Dice el vicepresidente
del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR), Francisco Caamaño, quien
fuera ministro de Justicia, fundador y también primer director de la Fundación Democracia
y Gobierno Local, que “los ayuntamientos prestan un amplísimo abanico de
servicios con unos niveles de satisfacción y de calidad razonables”. Los
municipalistas deben haber recibido el mensaje estimulados para proseguir su
trabajo, a sabiendas de que amplios sectores de la ciudadanía, en cualquier
localidad, siguen cuestionando muchas prestaciones. Y lo que es peor: continúan
quejándose -a menudo con razón- de la falta de mantenimiento para que las
ciudades y los pueblos luzcan y para que sus habitantes perciban que sus
impuestos están bien empleados o redistribuidos. Y para que la calidad de vida,
en fin, sea lo que prepondere.
¿Cómo se mide ese
grado de satisfacción? Pues OSUR y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) preparan ya la segunda gran encuesta anual con la que
auscultar los índices y la evolución de la valoración ciudadana de los
servicios públicos municipales, en su condición de usuarios y contribuyentes.
El presidente de OSUR
es Ramón Tamames quien ha afirmado que “para los gobiernos locales de gran
utilidad contar con un recurso que permite conocer, como en otros países, la
calidad de los servicios desde la perspectiva de los usuarios”. El Observatorio
ha puesto a disposición de la FEMP los resultados de la primera encuesta con el
fin de contrastar tanto la metodología como los resultados. Se quiere que la
Federación haga sus aportaciones, de modo que la nueva entrega resulte más
completa. Por ejemplo, se quiere aumentar el número de ciudades evaluadas y
mejorar la representatividad de algunas provincias. De esa manera, será posible
comparar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados por distintos
operadores y ayudar a los ayuntamientos en sus valoraciones.
Calidad, eficacia y
agilidad. Estas tres parecen ser las cualidades esenciales de los servicios
públicos que han de prestar las administraciones locales. No es fácil
alcanzarlas. Pero los gobiernos deben intentarlo pues los ciudadanos se
percatan cada vez más de lo que funciona bien y no tan bien, independientemente
de la incidencia en sus propias condiciones de vida. Los ciudadanos, además,
exigen con razón que tales servicios den respuesta a sus demandas y
necesidades. Se nota en tanto en las quejas y denuncias como en las
apreciaciones favorables que insertan, sobre todo, en redes sociales.
Otra cosa es el camino
de esa tríada de factores. Recorrerlo con la actual regulación normativa de
procedimiento y control no resulta sencillo. Pero hay que cumplirla. El propio
Caamaño reconoce el impacto que, en todo caso, debería favorecer la gestión de
los servicios públicos pues contribuiría a palpar y reafirmar la autonomía
local.
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