La
Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha
publicitado unos datos que mueven, cuando menos, a la perplejidad y
deberían suscitar un serio debate cuyos contenidos y conclusiones
sirvan para que los responsables de las administraciones competentes
implementen políticas que, por un lado, pongan a prueba su propia
eficiencia; y por otro, satisfagan una de las demandas más
apremiantes de la ciudadanía.
Según
el informe de esta Asociación, un foro profesional en funcionamiento
desde 1994, Canarias registra la tasa más alta de demora de todo el
país respecto a la tramitación del expediente sobre la Ley de
Dependencia: en nuestra comunidad autónoma se espera más de dos
años para completar esa tramitación, alrededor de unos setecientos
ochenta y cinco días. Y de la perplejidad pasamos al escalofrío
cuando, con la comparativa correspondiente, nos encontramos con que
la del Estado es de cuatrocientos veintiséis días y no digamos las
del País Vasco y Navarra que tienen una tramitación probada de
ciento treinta siete y cientoo cincuenta y cinco días,
respectivamente. En las islas, hay ahora mismo nueve mil trece
personas que aguardan una resolución, cifra estancada según datos
oficiales facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso), correspondientes al pasado noviembre.
Y
de la perplejidad pasamos al escalofrío cuando se comprueba que hoy
en día son casi veinticuatro mil personas las atendidas en Canarias
y aguardan algún tipo de trámite en el marco de la Ley de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, popularmente conocida como 'Ley de Dependencia',
mientras que cerca de quince mil continúan esperando por la
valoración del grado de dependencia. Durante 2019, en España se ha
incrementado en un 10 % el número de personas que aguardan la
resolución de algún procedimiento. Actualmente, se han superado los
cuatrocientos veinte mil expedientes en tramitación. Con razón,
dirigentes de la Asociación hablan de plazos “desesperantes”.
Se
han cumplido trece años (era presidente José Luis Rodríguez
Zapatero) de la aplicación de la Ley. Y es difícil aceptar los
retrasos, mucho más cuando se conocen las causas de los mismos: por
una parte, los recortes operados en las partidas presupuestarias
específicas; y por otra, la complejidad administrativa. El desespero
citado se corresponde con “el disparatado y proceloso entramado
burocrático que se convierte en una trampa mortal para el acceso al
disfrute de prestaciones y servicios”.
Cómo
será de lenta y desesperante la tramitación que muchas personas han
fallecido sin percibir la ayuda a la que tienen derecho. Con eso está
todo dicho. Del escalofrío se pasa a lo siguiente, otra vez con los
números en la mano: ochenta y cinco personas fallecen diariamente
sin haber sido amparadas por el derecho a las coberturas de
dependencia.
Claro
que influyen las circunstancias políticas. La carencia de
Presupuestos Generales del Estado, con un Gobierno en funciones
demasiado tiempo, resulta determinante para no asumir las
obligaciones competenciales y contar con recursos financieros. La
violación de derechos es flagrante a medida que se avanza hacia el
colapso del sistema. Los perjuicios para las personas dependientes
son evidentes pero también para quienes han de soportar o
sobrellevar las cargas financieras.
Perplejidad,
escalofrío, abatimiento, impotencia... Al informe de los
profesionales del ramo nos remitimos: desesperante. Urgen, aquí sí,
medidas drásticas.
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