PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

El Ayuntamiento de San Sebastián (Guipuzkoa) fue el primero, allá por 2013 si no traiciona la memoria, que aprobó sus presupuestos dotándolos de una perspectiva de género. Trataban de contrastar su impacto sobre las mujeres y los hombres, prestando atención a otros factores de discriminación como la edad, el nivel de renta y el estatus migratorio, al tiempo que servían como soporte de promoción de la igualdad. Es un proceso progresivo, evidentemente, que arranca de determinadas consignaciones o actuaciones y va registrando avances si existe voluntad política plasmada en planes de igualdad.

También tiene su experiencia el Ayuntamiento de Madrid, después de haber creado hace dos años una Comisión de Evaluación del Impacto de Género que engloba a los distritos, a varias áreas municipales y a la denominada Plataforma de Impacto de Género Ya, de modo que ya ha materializado hasta un 59,1 % de sus presupuestos generales con impacto positivo de género. El desglose estadístico es interesante: un 28,72 % del gasto total está dedicado a la erradicación de violencia machista; un 38,64 % incide en la autonomía económica en las mujeres y en la corresponsabilidad; y un 22,64%, en el fomento de la participación sociopolítica y cultural de las mujeres.

Las corporaciones españolas está siguiendo, en buena medida, los surcos abiertos en Australia en los años ochenta del pasado siglo, cuando este concepto, presupuestos con perspectiva de género, trataba de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Seguro que varias comunidades autónomas y otros ayuntamientos del país han recogido este enfoque en sus respectivas contabilidades presupuestarias pero, para extenderlo y consolidarlo, representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y entidades locales y supramunicipales, funcionarios y técnicos de administración local, han intensificado sus estudios y reuniones de modo que, trimestralmente, podrán tener un estado actualizado del seguimiento y de los exámenes que efectúen según la información que aporten los propios ayuntamientos. La FEMP aprobó en su día una resolución que arrancaba de esa premisa, relativa al cumplimiento de dicho principio, precisamente, aplicable a toda actuación pública. “Los presupuestos -decía- son el instrumento principal a través del cual se materializan las políticas. Por ello, se trabajará, en el marco de sus competencias, en el estudio y definición de mecanismos dirigidos a facilitar el análisis y la evaluación del impacto de género en los presupuestos municipales

El objetivo parece bastante claro: por un lado, propiciar un análisis normativo que materialice la institucionalización de la incorporación del enfoque de género a los contenidos presupuestarios. Y por otro, disponer un aprendizaje y desarrollo metodológico -incluida la formación específica- que impulse la redacción de directrices e indicadores comunes que favorezcan la elaboración de memorias de impacto de género a consignar en las cuentas municipales y su traducción en las políticas que se quiera aplicar.

Quedó dicho que se trata de un proceso progresivo en el que no hay que desfallecer. Sería muy positiva la incorporación activa de otros agentes sociales, entre los que hay que incluir, claro, el propio Ministerio de Igualdad. Los presupuestos con enfoque de género deben ser otro paso de gigante para alcanzar la pretendida igualdad.