En
el mercado de trabajo español, durante el primer trimestre del
presente año, estaban registradas 19,7 millones de personas
asalariadas. Basándose en datos y recetas que aparecen en el último
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el ex director de El País, Joaquín
Estefanía, escribe que “en España se crea empleo pero es de una
calidad ínfima y mal pagado, hasta el punto de que el nivel de
seguridad en el trabajo es el segundo más bajo de los treinta y
cinco países más ricos del mundo”. Estefanía, que de esto sabe
un rato, califica a la OCDE de 'bombero pirómano', tras interpretar
que, pese a las anteriores consideraciones, la organización
intergubernamental cree que hay que persistir en la reforma laboral
del Partido Popular del año 2012, de modo que hay que
profundizar en la misma, abaratando aún más los costes del despido.
Estas
apreciaciones son constatadas en la investigación hecha por el
economista y diputado gallego Manuel Lago, quien concluye que solo el
47,5 % de las personas afiliadas al régimen general de la Seguridad
Social tiene un contrato definido a tiempo completo. Si una de cada
dos personas asalariadas en nuestro país es precaria, se demuestra
que esta característica es un mal estructural y un elemento
principal del mercado de trabajo nacional. En efecto, remitiéndose a
datos de la Seguridad Social, consignados en el último informe del
pasado mes de junio, aparece ese porcentaje del régimen general que,
excluidos agrarios y empleados de hogar, es el que tendría un
contrato indefinido a tiempo completo. Por consiguiente, el 52,5 %
restante tiene una relación contractual precaria, ya sea por
contratación temporal o porque trabaja a tiempo parcial.
Si a los
registros señalados se añaden los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), la precariedad es aún más evidente. La tasa de
temporalidad es del 26 %; la de parcialidad, del 15 % y la de paro se
eleva al 17 %.
La
investigación de Lago permite contrastar que, en los primeros meses
de 2018, eran unos diez millones de españoles quienes tenían un
contrato indefinido y a tiempo completo. En otras palabras, el
segmento del empleo estable apenas llega al 51 %. El resto de
asalariados, unos 9,7 millones de hombres y mujeres, son precarios.
Aquí, hay que particularizar en el sentido de que la categoría más
numerosa está formada por más de cuatro millones de personas “que
viven sometidas a la incertidumbre de la renovación o no de un
contrato temporal”. Claro que la temporalidad no es el único
soporte de la precariedad pues también están condicionadas por tal
circunstancia 1,7 millones de personas (la mayoría, mujeres) que
trabajan por horas o son fijas/discontinuas. A tener en cuenta
también que hay un amplísimo colectivo, unos 3,8 millones de
personas, que bascula entre el desempleo y el trabajo precario,
moviéndose pues entre bajos salarios y un deficiente sistema de
protección o cobertura cuando están en paro.
Es evidente:
hay que combatir esa precariedad, que afecta, sobre todo, a mujeres y
jóvenes. Claro que ello pasa, posiblemente, por una modificación
sustancial del modelo de relaciones laborales instaurado desde hace
años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario