Pero,
bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿España no hace caso de las
advertencias anticorrupción que emite el Consejo de Europa? Será
que no son suficientes los múltiples casos registrados en nuestro
país que han lastrado la actividad política hasta producir un
hartazgo considerable de la población que, encuestada a lo largo de
los últimos tiempos, ha colocado esta lacra como el primero de los
problemas que preocupan a los españoles. O será que los esfuerzos
para erradicarla -mejor decir mitigarla- son bastante frágiles y a
muchas luces, inapreciables.
El
informe emitido por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
del Consejo de Europa señala que la materialización de las medidas
aprobadas en su día es claramente insatisfactoria. Valora el Grupo
que los partidos políticos hayan incluido en sus programas
electorales determinaciones para combatir la corrupción y que las
respectivas formaciones parlamentarias hayan promovido iniciativas
que no han servido de mucho, por lo que los resultados prácticos no
convencen, de ahí que el informe, más allá de los incumplimientos,
tenga un cierto aire recriminatorio.
Así,
desde luego, es difícil acabar con la corrupción, recuperar
credibilidad y aspirar a que el poder judicial actúe con eficiencia
y diligencia. La sociedad española parece conformarse con el dicho
'la justicia es lenta, pero segura' mientras los actores asisten a
tramitaciones y juicios que se prolongan de forma desesperante. Poco
que discutir en esa vía: los recursos son los que son, los plazos
son los que están fijados en la norma y los procedimientos deben ser
respetados por principios garantistas.
El
caso es que en Europa recelan de lo que se hace en España. El GRECO
ya dictaminó varias recomendaciones, especialmente orientadas a la
despolitización del poder judicial, a evitar los conflictos de
intereses y a mejorar la transparencia. Pero ninguna de ellas se ha
cumplido al cien por cien, en tanto que algo más de la mitad se han
materializado solo parcialmente.
El
panorama, desde luego, es sombrío. Antes del informe, ya se sabía
que España figuraba a la cola de la Unión Europea (UE) en lo que a
independencia judicial concierne. Por eso se insiste ahora en que
“las autoridades políticas no deben estar involucradas en los
procesos de selección” de cargos y responsables judiciales. Es
decir, se trata de ganar independencia real pero, tal como
evolucionan las cosas, el objetivo es difícilmente alcanzable, al
menos a corto plazo, mientras prevalezcan las actuales circunstancias
políticas. Ni siquiera la reforma del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) convence. Desde Estrasburgo se pide una mayor
operatividad en el desarrollo legislativo que fije criterios de
máxima objetividad y requerimientos exigibles de evaluación de los
altos cargos judiciales.
Así
las cosas, una justicia en la que hay que confiar para que la
democracia no sufra mermas, se ve condicionada por factores que es
necesario superar si se quiere que los escasos avances detectados en
el informe del GRECO se transformen en pruebas claras de mejora del
sistema, afectado, sin duda, por viejos condicionantes.
Este
Grupo, integrado por representantes de cuarenta y ocho países y de
Estados Unidos, es taxativo en sus conclusiones: si los resultados
que se van cotejando son “globalmente insatisfactorios”, España
debe redoblar sus esfuerzos para “alcanzar un progreso tangible lo
antes posible”. Antes de que finalice el año recién estrenado,
tendrá que acreditarlo.
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