“La mejor ley de prensa es la que no existe”, solía repetir el periodista Leopoldo Fernández, tantos años vinculado a esta casa y a la agencia Europa Press, cada vez que había ocasión de debatir sobre los límites a la libertad de expresión y otras cuestiones relativas a las dificultades de los periodistas en su ejercicio profesional. Pero entonces no había redes sociales y los usos sociales en cuanto al empleo del lenguaje en medios eran muy distintos a los actuales y no se caracterizaban precisamente por el uso de insultos, descalificaciones, falacias y palabras soeces. Las cosas han cambiado y parece que empeoran, aún cuando haya que echar la culpa al giro o a la costumbre que se ha instaurado a la hora de informar o de meterse en debates y cotejar criterios. Si no va “cargado de bombo”, parece que no atrae o interesa menos.
Por eso, entre otras causas, habrá
que estar atentos a lo que se decida con un futuro Reglamento de Libertad de
Medios de Información que promueve la Comisión Europea (CE). La controversia ya
está servida. En España, concretamente, la Asociación de Medios de Información
(AMI), que agrupa a más de ochenta cabeceras nacionales y regionales, se ha
apresurado a exigir públicamente respeto a la independencia editorial de los
medios de comunicación en el espíritu y la letra del citado Reglamento. Y es
que las entidades o grupos editoriales pertenecientes a la AMI advierten que
algunas de las medidas consignadas en el texto reglamentario “pueden poner en
cuestión la libertad de prensa” y califican de “insuficientes” las medidas
previstas para protegerles frente a las grandes plataformas digitales.
Para esta asociación, precisamente,
la distribución de los contenidos informativos a través de dichas plataformas
debe estar mejor protegida “porque la norma solo obliga a estas compañías a
notificar sus decisiones de retirada”. Y pone como ejemplo que informaciones como las que cuentan conflictos
bélicos, aunque «no generan ‘likes’ ni emoticonos sonrientes en las redes
sociales», sí «contribuyen de una manera decisiva a la formación de la
conciencia y el juicio crítico de los ciudadanos» y los medios deberían poder
distribuirlas «con libertad y sin temor a la censura de las plataformas».
Asimismo, los medios asociados en la
AMI expresan, en un comunicado, su «profundo rechazo» a otra medida que «limita
la labor del editor
al mero establecimiento
de líneas generales editoriales». A su juicio, no hay
razón para que el Reglamento establezca limitaciones que conlleven una
injerencia en la propiedad privada ni en el funcionamiento y organización de
los medios. En consecuencia, rechazan la limitación de que “la actuación del
editor deba constreñirse a la mera indicación de una línea editorial general.
Esta limitación pone en cuestión la libertad de prensa así como la libertad de
inversión y de empresa». El editor, recuerda la nota, «es el único sujeto
responsable a nivel moral, jurídico, financiero y político respecto de los
contenidos que sus medios publican».
Otro punto conflictivo de esta pretendida
norma comunitaria es el que persigue facilitar la pluralidad de los medios de
información dificultando la absorción de medios. A juicio de
la asociación, «las operaciones de concentración son un mecanismo de
resiliencia cuando el mercado no permite a los diferentes actores mantenerse en
solitario». Y «solo facilitando la concentración de los medios de información
se estará asegurando la perdurabilidad de muchos medios de comunicación». En
ese sentido, y para garantizar la sostenibilidad de los medios locales, la AMI
señala que usar rankings a la hora de determinar los criterios de distribución
de publicidad institucional puede privarles «de unos
ingresos que les son necesarios».
Los editores españoles sí comparten
otros artículos del proyecto, como la necesidad de proteger a los periodistas
frente a toda injerencia. En su nota, la
AMI subraya que la competencia
sobre política general de prensa y medios de información corresponde,
en todo caso, a las autoridades
nacionales: “No existe justificación alguna para armonizar la legislación a
nivel comunitario, ni mucho menos para poner a la prensa bajo la supervisión de
un 'Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación'”.
Habrá que aguardar la posición de la
Comisión Europea pues lo que se persigue es que este Reglamento de Libertad de
Medios “garantice la adecuada sostenibilidad de la prensa y el acceso libre de
los ciudadanos a las informaciones producidas por los medios”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario