Datos
de Cáritas, de la fundación FOESSA, del Defensor del Pueblo, de la
fundación Abbé Pierre... El panorama es para exclamaciones.
España,
cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de desigualdad.
Concretamente, por
detrás de Bulgaria, España es el segundo país del conjunto europeo
en el que mayor distancia existe entre ricos y pobres. Esta situación
se ha agudizado desde el inicio de la crisis económica en el año
2008. Desde entonces, los niveles de pobreza se han disparado y a
ellos se suma la inseguridad laboral y los contratos precarios.
No
terminan ahí: en nuestro país casi cuarenta mil personas no tienen
casa. Unas sesenta mil familias se han visto inmersas en los procesos
de desahucio registrados en 2018. Seis de cada diez personas en
situación de exclusión social (unos ochocientos mil hogares y unos
dos millones cien mil ciudadanos) se ven por primera vez afectadas en
la dimensión de la vivienda. En Madrid, se suceden las quejas de
familias con niños, enfermos o mujeres embarazadas que no han
logrado sr atendidos en la red de albergues y, por tanto, permanecían
en la calle sin recibir protección municipal de emegencia. Al
respecto, en el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo se
denuncia con claridad: “La carencia de recursos para atender
demandas de alojamiento de personas en situación de emergencia
social y de extrema exclusión”.
Que
proliferen personas que duermen en la calle, en portales o en
rincones, que no haya techo para todos, es unos de los factores que
acentúan el problema de esa lacerante desigualdad. El Estado y las
Comunidades Autónomas vienen acreditando flaquezas para atender
demandas y para habilitar soluciones de emergencia, como albergues y
similares. España es uno de los países con menor porcentaje de
vivienda pública, a pesar de que la promoción de las Viviendas de
Protección Oficial (VPO) ha sido incluida en la Agenda Urbana
Española, enmarcada a su vez en la estrategia para afrontar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Cáritas
señala que, desde 2013, las personas en situación de exclusión
social se han incrementado en un doce por ciento. Es otro porcentaje
significativo para entender el por qué de una elevada tasa de
desigualdad social.
Volviendo
con la escasez de viviena. Ha sido acuñado un nuevo término
idenitificativo, el 'sin-hogarismo', que parece cebarse con las
mujeres. En
concreto, en Madrid, en el pasado año las mujeres representaron algo
más del dieciséis por ciento por ciento de las gestiones atendidas
por el Samur Social en la calle. En 2017 fueron el catorce y medio
por ciento. En Barcelona la situación se agrava y el porcentaje de
los sin-hogar ha sido mayor (un sesenta y cinco por ciento) para las
mujeres que para los hombres (cuarenta y cuatro por ciento). El
frío y la inseguridad son los principales agentes adversos a los que
tiene que enfrentarse un colectivo prácticamente invisible ante los
ojos del resto de la sociedad.
Decir
que la brecha es preocupante es quedarse corto. Es necesario tomar
conciencia al respecto, teniendo en cuenta que a menudo se alardea de
la pertenencia de España al primer mundo. Los índices de la
desigualdad social reflejan con claridad que aún queda mucho por
hacer. Las instituciones tendrán que esmerarse y hacer efectivo ese
premisa de algunos discursos políticos: lo primero son las personas.
Principalmente, aquellas que se ven afectadas por estas carencias que
engrosan el capítulo de la exclusión social. Finlandia y Noruega
han afrontado con valentía y decisión el problema y han logrado
reducir los porcentajes de 'sin-hogarismo'. ¿Está España en
condiciones de hacerlo? ¿Habrá algún día un gobierno que
demuestre que sus políticas tienen las bases adecuadas y el coraje
suficiente siquiera para mitigar estas cifras? ¿Cuándo será
posible superar o reducir esa tasa de desigualdad?
Mucho
hay que hacer, ciertamente.
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