A ver si entre el verano y el comienzo de la tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para aprobar una normativa de funcionamiento y respeto al derecho de los periodistas a informar, se calman las procelosas aguas de la actualidad política que también han salpicado a la comunicación periodística con la proliferación y actuación desvergonzada de quienes, con micrófono en mano, haciéndose pasar por periodistas, dieron un salto en su dudoso cometido y les dio por acosar, literalmente, a cargos públicos y representantes de formaciones políticas, al salir de sus lugares de reunión o de sus puestos de trabajo. Acosar y provocar, que eso se nota en seguida.
Falta hacía, siquiera en forma de tregua no escrita, como igual de necesario era que alguien tomase la iniciativa y tratara de racionalizar, o más que eso, de poner freno a una progresiva degradación que solo abona la cada vez más insufrible convivencia política. Los periodistas, con su universo plural, no estamos para eso, para esa moda peligrosa que ojalá desaparezca.
El caso es que la Federación de las Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha adherido al comunicado emitido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), congratulándose de la respuesta cuyos tintes políticos, naturalmente, no satisfacen a todo el mundo. El pleno del Congreso de los Diputados, reunido días pasados para tomar las primeras decisiones al respecto, rechazó las enmiendas a la totalidad contrarias a la proposición que fueron presentadas por PP y Vox que no están acostumbrados, desde luego, a estos comportamientos -no rebusquemos adjetivos- incívicos. Como se nota que el viento sopla de estribor.
Diferentes colectivos de periodistas -dice la FAPE- han solicitado que el Congreso adopte las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, que nos impiden desarrollar nuestro trabajo con normalidad, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los profesionales de la comunicación a obtener y difundir información veraz para la ciudadanía.
Pues bien, la mayoría parlamentaria rechazó con 174 votos las enmiendas presentadas por PP y VOX, que sumaron 166 votos, con las que pretendían que no se regulara el artículo 98 del Reglamento, en el que se incluyen las normas de comportamiento para los y las profesionales de la información.
La APP celebró que el Congreso de los Diputados inicie la tramitación de esta reforma y lamentó que la demanda de las asociaciones de periodistas más representativas para que las autoridades garanticen el derecho a la información de la ciudadanía, no cuente con el apoyo de PP y Vox. Es importante señalar que la reforma promueve acciones encaminadas a identificar y a diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que operan con fines propagandísticos, de manipulación o desestabilización y la intención es que pueda salir adelante en el próximo pleno y entrar ya en vigor para el siguiente periodo de sesiones, tras el verano.
El caso es que estamos ante un nuevo escenario en el que se han colado quienes prefieren el alboroto y el batiburrillo andariego. El reglamento que se reforma debe tener en cuenta la aparición de los dispositivos móviles y el progresivo uso de las redes sociales, sin olvidar fenómenos como el crecimiento del denominado periodismo ciudadano y la distorsión del debate público con la proliferación de noticias falsas o bulos, tendenciosas y manipuladas, con una intencionalidad perversa. Si hay hechos que están desfasados, la reforma es el momento adecuado para actualizar conceptos y métodos.
Porque el periodismo no puede ser desacreditado por quienes han confundido los cables o los papeles.
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