miércoles, 31 de julio de 2013

LA ACTUALIDAD SE CREA

Debemos ser de los últimos en estirar el monstruo del lago Ness cuando llegaba el verano, se despoblaba la redacción y había que hacer filigranas para llenar las páginas. El monstruo era recurrente y servía hasta para un espacio en primera. De sucesos, con testimonios inverosímiles, saltaba a la última, incluso como reportaje de cierre. Hasta que un día llegó Carlos Luis Álvarez, Cándido, y sentenció: “La actualidad no existe. Se crea”.
    Y entonces nos dimos cuenta de que Nessie, o como se llamara, tenía los días contados o que no iba a durar toda la vida, todos los estíos, cuando la política se iba de vacaciones, la Administración se paralizaba, las protestas sociales disminuían, aparecía algún famoso, alguna rueda de prensa parecía convocatoria equivocada, los montes sorteaban como podían los incendios y las fiestas locales salvaban la papeleta.
    El monstruo languideció mientras la muchachada de prácticas paría ideas y salía a la calle a curtirse. A otros les tocaba corregir teletipos. La celebración del 15 de agosto, en Candelaria, con su peregrinación y su peculiar fervor, marcaba un horizonte, tal es así que algún redactor-jefe se preguntaba con qué cubriremos después que se vaya la Virgen. El balón echaba a rodar y entre las presentaciones y los trofeos veraniegos, la cosa como que se animaba un poco, a la espera de que se iniciaran las competiciones oficiales. Después, la lluvia de estrellas, las perseidas traducidas en las lágrimas de San Lorenzo. Y los preparativos del nuevo curso escolar. Y alguna actuación musical. Y las fotos de mayor tamaño para completar el espacio.
    Con eso, con muy pocos hechos noticiosos y con lo que se pudiera interpretar como informativamente trascendente, había que fabricar la actualidad. El mes discurría lento y caluroso hasta el desespero. Pero las redacciones rezumaban frescura y juventud, plagadas de redactores vocacionales o de forzosas prácticas que aguardaban una oportunidad, se labraban un porvenir, acreditaban sus habilidades y se ilusionaban con ver su nombre impreso al comienzo de una información o al pie de una entrevista. Cuando contaban en voz alta las peripecias o algunas de las circunstancias que concurrían para cubrir una información, se palpaba la inexperiencia. Eran los novatos en estado puro. Cuando hacían un ejercicio comparativo con el tratamiento de la competencia, empezaban a entender claves y cosas, comenzaban a crecer periodísticamente hablando.
    Así fue muriendo el monstruo. Y así surgieron otros tópicos que ya son nostalgia o recuerdo a secas, aunque otros se resisten a abandonar el espacio que parece corresponderles.

Ahora el presidente del Gobierno comparece en sede parlamentaria el primer día del vacacional y festivo agosto. Y con esos mimbres, por seguir a Cándido, habrá que crear la actualidad. Ahí radica la agudeza periodística, el olfato del oficio.  

martes, 30 de julio de 2013

DESIDIA

Ponemos atención a lo que sucede en Detroit (USA), una ciudad arruinada, según definición mediática, y no reparamos en que, salvando las distancias, el número de habitantes y los sostenes productivos, tenemos al alcance, o convivimos para ser exactos, con ejemplos de abandono o cierres de establecimientos que, independientemente de reflejar la decadencia de una ciudad, hacen temer por el futuro de la misma, principalmente a partir de sus señas de identidad o de su personalidad urbanística.
            Lo contrastamos en el paso por la calle San Juan del Puerto de la Cruz, donde el exterior de la Casa Iriarte, frente al palacio de Ventoso y la plaza Concejil, es un canto vivo a la desidia. Es un impacto antiestético, a primera vista. Después, todo lo que se quiera colgar: ni la condición céntrica del inmueble impide que haya sobrevivido a la crisis. De no haber sido por los trabajos de pintado y adecentamiento de fachadas del último plan específico desarrollado en el centro de la ciudad, que ha servido de atenuante, ahora estaríamos hablando de un monumento al abandono y a la indigencia.
            La Casa Iriarte es un arquetipo de la arquitectura tradicional canaria. Construida a finales del siglo XVIII, en ella nacieron los hermanos Iriarte, destacados, como se sabe, por su tarea literaria y política. Otra poderosa razón para haber hecho hincapié en las tareas de conservación y mantenimiento. Pero este concepto, en el Puerto, es la asignatura que nunca se aprobará. La edificación, durante décadas, albergó un museo naval de apreciables dimensiones y una tienda de artesanía, productos típicos y souvenirs. Llamada a ser un edificio emblemático, sin duda, Casa Iriarte, si la memoria no es infiel, ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico. El Consorcio de Rehabilitación Turística también la ha incluido en sus fichas de conservación o recuperación, junto a otras edificaciones, a la espera de priorizar intervenciones, supeditadas, naturalmente, a las circunstancias.
Con todos esos valores, el inmueble, de propiedad privada, se cae, se pierde en los insondables vericuetos del abandono. Aquella no habrá podido hacer frente al mantenimiento y al desgaste, no habrá gestionado adecuadamente los recursos para subsistir. Y las instituciones públicas, apremiadas por otras circunstancias, han carecido de visión, de capacidad y de perspectivas de futuro para salvar, en este caso, una casona canaria de tipo palaciego de alto valor histórico, indispensable para interpretar la personalidad urbanística del municipio.

            El problema, ya se sabe, es que pasa el tiempo y eso, salvo algún golpe favorable, hace más complicada cualquier iniciativa de solución. Eso es lo grave: que independientemente del deprimente aspecto exterior que ahora exhibe, se pierda para siempre. Donde nacieron los Iriarte, ni más ni menos.

lunes, 29 de julio de 2013

PARA TEMBLAR

Fue un mal día para el municipalismo. Y bueno para los empresarios que aguardaban la decisión del gobierno para fraguar el acceso a nuevas concesiones del sector público, en este caso, las concentradas en el marco de los servicios sociales municipales, allí donde hasta el momento, en la mayoría de los municipios, predominaba la gestión directa, la misma que alcaldes y ediles habían fabricado, con gran esfuerzo, desde 1979.
            El Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sin consenso, tras un largo proceso de negociación en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el primer partido de la oposición (PSOE). Se consumó así, a la espera del trámite parlamentario de enmiendas, un propósito de revisar las bases del régimen local con un sesgo ideológico evidente que prima sobre el interés general mismo de actualizar una norma que, lejos de contentar a quienes trabajan en el ámbito municipalista (incluidos los representantes del propio partido gubernamental), les confunde y les conduce, especialmente en lo que concierne a las prestaciones de los servicios sociales, a un horizonte muy incierto.
            Es natural, por tanto, el rechazo de organizaciones políticas, sindicales y sociales que, a partir del próximo otoño, desplegarán acciones con tal de introducir mejoras en el texto de la nueva Ley. El ejecutivo, consciente de que el tiempo se le echa encima, intentará apretar el ritmo de aprobación. Ya veremos si cueste lo que cueste o, por el contrario, hay una voluntad de ceder con tal de salvar los muebles. Difícil lo tiene: siendo bien pensados, se diría que es la gran oportunidad de demostrar que no hay intenciones de un nuevo giro del rodillo de la mayoría absolutista. Pero…
            Quienes hemos hecho seguimiento de este asunto, desde que se fraguó, no hemos de extrañarnos de la decisión del Gobierno, al que poco parecen importar las preocupaciones de las Comunidades Autónomas, las críticas sobre la vulneración del principio de la autonomía municipal, el futuro de los ayuntamientos pequeños (menos de diez mil habitantes) y la incertidumbre que envuelve a los profesionales del sector de servicios sociales, unos setenta mil que asisten a 2,6 millones de personas. Bueno, en realidad: si el dictamen del Consejo de Estado apenas ha sido tenido en consideración, qué le va a importar al ejecutivo. Y eso que llegó a hablar el citado Consejo de “intervencionismo gubernamental abusivo”.
            Ni clarifica la reasignación competencial ni evita duplicidades ni resuelve los problemas de financiación. Para colmo, es probable que destruya empleo. La nueva Ley, con su pomposa denominación, restringe la autonomía y la democracia participativa local. Por lo tanto, un retroceso. Normal el clamor de protesta de los municipalistas, de quienes se han tragado lo local desde la restauración de los ayuntamientos democráticos y fueron capaces, a lo largo de sucesivos mandatos, de crear estructuras por las que nunca se interesó la iniciativa privada. Ahora, son más que evidentes los riesgos de supresión o reducción a la mínima expresión de servicios sociales, escuelas infantiles y apoyo educativo, ayuda a la dependencia, centros de información a la mujer, actividades culturales, recreativas o deportivas o la misma protección a los consumidores.
            ¿Serán los ediles y los ciudadanos conscientes de lo que se avecina? La privatización o gestión indirecta de los servicios significará, en la práctica, un aumento de las tarifas y la ausencia de canales de participación y control por parte de la ciudadanía. Y sin garantías, claro, de que mejoren las prestaciones, cuantitativa y cualitativamente.
            Ya escribimos sobre el criterio ultraeconomicista en que se basa el Gobierno para seguir adelante con esta Ley: el previsible ahorro -¿de dónde sale?- de ocho mil millones de euros en los próximos años. Pero se castiga a los ayuntamientos, las instituciones que mejor han sobrellevado los objetivos de contención del déficit público. Y ahora se les pone el caramelo de estimular o premiar a los que se fusionen.
            Agosto, teóricamente, sosegará los ánimos de quienes han venido expresando sus divergencias con la nueva normativa local. Harían bien en ir aunando esfuerzos para aglutinarse ante un hecho que pueden y deben probar: otro municipalismo es posible. El que se vislumbra con esta norma, desde luego, es para echarse a temblar.


viernes, 26 de julio de 2013

SAN TELMO, UN ADIÓS A LA INDOLENCIA

Lleno total en el salón de plenos del Ayuntamiento (Alguien, con sorna, pidió que incrementasen el aire acondicionado). Ganas de hablar. Y de participar. Ausencias de alcalde y concejal-delegado de Urbanismo. Técnicos y ejecutivos algo impresionados por el ambiente que, salvo incidentes de poca monta y algún momento de tensión, discurrió correctamente. Se echó en falta también a los técnicos municipales, salvo que no se cuente con ellos o no tengan nada que decir. Gente de toda condición. Muchos jóvenes. Y también, ‘santelmeros’ de toda la vida. Allí, queriendo enterarse de qué va a pasar con este rincón identitario del municipio.
         Se diría que algo se mueve en el Puerto. Cuando la población parecía anestesiada y que había perdido el espíritu crítico y de disconformidad permanente que tanto la ha caracterizado, algunos asuntos han agitado su sensibilidad. En el presente mandato, por ejemplo, se movió por la cabalgata de Reyes, harta de aquel bajísimo nivel que ahuyentó a centenares de familias hacia otras localidades. Y transformó para bien la cosa. También lo hizo por otro móvil festero, la jornada de la embarcación de la Virgen del Carmen, reconviniendo el desmadre en que se había convertido. El gobierno local hizo lo que tenía que hacer: prevenir, educar y advertir. La fiesta la hace el pueblo pero hay que saber cultivar el civismo y la sana diversión. De ahí resulta el beneficio colectivo.
         Y ahora el proyecto de remozamiento del paseo San Telmo, una de las tres arterias de las zonas turísticas de Tenerife más transitadas, ha logrado que la gente se movilice y se interese, hasta el punto de llenar el salón de actos del Ayuntamiento en una calurosísima tarde veraniega, de recoger más de mil firmas que expresan su desacuerdo (al menos parcial) con algunos de los contenidos y de presentar más de cuatrocientas alegaciones que, independientemente de su mayor o menor enjundia, ponen a prueba la capacidad de respuesta de los portuenses. Para quien ofició de pregonero hace pocas fechas y hacía como tal una apelación al espíritu participativo de la población, esta respuesta no puede ser más satisfactoria.
         Los responsables de la actuación proyectada habrán interpretado de inmediato que no las tienen todas consigo. Más allá del debate sobre el muro y su valor histórico -la solución de la baranda de alambres de acero para dar sentido a la filosofía de abrirse al mar no gusta o no convence-, preocupan -hasta el rechazo en algunos casos- un voladizo donde la vía más se estrecha, la carencia de una solución técnica para sortear las escalinatas próximas a la plaza de la ermita (y que obligaría a un recorrido alternativo por la calle La Hoya, hecho que disgusta, evidentemente) y también la conformación del pavimento y los precios de los materiales de mobiliario o elementos de vegetación.
         Podrá resultar todo lo difícil que se quiera pero algunas de las apreciaciones manifestadas tendrán que ser estimadas. Porque hubo intervenciones muy juiciosas, patentes conocedoras del proyecto, reveladoras del amor por este rincón del municipio y de la necesidad de acometer estas intervenciones, incluso desde la objeción, en un clima racional de receptividad entre las instituciones promotoras y los administrados. Para eso es la participación ciudadana. Para informarse adecuadamente y anular la indolencia. Y todos los canales que se abran para impulsarla y mejorarla serán bienvenidos.
         Queda también la duda de la oportunidad, si no hay otras cosas que afrontar en la ciudad más apremiantes. Y de cuál será el grado de resistencia de los establecimientos y comercios si las obras se prolongan. Y si el mantenimiento será al que estamos acostumbrados en la ciudad, o sea, escaso o ninguno.
         Pero la iniciativa, que cuenta con ficha financiera, debe seguir su curso, pasada la temporada estival. Las decisiones de ahora, de las próximas semanas, serán determinantes para proyectar el San Telmo de todos. Hay que acercar posiciones.

         Porque ese, despertada la sensibilidad y contrastada la respuesta -ojalá cunda el ejemplo-,  es el objetivo.  

martes, 23 de julio de 2013

MENSAJE ULTRAECONOMICISTA

Pues no, tampoco fue el viernes pasado cuando el consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se aguardaba con interés, especialmente en el ámbito municipalista, pero quedó para otra ocasión. Se ha cruzado el ecuador del mandato y se suponía, independientemente del curso de la tramitación parlamentaria, que era un tiempo apto, aunque insuficiente, para que los ayuntamientos, por un lado, hiciesen preparativos de futuro, adaptándose a la nueva normativa; y para que, los partidos políticos, por otro, elaborasen estrategias y fijasen posiciones en orden a superar notables incertidumbres que envuelven la próxima convocatoria de comicios locales en 2015.
            Hasta el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, aunque cauto, se había mostrado esperanzado de que se concretara alguno de los tímidos avances derivados del largo y tortuoso proceso de negociación en el que las opciones políticas progresistas y nacionalistas, por cierto, han hecho sonar tambores de disconformidad. El presidente de los alcaldes españoles valoró esos avances, principalmente en lo que concierne a “la definición del coste estándar, que pasaría a ser un elemento de referencia y que con ello se suprimirían todas las grandes preocupaciones que existían en cuanto a la pérdida de competencias”. Sin embargo, la asunción de éstas por parte de una institución supramunicipal o la forma de prestar los servicios mantienen unas incógnitas muy acentuadas. Sigue sin estar claro, desde luego, ese coste, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los municipios.
            Ya hemos comentado que el dictamen del Consejo de Estado fue un auténtico varapalo para el Gobierno. A ver cómo encajan sus directrices después de haber concluido que se producía el menoscabo del principio de la autonomía municipal y después de la incidencia que en el desenvolvimiento de las corporaciones locales han tenido en el presente mandato la Ley de Estabilidad Presupuestaria y unos planes de ajuste orientados a la materialización de pagos a proveedores.
            Y a ver qué se hace con esos criterios tan restrictivos o tan reduccionistas a la hora de concebir el municipalismo del futuro. Al Gobierno le obsesiona el ahorro, la austeridad. Y así lo ha reflejado en el texto original. Pero tengamos presente que de los ocho mil ciento dieciséis ayuntamientos españoles, seis mil ochocientos cincuenta tienen una población inferior a cinco mil habitantes. Hay que consignar que frente a la realidad de varios casos en los que alcaldes cobran más que el presidente del Gobierno o los ministros, en esos miles de consistorios o no se cobra o se cobra muy poco.
            Ha sido el mensaje ultraeconomicista del ejecutivo: reducir para ahorrar. Pero la supresión de concejalías sólo acarreará una representatividad menguada y menos pluralidad en las instituciones. Se resentirá la democracia. Habrá menos participación. ¿Es eso lo que quiere el Partido Popular? Todas esas mermas repercutirán, por supuesto, en partidos pequeños, en agrupaciones de electores, en formaciones de ámbito localista a las que resultará muy complicado poder desarrollar los cometidos que parte de la ciudadanía les pueda haber confiado.

            Tras el nuevo aplazamiento de la reforma local, la incertidumbre se sigue multiplicando. Todo hace suponer que, sin consensos básicos, y con el Gobierno ocupado en otros menesteres prioritarios, la evolución de la tramitación en las Cortes puede ser un proceso largo y tortuoso que complique aún más el porvenir de la institucionalidad local española.

lunes, 22 de julio de 2013

OSCURO PORVENIR


Mientras medio país no ve la hora de abrir los paréntesis vacacionales y el otro medio soporta con estoica resignación la duda de si Rajoy comparece o no en el Parlamento -no quedan tan lejos los tiempos en que quienes ahora se muestran reticentes, entonces decían que el felipismo tenía secuestrado el Parlamento- van pasando inadvertidas informaciones que, de verdad, ponen los pelos como escarpias de no adaptarse medidas correctoras, pensando sobre todo en el futuro que hay que ganar a base de competitividad; y sobre todo, porque hacen que vuelva a ennegrecerse el túnel cuando, en un derroche de optimismo, algunos ya veían la luz. Será porque han subido las tarifas, por cierto. No porque problemas apremiantes hayan encontrado solución.

            Es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que más de cien directores de centros han señalado, con rotundidad, que las restricciones en investigación determinan que no se llegue a fin de año. Ya el presidente del Consejo, Emilio Lora-Tamayo, alertó sobre la delicada situación del organismo que sufrió sus primeros achaques con el gobierno anterior. El actual parece haberlo colocado en el peor y más desesperado de los escenarios, tal es así que o aparecen cien millones de euros de financiación pública o el colapso será incontenible hasta el punto de que se producirá el cierre físico de las instalaciones del Consejo. Los directores han sido radicales y han dirigido una comunicación a la secretaria de Estado de Ciencia, Carmen Vela, en la que advierten que ya no se puede más: o llegan urgentemente las transferencias para los programas de investigación más desarrollo más innovación o la situación será irreversible.

            Y esta es la realidad de algo tan serio como el ámbito científico. Mientras prosigue el alarde millonario de los fichajes balompédicos. No bastaron las voces de alerta de especialistas -algún premio Nobel incluido- ni de la Comisión Europea ni aquellas imágenes de hace unos meses cuando algunos profesores universitarios decidieron impartir clases al aire libre en plazas y puntos de Madrid, antecedentes de este llamamiento desesperado de los investigadores y científicos españoles que vislumbran lo peor. Porque esos cien millones servirán para abonar deudas y obligaciones apremiantes. Después, de persistir las actuales circunstancias, sabe Dios lo que pasará.

            Es decisivo lo que está en juego. El CSIC registra el 19% de la producción científica total. Y aquí no podrá hablarse de cambio de modelo productivo ni de otros planteamientos sobre desarrollo y avances en campos del saber mientras prevalezcan estas circunstancias tan limitativas. Es curioso: cuando en otros territorios se habla de nuevas tendencias para crecer, cambiando, de paso, la estrategia científica, aquí se dependa de la sensibilidad de un Gobierno que ponga sobre la mesa cien millones de euros para pagar liquidar deudas.

            Vaya porvenir.

viernes, 19 de julio de 2013

CENTENARIO DE UN VUELO

Pues son cien años. Y un centenario no puede pasar inadvertido. De modo que habrá que agradecer la iniciativa de Daniel Kelher y Nasser El Mahdi que, con muy pocos medios y en un tiempo récord, han sido capaces de alumbrar una modesta pero llamativa exposición sobre la evolución de la aviación en la isla, a partir, precisamente, de aquel vuelo protagonizado por el francés Maurice Poumet pilotando El Borel, un monoplano biplaza con hélice impulsora, de 12,20 metros de superficie alar y un motor rotativo de 80 C.V.
        La exposición, que puede contemplarse en la Casa de la Juventud, es una apretada historia de la aviación, desde sus inicios. Con la aportación de las mujeres, con hitos, hazañas, héroes y protagonistas. Hasta llegar a la construcción del aeropuerto Tenerife-Norte Los Rodeos, tal como hoy se le conoce. El Aeroclub de Tenerife ha cedido para la ocasión unas extraordinarias fotografías que, junto a otros cuadros, objetos y maquetas nos permiten trazar la hoja de ruta de la aviación más cercana. “Sin aviones, no hay turismo”, enfatizó uno de los promotores para condensar la decisiva importancia que ha tenido en el primer sector productivo de nuestra economía.
        Pues son cien años, en efecto, de aquel primer vuelo de Poumet, ponderado en la interesantísima presentación de Melchor Hernández Castilla que alumbró aspectos históricos de aquel acontecimiento que se plasma después de unos vuelos –digamos de ensayo, aunque en aquella época todo tenía mucho de experimentación- operados durante los meses de abril y mayo de 1913 en Gran Canaria y Tenerife.
        Relata Hernández Castilla que aquellos vuelos produjeron tal entusiasmo que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, bajo la presidencia de Marcos Baeza Carrillo y la secretaría de Nicolás Redecilla, decide celebrar un festival durante las fiestas que entonces se hacían en honor al Gran Poder de Dios exclusivamente. La colaboración del presidente de la comisión de fiestas, Antonio Pérez Hernández, y de los comerciantes Antonio Topham y Aurelio López, fue decisiva.
        Para el evento fue construida una pista entre el cauce del barranco San Felipe y la trasera del cementerio católico de San Carlos. Es fácil imaginarlo: aquél fue todo un acontecimiento. Fueron construidos unos graderíos: todo el pueblo y gente de localidades limítrofes estaban allí. Las bandas de música de La Orotava e Icod de los Vinos acompañaron. Los espectadores no salían de su asombro: el vuelo del primer día duró unos ocho minutos y el segundo, veinte. Se calcula que el monoplano pudo elevarse unos quinientos metros. Un apunte de las informaciones que se tienen de aquel adelanto aéreo revolucionario lo aporta el jefe del Observatorio de la Cañada de la Grieta, señor Loma, asistente a la exhibición: hay que prender una hoguera con leña húmeda para que por el humo pudiera saber el piloto Maurice Poumet la dirección del viento en la toma de tierra.
        El propio Melchor Hernández señaló que un año después, en 1914, otro francés, Lucien Dermasel, sobrevoló nuevamente el valle de La Orotava, partiendo de la explanada junto al portuense barranco San Felipe. Al concluir la prueba, el piloto es informado de la situación en su país, a punto de entrar en guerra con Alemania, y decide marcharse a toda prisa de la isla. Abandonó el avión que había pilotado. Según el presentador, el motor se conservaba en el museo de automóviles antiguos de la empresa radicada en la ciudad,  Hernández Hermanos.

