El anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
relativo a la subida del salario mínimo en un 4 % el próximo año, confirma que
la economía española necesita una nueva política salarial. Hace algún tiempo,
escuchamos las primeras señales emitidas por los propios empresarios desde su
principal organización, la CEOE: ha llegado la hora de subir los sueldos.
Después, como suele ocurrir, vienen los matices y los frenos pero el mensaje
era claro y lo ha sintonizado el propio ejecutivo, que habrá tenido en cuenta
-un suponer- las diferencias registradas durante la crisis entre el salario
medio bruto mensual y el salario mínimo interprofesional que han crecido
considerablemente, como lo prueba el que en 2007 era de novecientos cuarenta y
tres euros y en 2016 ya se había situado en mil cincuenta y dos euros.
La nueva política salarial ha de corresponderse con el
crecimiento de la productividad, en algunos sectores, como el turismo,
inusitado. Si desde hace algún tiempo, con un cierto aire triunfalista que, sobre
todo, impulsara un nuevo ambiente social, el Gobierno muestra su satisfacción por
esa tendencia, es consecuente que se incentive una política de rentas con los
incrementos, o lo que es igual, se trata de impulsar aumentos salariales,
principalmente en aquellas empresas y en los mercados cuyos beneficios están
suficientemente acreditados.
Claro que el asunto no se agota en la subida de sueldos. Con
la experiencia acumulada, todo da a entender que, para la seguridad y
estabilidad de los propios trabajadores, es indispensable proceder a
contrataciones laborales que no estén caracterizadas por la precarización y la
incertidumbre. Y no digamos de la reforma del sistema de pensiones, afectado
por las inquietantes oscilaciones de recursos que se agotan y que requieren de
unos acuerdos políticos que trasladen a la población, especialmente la
pensionista, la necesaria tranquilidad con vistas al futuro.
Parece pues que todos están de acuerdo: hay que elevar los
salarios, sobre todo si se quiere mejorar el bienestar social. Entonces,
Gobierno, patronal y centrales sindicales deben acordar los términos con visión
de futuro. Y deben hacerlo sin mayor dilación pues quienes han podido conservar
o ganar su puesto de trabajo han hecho ya importantes sacrificios. Reducir la
brecha salarial, generar empleo y dar una alternativa consistente al sistema de
pensiones son objetivos inmediatos para que ese bienestar se extienda y la
economía productiva, coyunturas al margen, gane en fortaleza.
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