UNA EXENCIÓN IMPORTANTE

En plena crisis del coronavirus, con el sector turístico preparándose para afrontar las derivadas, principalmente en lo que concierne a la cancelación de reservas, una noticia merece ser subrayada en cuanto aporta una positividad que ha de repercutir favorablemente.

Se trata de la aplicación del futuro impuesto especial sobre el transporte aéreo, cuestión sometida a consulta pública. Desde el ministerio de Hacienda han dado garantías: la normativa reguladora plasmará la voluntad del Gobierno, expresada en las conversaciones que al respecto mantuvo con el ejecutivo autonómico.

El presidente, Ángel Víctor Torres, se había posicionado con claridad. Canarias se vería sensiblemente afectada. La impopularidad de la medida, en pleno desasosiego por el virus y con otras incertidumbres flotando en el ambiente, aconsejaba trasladar al Gobierno de la nación la inquietud, de tal modo que la negativa advertida en las conversaciones preliminares precisaba de una respuesta escrita que Torres solicitó a la ministra María Jesús Montero. La contestación, ya recibida, contiene esos términos: un compromiso claro de exclusión de los territorios insulares en el nuevo marco impositivo.

Las características de la Comunidad Autónoma y la lejanía con respecto al continente hacen del transporte aéreo un medio fundamental para la movilidad de los ciudadanos canarios y para quienes visitan las islas. Además, los últimos movimientos de las compañías aéreas que operan en las islas no han sido nada favorables y hasta algunos de sus responsables han hecho anuncios relativos a futuras restricciones. El sector turístico ha sido tajante: podemos ofrecer el mejor producto, pero si no hay plazas de avión, no hay nada que hacer.

Montero garantiza que el Gobierno de España asegura la exención del gravamen en los territorios insulares y de ello cabe congratularse. Nada que alegre más a los empresarios que se reduzcan o dejen de aplicarse ciertos tributos. La ministra ha sido sensible y ha entendido el mensaje del presidente canario (“... el cielo es nuestra autopista...”), al reconocer que es necesario prestar un trato diferenciado a las islas.

El propio ministerio, el pasado día 28 de febrero, publicó una nota informativa en la que reflejaba que “el objetivo de este gravamen sería fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”, a la vez que destacaba que en su aplicación “debería tenerse en cuenta el hecho insular”. María Jesús Montero se ha reafirmado en ese compromiso que se contemplaba ya en la citada nota de prensa y que “se corresponde con nuestra sensibilidad para con los territorios insulares”.

Una noticia para congratularse, en efecto. Cabe confiar en sus consecuencias positivas durante un ejercicio que se vislumbra difícil para la cobertura de objetivos y las gestiones presupuestarias.