        Su reivindicación final, renovadora de la que ya formulara Melecio Hernández Pérez en 1988 y apoyada por los promotores de esta exposición en cuyo montaje colaboró decisivamente el equipo municipal de juventud, es que con motivo del primer centenario de este vuelo, en la próxima edición de las Fiestas de Julio sea erigido un monolito en las proximidades de la explanada habilitada entonces y que, con la adecuada inscripción, perpetúe el acontecimiento.

jueves, 18 de julio de 2013

SALVEMOS SAN TELMO

“Salvemos San Telmo”: eso era lo que podía leerse en aquella sábana que colgaba del pequeño balcón de una vivienda. Un policía local –cumpliendo órdenes, seguro- se presentó en la casa y solicitó la retirada a su propietaria, amparándose en un artículo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.
        A alguien, a algunos molesta que los ciudadanos tengan sensibilidad e inicien, con rudimentarios e inocuos métodos a su alcance, una particular cruzada a favor de una causa respetable: impedir el derribo o la sustitución de un muro que tiene sus valores históricos y ha cumplido una función social. Fijarse bien: la propietaria de la vivienda, la autora del mensaje o de la pancarta, no recurrió a escraches, no alteró el orden, no hizo llamamientos a la desobediencia, no insultó, no descalificó: se limitó a decir, con voz propia, desde su casa, que discrepa de un proyecto, que quiere salvar un sitio emblemático de los portuenses, de la ciudad cosmopolita donde ahora, qué cosas, intentan impedir que exprese esa idea. Guardarlo de una remodelación discutible. Pretende, como otros ‘santelmeros’ y otros muchos ciudadanos, que se respete lo esencial.
        Es llamativo que un gobierno local se haya embarcado en esta torpeza y haya determinado retirar una pancarta cuando, desde hace años, son centenares, por no decir miles, los letreros, banderines y carteles que pueblan las vías portuenses que no cuentan con la debida autorización.  Y lo que es peor, cuando la mayoría infringe el ordenamiento: por formas, medidas o inadecuada instalación. Por no hablar de la anarquía que impera en la ocupación de la vía pública que ha puesto en peligro el propio tránsito peatonal en distintos puntos de la ciudad. Y por no mencionar la cantidad de edificaciones donde desde el exterior se ve ropa tendida, antenas y utensilios de la más variada naturaleza. Sin que pase nada.
        O sea, que con tales –digamos- irregularidades, con esa pléyade de infracciones, vista gorda, tolerancia, indiferencia, indolencia… Pero con alguien que desde un balcón propio lanza un mensaje constructivo y apela a la conciencia colectiva, un guardia en la puerta y una orden de retirada de la pancarta, pretextando, para salvar el Estado de derecho, una ordenanza municipal. Sentado el precedente –supongamos que se quería evitar la proliferación de este método- ya no tiene otra opción que ser igual de exigente con la multitud de casos que se dan en el ámbito urbanístico.
        Como siempre, decisiones de este tipo, y máxime en los tiempos que corren, despiertan sentimientos paradójicos. El gobierno local ha contribuido a estimular la sensibilidad ciudadana, ha acentuado el interés hasta de quienes no sintiéndose vinculados a San Telmo, ya estampan sus rúbricas en pliegos de firmas y se sienten impelidos a participar en reuniones o presentar alegaciones. O sea, que lejos de acabar con una inquietud retirando una pancarta, ha hecho que aumenten las simpatías hacia esa “salvación”, como no hay más que comprobar en el curso de estos días en las redes sociales.
        No había necesidad de acreditar autoridad –en todo caso, qué fácil es obrar de esa manera- ni de arriesgarse a ser acusados –como ha ocurrido- de impedir la libertad de expresión. “Salvemos San Telmo” es una aspiración ciudadana merecedora de respeto. Dejar la sábana allí, con su mensaje, no tenía más complicaciones derivadas que otros secundaran la iniciativa. Y hubiera sido formidable, créanlo, en un municipio donde durante mucho tiempo sus habitantes pasaron de los afanes participativos a la indolencia y a la anestesia social, comprobar que se multiplicaban las pancartas con el mismo mensaje.
        Porque hubiera sido una señal, solo una señal, de que se había recuperado la autoestima.

        En fin, va a ser que sí: Salvemos San Telmo.

miércoles, 17 de julio de 2013

UNA DESPEDIDA QUE DUELE

Se va José María Izquierdo, se va El catavenenos. Con el ceño fruncido.

Cuando más falta hacía. Ya cerró El ojo izquierdo, al menos en las páginas del diario El País, donde nos obsequiaba con el más lúcido y certero análisis de lo que hemos dado en llamar el derecho mediático. Sus extractos, sus análisis, no exentos de ironía caústica, esa que termina descabalando a quienes derrochan sin miramientos su antisocialismo.

Se ha despedido, ha puesto punto final a una singular revista de prensa que nos permitía escrutar los intríngulis del espectro mediático conservador, ese donde también habitan especies ultra, esas que lucen el radicalismo por montera.

