Se
habla, de vez en cuando, de cualificar la democracia, de superar sus
imperfecciones, que las tiene. Hacia la igualdad en la democracia,
sería la síntesis, sobre todo desde el punto de vista de la
participación. O desde cualquier ángulo que favorezca la
integración y la identificación con el sistema y mitigar la
desafección política que nos embarga, con tantas penalidades.
Ha
sido la Asamblea de Madrid la que acaba de dar un paso muy positivo
con una Proposición de Ley orientada a la reforma de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General (LOREG) que el pleno del Congreso de
los Diputados ha aprobado, por práctica unanimidad, tomar en
consideración. Se trata de suprimir parcialmente el artículo 3, en
donde se establece que carecen de derecho de sufragio “los
declarados incapaces de en virtud de sentencia judicial firme,
siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el
ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un
hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período
que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez
declara expresamente la incapacidad para el derecho del ejercicio de
sufragio”.
El
texto de la Proposición aprobada incluye una Disposición Adicional
que recoge lo siguiente: “Las personas a las que les hubiere
limitado o anulado su derecho al sufragio por razón de discapacidad,
quedan reintegradas plenamente en el mismo por el ministerio de la
ley”.
Todo
da a entender, pues, que a partir de ahora las restricciones del
derecho a voto serán en casos muy excepcionales. La demanda se ha
venido acentuando a lo largo de los últimos años. El Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que
llegó a plantear las restricciones como una violación palmaria de
los derechos humanos de las personas con discapacidad, ha insistido
hasta lograr este indudable avance. En España, según se ha sabido
en el curso del debate parlamentario, se contabilizan casi cien mil
sentencias condicionado o limitando el ejercicio del derecho de
sufragio. Es natural que, con esa cifra, afloren dudas como las
planteó muy bien el diputado del Partido Popular, Alfonso Serrano,
quien se pregunta si es viable que desaparezcan tantas resoluciones
judiciales con una reforma de la LOREG. “Son necesarias otras
reformas para garantizar algo en lo que podemos estar todos de
acuerdo”, dijo Serrano para quien las dificultades son salvables,
siempre que exista voluntad política. En Catalunya, próxima cita
electoral, más de quince mil personas se verían beneficiadas de
esta decisión.
Por
su parte, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell, plenamente
identificado con el espíritu de la iniciativa, estimó que es de
derecho y de justicia apoyarla para que el Tercer Sector se sienta
representado de verdad. En este aspecto, la opinión más rotunda y
más clara ha sido la de la diputada de Unidos Podemos, Teresa
Arévalo: “Hoy en día, hay concejalas con síndrome de Down que no
han podido ser votadas por personas con este síndrome… Una
paradoja que solo se explica en los prejuicios existentes”.
En
fin, un largo proceso y una sustanciosa conquista. Hacia la igualdad
en democracia. Como tiene que ser. Y con todos de de acuerdo.
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