ESCENARIO DIABLESCO

En plena sacudida que significa la sentencia penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la militancia socialista española acude este fin de semana a sus núcleos de organización para decidir sobre la propuesta de un gobierno de coalición con Podemos. En pleno temblor -aunque vaya remitiendo- algunos ex altos cargos institucionales y orgánicos del PSOE -apoyados por varios barones tratando de no hacer más ruido- derrochan manifestaciones públicas que cuestionan la conveniencia de esa alianza política. Para confirmar aquel viejo dicho, 'toda mala situación tiende a empeorar', la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierten de los riesgos derivados de la incertidumbre política española en sus previsiones económicas y de la necesidad de reducir su elevada deuda pública para afrontar los reajustes presupuestarios y los consabidos balances fiscales.

Vaya escenario. Cierto que el PSOE afrontó en el pasado trances delicados, acreditando una fortaleza que para sí ansiaban otras organizaciones políticas, de modo que siempre se destacó su temple, su cordura, su madurez y el sentido de la responsabilidad histórica para superar las crisis que traspasaban los negros nubarrones de una renuncia, de unas resoluciones judiciales, de las sombras de su financiación y de posiciones políticas que mantener en situaciones al límite para favorecer la gobernabilidad.

Pero lo de ahora parece algo más que una etapa de alta montaña. La sentencia es durísima, como se ha dicho, aunque el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, la haya criticado severamente, al producirse, en su opinión, “una quiebra entre el relato fáctico y la fundamentación jurídica”, esto es, que “en el marco de la Ley de Presupuestos, los delitos que la sentencia atribuye a los ex presidentes son delitos imposibles. El Tribunal puede estar convencido de que los Gobiernos presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán engañaron al Parlamento, pero eso no es delito. Se trata de una sentencia que raya con la "ignorancia inexcusable".

Pero bueno, las interpretaciones apenas merman el demoledor efecto que puede tener en una opinión pública muy disgustada con la política en general, entre otras razones por casos como el fraude andaluz. Por eso, hizo bien la secretaria general del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha vuelto a dar una lección de saber estar, al transmitir un mensaje pidiendo perdón, admitiendo que hay gente que se aprovechó, reconociendo el dolor personal que le produce la situación de quienes ha quedado acreditado judicialmente que no se enriquecieron así como el bochorno y la vergüenza que despiertan un caso de esta naturaleza para un partido político -pese a que la resolución del TSJA no lo señala ni apunta a una posible financiación irregular- y la erosión que sufrirá en el tejido social. Pero es inevitable, a la espera de la firmeza de la sentencia: caiga sobre los infractores todo el peso de la ley.

Este sí que es un trance histórico. Se trata -a la espera de otras repercusiones- de una coyuntura enmarañada o enrevesada que requiere de solidez interna, de discursos y acciones moralizantes, debatidas y practicadas democráticamente para superar los cesarismos que es lo que parece aflorar, a sabiendas de que la inexistencia de mayorías y los cauces políticos de nuestros días obligan a actuar -sobre todo, en escenarios diablescos- con sosiego, reflexión y coraje, sobre todo cuando está en juego la intrincada la gobernabilidad de un país que, dadas las circunstancias, parece exigir un encaje de bolillos.