Qué desconsuelo José María. Qué faena. Qué será de nosotros…
Tendremos que conformarnos con esa aparición radiofónica. Algo es algo.

Juan Cruz Ruiz hizo en su día, cuando Izquierdo publicó una serie en uno de los dominicales de El País, una atinada definición del estilo del columnista y de los contenidos de sus textos. “La serie -escribe Cruz Ruiz- pone de manifiesto una realidad verbal apabullante, exponerla es un servicio público de gran interés, y por tanto este ejercicio de periodismo del maestro Izquierdo es una importancia social extraordinaria… Es un retrato de lo falaz. Y un ejemplo de periodismo bien hecho”.

La rubricaba el laureado paisano con un post ilustrativo: “Me parece que la serie de Izquierdo es una contribución a la higiene nacional y deberían darle algún premio en Sanidad”.

Alguien tenía que escribirlo y fue José María Izquierdo el que tuvo visión para hacerlo. Alguien tenía que poner al descubierto los pliegues y las entretelas del derechío mediático. La verdad: gozábamos a diario con esa selección de textos y portadas (las fachadas) que condensaban el pensamiento y la expresión de un modo de entender la política y su traducción en las páginas impresas.

Izquierdo no la conoce pero una frase que acuñamos hace tiempo viene pintiparada para su estilo, para su ojo izquierdo ya cerrado y para esa última gota de rencores que cató con tanto acierto: “En la derecha, todos se saben lo de todos. Y cuando salta la chispa, puede pasar cualquier cosa”.

 La fiel infantería, como la llamaba en ocasiones  -en otras prefería los cornetas del apocalipsis y más recientemente, el escuadrón rajoyista- estará brindando, porque para ellos Bárcenas no es nada. A quien le temen -temían- de verdad es a El ojo izquierdo. Por lo que nosotros, pañuelo en ristre, empezamos a llorar tu ausencia.


martes, 16 de julio de 2013

DISTINCIONES TURÍSTICAS

Pocas veces se puede estar más de acuerdo con unas distinciones como las que ha concedido este año el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) del Puerto de la Cruz. Trata la entidad, desde hace muchos años, de reconocer la dedicación y el empeño de los operadores turísticos, colectivos o individuales, que han acreditado su empeño, su sensibilidad y su dedicación. Es una manera de premiar su quehacer y de estimular el de compañeros, herederos y allegados: el turismo necesita precisamente de estímulos que mantengan aquellas cualidades que han contribuido a hacer del Puerto de la Cruz un destino diferenciado.
Por eso, recibe el oro Juan Farráis Rodríguez, propietario del hotel Rui Garoé, uno de los últimos establecimientos construidos en la ciudad. “Por su valiosa aportación al Puerto de la Cruz, con un hotel de referencia en sus instalaciones y en la calidad de servicios”.
Y las medallas de plata son para dos profesionales del sector que se han dejado la piel con tal de elevar el nivel de la oferta turística portuense. Dos personas incansables cada vez que se plantea una promoción. Dos expertos que conocen muy bien tanto las interioridades del producto local como las demandas de quienes lo visitan.
John Lucas Carruther, en ese Sitio Litre siempre encantador, en ese espacio lleno de historia y de sabor atrayente cualquier día del año, donde el visitante es transportado a un lugar idílico, Lucas ha acreditado una sobresaliente trayectoria profesional. Pero también el CIT reconoce en su distinción “su colaboración altruista en el desarrollo del turismo en el Puerto de la Cruz”. Y esas son palabras mayores en nuestro tiempo: colaboración altruista.
Las mismas palabras son de aplicación para José Enrique López-Perea, siempre vigilante a las aspas de su Molino Blanco con las que procurado dar aire a un destino a cuya decadencia se opone con los recursos más nobles que encuentra a su alcance. A López-Perea le reconocen su trabajo en el sector hotelero “y su permanente colaboración con el desarrollo del turismo local”. Siempre ha estado ahí, en promociones, proyectos, alegaciones… cuando más se le ha necesitado y cuando otros escurrían el bulto.
Una mención también para las distinciones honoríficas: a la cooperativa de taxis San Telmo, a Antonio Marrero Ríos y a Fernando Ortí, empeñados todos en que la llama turística del Puerto de la Cruz permanezca encendida. Su esfuerzo, durante años, en algunos casos día a día, ha sido considerable: bien merecen estas distinciones honoríficas anuales del CIT.



lunes, 15 de julio de 2013

INSULTAR A LOS POLÍTICOS

Un niño de diez años, sin apariencia de superdotado, que participaba en la versión infantil de un popular concurso televisivo, fue preguntado por las cosas que más le gustaba hacer. Y su respuesta fue terminante:
            -Dibujar, jugar e insultar a los políticos.
            Normal que el presentador se sorprendiera con una sonrisa para la ocasión y con una apreciable extrañeza. No era cuestión de insistir mucho más: el chaval reafirmaba su convicción como si ya estuviera acostumbrado o fuera un consumado profesional de esa preferencia. Como si de una actividad natural se tratare: insultar a los políticos. Y se quedó tan pancho.
            Aunque confiemos en lo aislado del caso, es llamativo que entre niños pueda tenerse esa percepción y, encima, multiplicarla en un espacio televisivo. Que a sus apetencias naturales y propias de la edad, hayan unido la descalificación y el reproche insultante a los políticos, a los que ven salir en televisión, a los que identifican por la calle si de su ámbito más próximo se tercia, resulta muy inquietante.
            Lo fácil es decir que estamos ante otra prueba del descrédito ganado a pulso por determinados personajes o cargos públicos a lo largo de los últimos tiempos. Otra demostración de la desafección hacia la política o la cosa pública acumulada en todas las capas sociales. El ejemplo palpable de que estamos ante una actividad desacreditada hasta el punto de merecer el ingenuo -¿o no tan ingenuo?- reproche de los menores a los que entretiene expresar -seguro que en cualquier ámbito- una maledicencia o malsonancia, una ofensa pues.
            Pero no cabe una resignación sin más. Y mucho menos si, preguntado el chico dónde aprendió eso, responda que en la tele, o que lo dijo tal o cual locutor/predicador. La política es algo tan serio que debe corregirse o erradicarse de inmediato cualquier conducta tendente a su descrédito, a su denigración. Máxime cuando a tan temprana edad se tienen señales claras de su rechazo. Y los políticos deben ser conscientes de que sus actuaciones han de inspirar más confianza si no quieren que el irrespeto empiece a alcanzar niveles irreversibles. Claro que es malo que los niños se tomen su papel o su profesión como el del concurso aludido. No es que se empiece bromeando o contando chistes, que eso ha sucedido toda la vida; sino que se insulte directamente a quienes representan la voluntad popular o ejercen una función pública merecedora de consideración.

