“Quien contamina, paga”, era un viejo principio que sirvió
para sensibilizar sobre la importancia de la protección del medio ambiente
cuando muchos creían que era una cuestión más de las que se descansa su
responsabilidad en terceros. Valía también para advertir de las consecuencias
de infracciones e incumplimientos que se prolongaban y eran muy visibles. Pues
bien, el principio recobra vigencia y abre algunas incógnitas después de que
esta misma semana se haya conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) haya condenado a España, con una suma a tanto alzado de doce
millones de euros cada seis meses, por una mala o incorrecta depuración de las
aguas residuales. Entre los núcleos de más de quince mil habitantes por los que
nuestro país ha sido llevado al TJUE, hay dos en Tenerife: Valle de Guerra
(Noreste) y Valle de Güímar, en el sur de la isla.
La pregunta,
entonces, es ¿quién paga? En principio, ya se cuenta con la negativa de la
Administración central, lo que significa pasar la pelota de la sanción a las
comunidades autónomas o ayuntamientos que estén directamente afectados. Es
decir, se podrá demorar y todo lo que ustedes quieran, pero, al final, tendrán
que abonar los ciudadanos, bien a través de tasas bien incrementando
sensiblemente los recibos del agua mediante tarifas actualizadas. Nada es
fácil, desde luego, y mucho menos el disgusto de tener que rascarse el
bolsillo, se supone que por importes elevados. Según algunos cálculos, la
multa, en caso de que se cumplan los plazos para finalizar las depuradoras,
podría ascender en total hasta treinta millones de euros.
La sentencia
en virtud de la cual España ha sido condenada subraya “el carácter
especialmente prolongado de la infracción”, el cual constituye una
circunstancia agravante. El Tribunal interpreta que las dificultades internas
de tipo jurídico y económico invocadas por nuestro país no le eximen de las
obligaciones contenidas en el derecho de la Unión.
En todo
caso, hay que reparar en la importancia que entraña la dotación y el
funcionamiento de las infraestructuras. “Lo que no se ve, importa menos a los
gobernantes a y los ciudadanos”, sostenía un antiguo edil portuense responsable
de los servicios de este tipo. Estas decisiones de tribunales europeos indican
lo contrario. La calidad de vida, la propia seguridad desde el punto de vista
de la salud pública, exige también celo y responsabilidad por parte de las
autoridades, a las que no gusta, seguro, ser señaladas por infracciones como
las que nos ocupan. De modo que está muy bien atender prioridades en políticas
sociales, por ejemplo, y hasta para atender gastos lúdicos o similares; pero
que piensen en la relevancia que tiene reutilizar o reciclar agua o evitar
vertidos incontrolados cuyos efectos contaminantes terminan siendo muy nocivos.
Y no se reparan, por mucho dinero que se abone. Se trata de no producir más
agresiones al medio ambiente y de poner punto final a la impunidad. Se trata,
en fin, de ser responsables y tener claro que, a estas alturas, hay bienes
colectivos que mantener y preservar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario