Se
las prometen felices en el municipalismo tras la receptividad
encontrada por Abel Caballero, presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), y el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, no solo a título personal e institucional sino en el
ámbito de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
Asignaturas pendientes de difícil aprobación, como son la Regla de
gasto y el destino del superávit registrado por las corporaciones
locales, parece que han encontrado voluntad política e impulso con
el fin de ser superadas.
Así,
habrá que estar pendientes de los próximos Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para comprobar si recogen los cambios que pretenden
los municipalistas, basados en la buena gestión de los ayuntamientos
que cumplieron en general, aceptablemente, las exigencias del
anterior gobierno de la Nación. Se trata, en efecto, de flexibilizar
la aplicación de la Regla de gasto.
También
interesa, y mucho, qué hacer con el superávit de los ayuntamientos
que lo han contabilizado. Igualmente, es cuestión de presupuestos.
La FEMP aspiraba a garantizar la continuidad de su destinación como
inversiones financieramente sostenibles. Si el Gobierno, como dicen,
acoge su pretensión de que desaparezcan las limitaciones, los
municipalistas pueden vislumbrar, con fundamento, un horizonte
despejado, financieramente hablando, hasta el punto de que el
ejecutivo estudiará la posibilidad de que la parte municipal de los
programas europeos se financie con cargo al superávit y sin que se
compute en la regla de gasto. La demanda de la FEMP, en ese sentido,
no es nueva; pero parece que es ahora cuando más posibilidades tiene
de ser atendida, de modo que los gobiernos locales se acerquen más a
una mejor utilización de los fondos europeos.
La
plusvalía es otra de las materias a la que los municipalistas buscan
salida después de aquella resolución del Tribunal Constitucional
que modificaba sustancialmente algunos criterios inspiradores de este
tributo. Se trata de despejar las incertidumbres jurídicas que aún
existen. El objetivo es, basándose en un acuerdo unánime de la
FEMP, elaborar una nueva norma en consonancia con el espíritu y la
letra de esa resolución para luego abordar la compensación que los
ayuntamiento esperan como consecuencia de las mermas en la
recaudación y de las posibles devaluaciones.
Hasta
los PGE, entonces, días de vino y rosas. No olvidemos que el próximo
será año electoral y que los apremios se multiplicarán con tal de
cumplir o completar ofertas programáticas y actuaciones que vayan
atrasadas o se han visto interrumpidas por las razones que sea. Los
gobiernos locales, a estas alturas, quieren hechos, más que
palabras, pues han de transmitir a los ciudadanos pruebas de que esta
gestión sobre la que asientan sus reivindicaciones de mejoras y
orientaciones financieras está bien fundamentada. Ayuntamientos
estables, en ese sentido, consecuentes con la administración de los
recursos a su alcance y realistas con el gasto establecido en su
propia presupuestación, son primordiales para constatar el progreso
de los municipios.
Para
que vayan haciendo números, el Gobierno de Sánchez ya les ha
adelantado que los objetivos de Estabilidad Presupuestaria para los
gobiernos municipales en el ciclo 2019-21, son el 0,0 % de déficit
en los tres ejercicios. Y en cuanto a la deuda, también ha fijado
metas: 2,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) para 2019; 2,2 % para
2020 y 2,1 % para 2021.
O
sea, que desde ahora, señoras y señores ediles, ya saben a qué
atenerse.
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