            Es curioso: cuando algunos creíamos que la democracia iba a madurar y tendría mecanismos o resortes para evitar ciertas situaciones, resulta lo contrario. Pensar que suprimieron aquella asignatura, “Educación para la ciudadanía”… Pobre política: padres y madres, educadores: no dejen que los niños insulten a los políticos.

sábado, 13 de julio de 2013

UNA REIVINDICACIÓN

Una reivindicación en el curso del pregón. Un llamamiento para entender mejor la historia local y acercarnos a ella. Un testimonio del pasado por descubrir. Esto fue lo que escribimos:
Se acerca al final la propuesta del pregonero que anuncia que el próximo año se cumplirán noventa y tres del descubrimiento, en el antiguo convento de las monjas catalinas, en la plaza de la Iglesia, del extraordinario tapiz que recrea la fundación de la ciudad, obra de la insigne portuense Lía Tavío y cuyo boceto se debe al historiador y cronista oficial de la ciudad, Francisco Pedro Montes de Oca García. Un voraz incendio, en febrero de 1925, destruyó el tapiz que adornaba sus paredes. No hay fotos ni copias del mismo. Queda una referencia publicada en diciembre de 1921 en La Gaceta de Tenerife que describe la belleza de la obra. Dice así:
“Dicho acto de fundación está perfectamente de acuerdo con lo que nos relatan los documentos sobre los ritos y ceremonias que en aquellos tiempos acostumbraban hacerse en las fundaciones de pueblos, no sólo en Canarias, sino en Indias, interviniendo en dicho acto los personajes y autoridades que solían asistir a estas fundaciones. En el tapiz aparece el fundador Antonio Lutzardo y Franchy, y el escribano del Cabildo Cabreja, quien da lectura al documento de fundación.
 
En dicho cuadro aparece el «rollo» que -según rezan viejas crónicas- era de barro y cañas. Dicho tapiz manifiesta perfecto conocimiento de la flora de aquellos tiempos, así como también de la indumentaria. Surca el mar una carabela de las que solían llegar a esta ribera en busca del malvasía.
 
En el cuadro campea un drago, encarnación de la leyenda y de la tradición. La figura austera de un religioso franciscano, de los que solían asistir a dichos actos, surge en la perspectiva.
Una magnifica guarnición con cuatro dragones, guardadores de las manzanas de oro, es el gran adorno del tapiz…”.
El bisnieto de Francisco Pedro Montes de Oca, Alejandro Carracedo Hernández, ha encontrado en el Fondo del mismo nombre, depositado en la Universidad de La Laguna, el dibujo que, conceptualmente, concuerda con la descripción  señalada. Previas conversaciones orientadas con tal finalidad, parece llegada la hora de la recuperación de tal dibujo que debe lucir, por su valor, en lugar destacado y visible de la sede institucional. De momento, gracias a sus desvelos, es posible observarlo en el sitio digital canarizame.com del que es administrador”.

Frase manida pero recurrente: manos a la obra.



viernes, 12 de julio de 2013

EL TSUNAMI

Es digna de reconocimiento la resistencia estoica de aquellos cargos públicos y militantes del Partido Popular que se esmeran para ofrecer explicaciones, más allá del silencio que debe venir impuesto desde las alturas y que aconsejan las cada vez mayores evidencias de irregularidades en un aspecto de su funcionamiento interno.


Es un ejercicio costoso, no hay duda. Algo más que ir contracorriente, procurando encontrar atajos o desviando los tiros hacia terrenos teóricamente más favorables.

Pero es complicado y es otra consecuencia de una gestión tan extraña como poco acertada de la crisis que alumbró el ex tesorero, a quien algunos de sus compañeros, por cierto, le han anulado la presunción de inocencia, con declaraciones o con descalificaciones que pretenden situarle como responsable exclusivo del desaguisado.

El Partido Popular, sencillamente, se ha visto desbordado por los acontecimientos. El tsunami lo ha envuelto sin que los muros, dique4s y contradiques han servido de contención. Prefirieron una estrategia de dejar pasar y de despachar con declaraciones más o menos afortunadas, sin percatarse de que hay otras partes en juego y de que hasta el fuego amigo podía surtir sus efectos.

El problema, lo hemos sostenido desde hace tiempo, es que en la derecha todos se saben lo de todos y claro, cuando brota la chispa, es difícil impedir y controlar el siniestro. Los acontecimientos más recientes así lo prueban.

