No
hay duda a partir de todos los informes técnicos: la pobreza es un
factor de alto riesgo en la salud de los canarios. Junto a la
obesidad y la diabetes, es la tercera causa generadora de la mayor
tasa de mortalidad de los canarios. Y es que nuestra comunidad
encabeza los índices de pobreza, obsesidad y diabetes en nuestro
país y en el entorno europeo. El asunto entraña la suficiente
gravedad como para que los agentes sociales y las administraciones
públicas le dediquen la necesaria atención. Este dato, que el
Gobierno de Canarias dedique el veinticinco por ciento del
presupuesto de Sanidad (tres mil millones de euros en números
redondos) en diabetes y sus complicaciones, es ilustrativo.
Pero
centrémonos en la pobreza, conscientes de que poner fin a la misma
es uno de los principales desafíos que ha de afrontar la sociedad de
nuestros días. De hecho, recordemos que el primero de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Organización de
Naciones Unidas (ONU), es, precisamente, erradicarla pues lo
considera un problema de derechos humanos. Y es que la pobreza
trasciende la falta de recursos o ingresos para garantizar unos
medios de vida sostenibles.
Evidentemente,
no resulta fácil afrontar lo que es todo un reto. Hay que luchar
contra el hambre, la malnutrición, la carencia de una vivienda digna
y el acceso básico a la educación o la salud, englobando este
último concepto una formación limitada, el desinterés o el
descuido de las personas y sus entornos familiares. Está claro que
los niveles serán diferentes en territorios, según los niveles
socioculturales o de desarrollo; pero todos los elementos convergen
en que se hace necesaria, cada vez más, una cultura preventiva.
Curar resulta mucho más difícil.
El
caso es que varios testimonios coinciden en señalar que en España
la pobreza extrema está superada. Pero siguen existiendo graves
problemas como lo prueban los periódicos informes de distintas
entidades que calculan y establecen los umbrales correspondientes. La
infancia es el sector de población más afectado. Y eso que la
atención es imperativa, según subraya el Alto Comisionado para la
Agenda 2030. Pero que más del veintiuno por ciento de la población
española viva por debajo del umbral nacional o que los hogares con
menores de dieciocho años sufran mayor riesgo de exclusión que el
promedio nacional son indicadores de que el problema es grave.
Por
eso, la primera de las metas de los ODS es acabar con la pobreza
extrema para todas las personas en el mundo, actualmente calculada
por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares americanos al
día. Para ello es indispensable poner en práctica, a escala
nacional, sistemas y medidas apropiadas de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, de modo que en 2030 sea posible
lograr una amplia cobertura de los pobres y vulnerables.
Para
llegar a esas metas, explicita la ONU, hay que garantizar una
movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluida la mejora de la cooperación para el desarrollo, ya que se
trata de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países
en desarrollo, especialmente los menos adelantados, a través de la
implementación y aplicación de políticas y programas encaminadas a
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
Por
cierto, luego está el papel de los gobiernos y los poderes locales
que habrán de trabajar de forma coordinada para garantizar el
cumplimiento de las medidas que se establezcan. Ya se ha encargado la
Federación Española de Municipios (FEMP) de recordarlo. Y los
problemas detectados en Canarias, ya apuntados, son el ejemplo. De
nuevo, aquella premisa, piensa global y actúa local, cobra
relevancia y se convierte en uno de los pilares para afrontar todo lo
que hay preparar con tal de alcanzar ese objetivo: erradicar la
pobreza.
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