El
Gobierno de Pedro Sánchez ya empieza a catar el acíbar de su
fragilidad parlamentaria. Sabía que iba a actuar en un escenario
donde hay demasiados elementos tentadores para poner al desnudo la
debilidad de sus soportes. El desgaste, entre otros factores, está
servido en bandeja. Y entre el afán del derechío que aún no ha
digerido las consecuencias de la censura, las apetencias de otras
opciones políticas que quieren sacar tajada de la endeblez y la
pretendida ganancia en los caladeros de las aguas revueltas, los
socialistas comprueban que ni siquiera la supuesta bondad de las
medidas económicas orientadas a la estabilidad financiera sirve para
persuadir a quienes creen que aquí vale todo, máxime cuando el
pueblo se va de vacaciones y dedica escasa atención a estas cosas.
Leña a Sánchez, que ya va delante en las encuestas y se nos escapa,
habrá circulado como consigna.
Porque
no era el único efecto de la derrota en el Congreso de una
proposición razonable y bien construida sino el simbolismo de una
inferioridad numérica y del bloqueo subsiguiente lo que está en
juego. Hasta la presión mediática, para ir abonando el terreno de
unas elecciones anticipadas por las que suspiran los mismos que no
hace mucho tiempo pedían actos de responsabilidad a los socialistas
o se ponían de uñas con la posibilidad de una convocatoria de
comicios por aquello del incremento del gasto público y tal y tal.
El
caso es que la iniciativa del Gobierno consistente en reajustar ante
la Unión Europea el calendario de déficit público, de modo que
fuera posible obtener un montante de seis mil millones de euros para
el año próximo, no prosperó al contar solo con el apoyo del grupo
parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El margen de
gasto, repartido entre inversión autonómica y gasto social,
parecía equilibrado con la propuesta gubernamental que entrañaba
una mayor flexibilidad: dos mil cuatrocientos millones de euros para
las comunidades autónomas; otros tantos para la Seguridad Social y
el resto para el propio Estado.
Nada:
ni los supuestos beneficios para la ciudadanía ni los intereses
generales promovieron impulsos de respaldo. Al Gobierno le queda un
margen para idear una alternativa en el plazo de un mes pero ya sería
en términos más restrictivos, por tanto de menor impacto económico
favorable para la ciudadanía. Habrá que comprobar si el ajuste
presupuestario es conveniente para el crecimiento económico.
Como
habrá que comprobar si convencen las argumentaciones de quienes han
votado en contra o se han abstenido. Después de resultar
difícilmente explicable esta posición: ¿en qué perjudicaba? Sobre
todo, porque en plenas vacaciones asistiremos a los primeros
escarceos presupuestarios que también servirán para ir diseñando
otro escenario de dimes, diretes, obstáculos y bloqueos. Los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019, desde luego, serán una
auténtica piedra de toque de la estabilidad de la legislatura.
La
firmeza de Sánchez y de sus políticas económicas se verán
entonces amenazadas por la anteposición de intereses políticos y
partidistas y por la creciente rivalidad entre los grupos
parlamentarios a medida que se acerquen los comicios. Será curioso y
paradójico contrastar -aunque ya en política nada tiene que
extrañar- que medidas concebidas para facilitar cierto despegue
económico -ya veremos cómo se plantean los citados Presupuestos- ni
siquiera pasarán un primer corte. ¿Qué dirán?
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