis,
reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas.
¿Quiénes componen este foro que se
avecina? Dando por buena la información de infolibre, en la nueva
entidad tendrán asiento seis representantes de la
administración y diez de la sociedad civil bajo la presidencia del
responsable del Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de
Comunicación de Moncloa nombrará un vicepresidente y habrá vocales en
representación de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Defensa, Interior y Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La parte de la sociedad civil representará
a las asociaciones del sector de la comunicación audiovisual, a las asociaciones de periodistas, a propuesta
de la que tenga “mayor representación a nivel nacional”, y de las
organizaciones independientes de verificación —también a propuesta de la
asociación de periodistas que el Gobierno decida que tiene “mayor
representación a nivel nacional”.
También tendrán asiento las universidades,
el sector industrial digital, los publicistas, el Consejo de
Consumidores y Usuarios y varios expertos: uno
en inteligencia artificial, a propuesta del CSIC, otro en análisis
sociopolítico a iniciativa del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
y un tercero con conocimientos en análisis estratégico en materia de seguridad
nacional que será designado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
El foro podrá crear grupos de trabajo con
el objetivo de llevar a cabo el estudio y análisis de temas específicos a los
que se podrán incorporar, a su vez, expertos en la materia.
Fernando Varela publica en infolibre, que
en lo que popularmente se conoce como fake
news o noticias falsas, el Gobierno entiende lo mismo que la Unión
Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se
crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para
engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un
perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa
sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.
Varela enfatiza: “De hecho, la iniciativa
española no es más que una trasposición de las recomendaciones de la Unión
Europea para luchar contra la desinformación, cuyo origen se remonta a 2018,
cuando encargó a los Estados miembros la creación de “un sistema de alerta
rápida para avisar instantáneamente sobre campañas de desinformación a
través de una infraestructura tecnológica específica”. Respetando
“estrictamente la libertad de expresión” e incluyendo “controles preventivos
que eviten su uso indebido” para, por ejemplo, censurar “contenidos críticos,
satíricos, discrepantes o escandalosos”.
Fernando Varela habla también de adoptar
medidas “para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que
suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación” que
sirvan también para fomentar “la educación y de
la alfabetización mediática”, así como a apoyar “un periodismo de
calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática”. Pero también
para desarrollar “actividades de difusión adecuadas” capaces de “contrarrestar
las falsas narrativas”.
En fin, primeros pasos serios y concretos
para que el ejecutivo se apoye en un foro que promueva y elabore estudios e iniciativas
que favorezcan el aumento del conocimiento y la sensibilización de la
sociedad acerca de los riesgos y amenazas de la desinformación.
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