Algunos alcaldes y
gobiernos locales canarios han alardeado durante las últimas semanas
de haciendas saneadas o de haber liquidado por anticipado operaciones
crediticias. Sobre el papel, se trata de un panorama más desahogado:
los munícipes han aplicado lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013
y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera de 2016.
El objetivo de la
estabilidad presupuestaria resultaba tan básico como primordial: es
la pauta que fija que las administraciones públicas deban cerrar de
forma equilibrada sus finanzas a lo largo de un período de tiempo,
sea un año o en más, pudiendo registrar superávit (más ingresos
que gastos) pero nunca déficit (más gastos que ingresos).
En este sentido, los
datos que maneja la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) sobre el déficit público son significativos: las
administraciones públicas, en su conjunto, lograban situarlo, tras
los ocho primeros meses de este año, en en el 2,15 % del Producto
Interior Bruto (PIB), esto es, un apreciable descenso con respecto a
los valores del pasado año. Ello supuso, en un marco de reducción
de déficit, que las corporaciones locales se comportaran con
solvencia al producir un superávit creciente que se situó en el
0,16 % del PIB, esto es, 0,06 puntos porcentuales más que en 2016.
Este incremento significó, en números absolutos, mil ochocientos
setenta y cuatro millones de euros, un 60,3 % más que la cifra
alcanzada en el segundo trimestre de 2016.
Más datos: la
administración local cierra ejercicios con superávit desde 2012,
cuando contabilizó tres mil trescientos millones de euros, un 0,32 %
del PIB. En 2015, la cantidad se duplicaba hasta los seis mil
ochocientos cuarenta y siete millones de euros, un 0,61 % del PIB.
Sumadas las cuentas, el balance local a lo largo de estos años
aportó a las cuentas del Estado un saldo positivo de casi veintiséis
mil millones de euros.
Si los ciudadanos se
preguntan en qué les afecta este concepto, la estabilidad
presupuestaria, hay que decir que, en teoría, la misma favorece la
prolongación de la bonanza económica, con lo que su repercusión en
el crecimiento del PIB, en la generación de inversiones y en el
empleo es mayor.
Todo da a entender,
al menos con las cifras sobre la mesa, que los responsables
municipales se han concienciado, han cumplido lo dispuesto en las
normativas reguladoras y han gestionado mejor los recursos públicos
a su alcance. Es conveniente saber si esta evolución positiva ha
permitido eliminar el denominado déficit estructural que durante
años se enquistó en no pocas entidades locales, consecuencia del
aumento de los gastos de ese tipo, y se ha mantenido incluso en los
ciclos expansivos de la economía. Los expertos señalan que tal
déficit solo se suprime con reformas estructurales y ahí habría
que comprobar, dada la diversidad casuística, si las entidades
locales afectadas han establecido las medidas adecuadas para
liberarse y despejar aún más el horizonte.
No olvidemos que, al
cierre del segundo trimestre del presente año, la deuda de la
Administración Local en nuestro país, se elevó a treinta y dos mil
cuatrocientos doce millones de euros, casi tres mil millones menos
que en el mismo período de 2016. En el conjunto de las
administraciones la deuda de los ayuntamientos supone un 2,84 %.
Atentos: queda por hacer y se avecinan años electorales. A ver si el
despilfarro y el gasto por el gasto vuelven a alejar los objetivos de
la estabilidad.
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