Pedíamos
pragmatismo en las políticas de empleo y la respuesta no ha tardado.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado ya el acuerdo
marco de colaboración, suscrito entre el Servicio Canario de Empleo
(SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para determinar
los criterios de las subvenciones que se destinarán a la
contratación de parados de larga duración y personas en situación
de exclusión social en el marco del Programa Extraordinario de
Empleo Social, período 2019-2020. El importe de las ayudas asciende
a treinta millones de euros. El consejo de Gobierno, ayer mismo,
autorizó a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo,
Carolina Darias, a realizar las correspondientes transferencias a los
ayuntamientos con cargo al citado programa de cuantías superiores a
los ciento cincuenta mil euros, prácticamente todas.
Hablemos,
pues, de diligencia y operatividad en la respuesta de la propia
administración autonómica. Decíamos hace poco, a propósito de
este asunto, que los planes y las medidas deben
estar acompañados de la eficacia que es indispensable para recuperar
la credibilidad en la acción de los organismos competentes,
especialmente entre la población afectada. El desempleo es
apremiante y, sin recetas mágicas, requiere de iniciativas y
acciones que dinamicen el mercado laboral y hagan que quienes no
tienen trabajo, tengan, al menos, una oportunidad. Que la federación
municipalista se involucre es absolutamente consecuente: los alcaldes
y concejales de empleo o servicios sociales saben, por cercanía, lo
que es sufrir, lo que son peticiones reiteradas y prolongadas. Y la
satisfacción -al menos, parcial- que para una unidad familiar
significa que el demandante de empleo haya sido reclamado para una
determinada actuación.
Los
parados de larga duración -muchos de ellos arrojaron la toalla y
accedieron a clases pasivas sin gozar de esa oportunidad- constituyen
el colectivo prioritario del denominado 'Plan Reincorpora-T', razón
por la que aquellas personas que se hallen en situación de paro
durante doce meses en los últimos dieciocho, junto con aquellas
otras que estén registradas como demandantes de empleo no ocupadas
en el Servicio Canario de Empleo durante ciento ochenta días en los
nueve meses inmediatamente inferiores, si son mayores de cuarenta y
cinco años, están inscritas como trabajadores agrícolas o
pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, serán las
primeras que perciban los beneficios de esta medida.
Los
ayuntamientos tienen ahora la palabra. Esta iniciativa ha de servir
para contrastar la información que obre en su poder, agilizar los
trámites que se exijan, transmitir a los interesados la sensibilidad
necesaria para que se pongan al día, detectar los sectores
productivos donde más se destruye empleo así como las necesidades
de formación para acceder a otros distintos y decidir con la máxima
ecuanimidad posible, antes que con preferencias clientelares.
Téngase en cuenta que el SCE financia las actuaciones vinculadas con
el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos
o, de forma excepcional, mancomunidades y entidades dependientes, con
veinte millones de euros procedentes del Plan Integral de Empleo de
Canarias y diez millones más que aporta la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales.
Las
contrataciones se dedicarán a la ejecución de proyectos municipales
iniciados antes del final de 2019 y desarrollados, como máximo en
doce meses. Los ayuntamientos seleccionarán hasta un 40 % del total
de participantes. El 60 % restante corresponderá al SCE mediante una oferta pública de empleo entre parados de larga duración.
En
fin, que se pedía pragmatismo y ahí afloran las primeras opciones
esperanzadoras. No olviden la divulgación. A ver si hay éxito.
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