La
constancia de las mujeres está siendo determinante en los avances
que sitúan ya a España a la vanguardia de las políticas
igualitarias. Era, es, un proceso largo en el tiempo, complejo desde
el punto de vista de modificación de patrones y propenso, en ese
sentido, a chocar con resistencias y no pocos obstáculos de distinta
naturaleza. Pero la cada vez mayor implicación de poderes públicos,
instituciones y agentes sociales produce una mayor sensibilización y
una respuesta gradual que permite cosechar resultados positivos.
Claro
que esta lucha tiene un norte muy claro: la construcción de
sociedades igualitarias. Por eso requiere de la contribución de
todos. La prueba más reciente estuvo en Bilbao, donde más de
quinientos cargos públicos, procedentes de cuarenta Estados
europeos, se reunieron para reivindicar a la Comisión Europea una
prueba fehaciente de su compromiso con la igualdad
entre hombres y mujeres. Esa demostración estará sustentada por una
estrategia que obligue a la Unión Europea y a los propios gobiernos
nacionales a fomentar políticas integradoras que favorezcan los
principios de igualdad. Los gobiernos regionales y locales no se
quedarán atrás: al contrario, ahí aparecen, por criterios de
proximidad, en una posición clave para el desarrollo de las medidas
que se se diseñen.
Lo
reconoció hasta Rigoberta Menchú, la guatemalteca premio Nobel de
la Paz, asistente a la convocatoria de Bilbao, quien dijo sentirse
“municipalista en todo el mundo, porque creo que es en el municipio
donde está la gente, su realidad cotidiana, sus talentos y su
esperanza”. Se trataba de una Conferencia sobre Igualdad,
Diversidad e Inclusión. Por eso quiso poner en valor el papel de
alcaldes, concejales y consejeros que, entre otras cosas, habrán de
esmerarse en la elaboración de presupuestos sociales y comprometidos
con los que contrarrestar los efectos de la discriminación, de la
xenofobia y del racismo que, lejos de disminuir, aparecen con fuerza
en distintos escenarios. Menchú hizo hincapié en la decisiva
contribución de los electos y responsables públicos para
materializar tres objetivos en el desenvolvimiento de las sociedades
de nuestros días: la equidad, la diversidad y la inclusión.
La
igualdad, pues, sigue siendo una meta. Por eso, debe ser una
constante en los discursos políticos y, además, en los programas de
cualquier ejecutivo, sea del signo que sea. Hay que hacer de la
igualdad una realidad. Las autoridades europeas ya deben conocer esta
apelación, no en vano la Carta Europea por la Igualdad de Mujeres y
Hombres, elaborada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE), respaldada por más de mil setecientas entidades locales y
regionales, recoge estas demandas que pretenden superar la
desigualdades aún existentes y que terminan incidiendo, en muchos
casos, en la subordinación de las mujeres. Una mayor igualdad
serviría, sin duda, para disminuir otras formas de discriminación.
Entre
las conclusiones de la conferencia de Bilbao se señala una doble
necesidad. Por un lado, la cooperación entre todos los niveles de
gobierno y la sociedad civil a la que ya nos hemos referido; y por
otro, la acción concertada de organizaciones e instituciones
internacionales y europeas, con vistas a realizar progresos decisivos
“en materia de igualdad de mujeres y hombres, de diversidad e
inclusión desde ahora y hasta 2030”.
En
definitiva, la lucha por la igualdad continúa.
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