Todo da a entender que los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz serán uno solo en el futuro. Desde hace años se viene insistiendo en esta idea que ha ido cobrando cuerpo a lo largo de la presente legislatura o del presente mandato, que para eso también se han movido las corporaciones locales con mociones y acuerdos.
Una reciente reunión del consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio
Pérez, con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha servido
para ir perfilando esta medida estructural de unificación que tiene apoyos de
todos lados, lo cual, en teoría, favorecería su implantación.
La propuesta, como ya hemos comentado en
anteriores entradas, consiste en promover ante el
Ministerio de Justicia la modificación de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, al objeto de unificar los partidos judiciales de La Orotava y Puerto
de la Cruz. En la actualidad, el partido judicial de la Orotava, que abarca un
total de seis municipios –La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo,
Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla–, está integrado
por cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 tiene asumida, además, la competencia de
violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.
Por su parte, el partido judicial de Puerto de la Cruz, que cuenta
con un solo municipio, el que le da nombre y constituido conforme a su carácter
turístico, se compone de tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El
número 3 tiene asumida la competencia de violencia sobre la mujer de forma
exclusiva pero no excluyente.
La conveniencia de unificar ambos partidos judiciales, iniciativa
promovida por los decanos de ambos partidos y que cuenta con el amplio respaldo
de los operadores jurídicos públicos y privados, resulta de numerosas razones,
según ha explicado Julio Pérez. Entre ellas, los beneficios logísticos y
económicos que se derivarían de concentrar en un mismo edificio judicial los
cuatro edificios existentes actualmente, y cuyas sedes se sitúan a siete
kilómetros de distancia; optimizar la prestación de los servicios policiales;
mejorar la tramitación procesal de los procedimientos judiciales y la posibilidad
de constituir un juzgado exclusivo de Violencia de Género, que abarcaría la
mayor parte del norte de la isla de Tenerife, necesario por el volumen de
asuntos de esta naturaleza que proliferan en ambos partidos judiciales, y la
posibilidad de una atención más adecuada y especializada a las víctimas de los
delitos ubicados en dicho ámbito.
El consejero Pérez detalló que el
Estatuto de Autonomía de Canarias dispone en el artículo 91, en relación con la
demarcación y planta judiciales, que “el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de
Canarias, podrá proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión
de la demarcación y la planta judiciales en Canarias. Esta propuesta, que es
preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las
Cortes Generales. Igualmente, informará sobre la delimitación de las
demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, así como de su
capitalidad, en los términos establecidos en la legislación del Estado”.
Asimismo, Pérez ha advertido, no obstante, de que, teniendo en
cuenta la legislación reseñada, al objeto de concretar el procedimiento a
seguir y los trámites necesarios para concretar la propuesta de unificación o
fusión planteada, esta no implica la creación en sentido estricto de un partido
judicial, sino la supresión de un partido judicial y la consiguiente ampliación
de la circunscripción territorial de otro partido judicial que ya tiene fijada
su capitalidad en el municipio de La Orotava, del que adopta su denominación.
Por ello, en aras de la agilidad y economía procesal, bastaría la
modificación del anexo I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de Relación
de términos municipales agrupados por partidos judiciales. Los primeros pasos
están dados y el objetivo parece más cercano: lograr que la Administración de
Justicia sea un servicio público más accesible y ágil a través de estructuras
organizativas, más flexible, eficientes e innovadoras.
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