Protección de las fuentes

 

La periodista francesa Ariana Lavrilleux, adscrita a un medio de investigación, Disclose, detenida en septiembre del pasado año, acudió el viernes ante un tribunal de París, en el marco de un proceso judicial por su investigación sobre una operación militar secreta de Francia en Egipto que supuestamente fue mal utilizada por el país árabe para ejecutar a civiles. La organización Reporteros sin Fronteras y ciento diez organizaciones más enviaron una solicitud al gobierno francés para que se garantice la protección de las fuentes periodísticas.

El caso de Lavrilleux, quien finalmente no fue acusada sino puesta bajo la condición de “testigo asistido”, ha despertado una notable controversia debido a que se suma a por lo menos veintisiete periodistas que han sido citados o detenidos en los últimos quince años en Francia. 

Aunque el secreto de las fuentes está protegido en el país galo desde el 2010, a través de la denominada Ley DATI, los organizaciones consideran que esta normativa debe ser actualizada. Por ello, expusieron en su carta cinco recomendaciones, entre las que destacamos:

-Limitar las posibilidades de levantar el secreto de las fuentes. 

-Proponen que se actualice la ley francesa con el fin de restringir y aclarar las condiciones que permiten levantar el secreto de las fuentes, específicamente aquellas en las que se hacen excepciones por motivos “de interés público superior”. 

-Autorización previa de un juez.

Antes de poder adoptar cualquier medida policial o judicial contra un periodista, como realizar registros u ordenar su geolocalización, debería existir una autorización previa de un juez independiente. 

-Ampliar el alcance de la protección de fuentes.

Esto, para que la protección del secreto de fuentes no solo se aplique a los periodistas sino también a otros profesionales, como a los autores de trabajos de investigación y documentalistas. 

-Posibilitar la anulación de medidas judiciales. 

Solicitan que se permita que los periodistas que no estén directamente implicados en investigaciones en las que se revelen sus fuentes puedan pedir la anulación de medidas policiales o judiciales que infrinjan el secreto de fuentes.

-Penalizar la violación de la confidencialidad de fuentes.

Las organizaciones plantean crear un delito que castigue la violación del secreto de fuentes, como sucede con el secreto de los abogados y los médicos.