Todo es grave, hasta que se pruebe lo contrario, esa conjunción de factores que supuestamente (Floriano dixit) desembocó en una causa general contra el partido. Y dentro de esa gravedad, negar el debate en el Parlamento, bloquear la comparecencia del presidente del Gobierno demuestra no sólo una falta de respeto a la institución (qué tiempos aquellos en los que el PP se ufanaba de querer debatirlo todo en órganos parlamentarios) sino a la misma transparencia que se recomienda, después de todo lo ocurrido, para el conocimiento de los asuntos públicos.

Este lo es: la financiación del partido gubernamental. Interesa a cuantos componen la organización como al conjunto de los ciudadanos, buena parte de los cuales están más que alejados de la política, asqueados. Acumulan demasiados silencios y demasiados errores estratégicos en la gestión de la crisis: el tsunami ha envuelto al Partido Popular y los aliados mediáticos cada vez tienen menos capacidad de resistencia.

Lo peor es que la sombra de sospecha se agiganta por horas.



miércoles, 10 de julio de 2013

INICIATIVA POLÍTICA

Las vueltas de tuerca que hacen cada vez más insostenible la situación del Partido Popular (PP) -solo esta formación política la resistiría en un país de las características de España- hacen que esté pasando inadvertida la posición fijada por el PSOE para lograr un nuevo modelo territorial. Lástima porque es una aportación interesante en el devenir político, condicionado por la crisis. Los ciudadanos esperan de las organizaciones políticas respuestas serias, sólidas, alternativas a concepciones que van quedando desfasadas, a estructuras que han ganado en obsolescencia después de valiosos servicios y a demandas surgidas de las propias exigencias sociales. En ese sentido, los socialistas han dado un paso pensando en los intereses generales, en una nueva hora para el país y también para el propio partido al que se pide, tras su historia centenaria y tras las experiencias acumuladas en los años de gobierno, que esté a la altura de las circunstancias y de las nuevas demandas, sobre todo cuando tanto desafecto hay hacia la política, cuando tanto desencanto y tanto recelos se van amontonando. El examen de las consultas demoscópicas, en efecto, tiene que haber alertado a sus dirigentes.
Esa posición del PSOE se condensa en la propuesta de un Estado más eficaz, más democrático y más integrador. Más que una respuesta a las reformas ideologizadas del PP, lo es al neoliberalismo y a la fiebre privatizadora de sus políticas. La sociedad demanda al socialismo una diferenciación, también en época de crisis y en fase de oposición: en la reunión del Consejo Territorial ha encontrado una opción de reforma constitucional que habrá de incluir el denominado principio de igualdad de todos los ciudadanos a las prestaciones sociales básicas (educación, sanidad y derechos sociales) así como el reconocimiento explícito de dos nuevos derechos: la protección social y el derecho a la salud.
Este marcado acento social de la propuesta socialista precisa de garantías para su aplicación y ésta se contrasta con el establecimiento de un principio de estabilidad social del gasto público que asegure un nivel mínimo de prestaciones públicas y la creación de un Fondo de Garantía del Estado de bienestar para tiempos de crisis.
EL PSOE, ya era hora, toma la iniciativa y ahora habrá de promover un arduo proceso de negociación para intentar alcanzar un nuevo modelo territorial. Frente a las tentaciones rupturistas y a los afanes de recentralización, y ante sus propios problemas internos, lanza un guante que viene a ser una señal de vitalidad en plena desazón política. Más Estado, más derechos, un nuevo modelo de financiación autonómica, transparencia informativa y administrativa y el reconocimiento de los hechos diferenciales son, entre otros, los objetivos a los que se encamina esta propuesta que sirve para empezar a creer, con fundamento, que hay vida política más allá de la cotidiana corrupción.


martes, 9 de julio de 2013

VARAPALO DEL CONSEJO DE ESTADO

O reformula la futura Ley o estará atentando contra nuestra Constitución, poco menos que ha venido a concluir el Consejo de Estado ante el Gobierno en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y aporta, en consecuencia, nuevos y sustantivos elementos a una controversia que, entre el desacuerdo de las formaciones políticas, las estrecheces gubernamentales y las interpretaciones contrapuestas de buena parte del texto articulado, había alcanzado un nivel de incertidumbre que ni la holgada mayoría parlamentaria del Partido Popular (PP), ya puestos, lograba disminuir.
Decimos esto porque, entre otras consideraciones (como por ejemplo, si lo que pretende el Gobierno del Estado, con este Anteproyecto de Ley, es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no era necesaria esta nueva norma: bastaría con la aplicación  de las medidas ya contenidas en la Ley Orgánica del mismo nombre), hay que destacar que el Consejo de Estado hace que se tambaleen los dos principales pilares en los que el Gobierno del Estado asienta el nuevo modelo de régimen local que busca imponer. En otras palabras, desmonta la "línea de flotación" del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Veamos:
Con respecto a la fórmula del coste estándar, el Consejo de Estado es contundente. Lo poco que dice el Anteproyecto de Ley de cómo se llevará a cabo la evaluación del coste de los servicios municipales, remitiéndolo, casi todo, al futuro desarrollo reglamentario, es, en palabras del Consejo, “tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno”.
Para el Consejo, al menos, debería especificarse a quién corresponde la competencia para realizar tal evaluación, precisar los criterios que deben tomarse en consideración para llevarla a cabo y regular, siquiera de forma sucinta, el cauce procedimental a través del cual ha de discurrir esta operación.
La referencia que hace a la necesidad de precisar los criterios para la evaluación no es baladí. Como reclama el municipalismo, el Consejo de Estado reconoce que estamos ante una realidad heterogénea, a partir de la cual sugiere que se introduzcan factores de corrección que atiendan a diversas variables como: la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio.
Pero ahí no queda la cosa. Es más, llega a afirmar que la aplicación del coste estándar "no debería producir el efecto condicionante que se le atribuye, que, en última instancia, puede llegar a suponer una atribución "en precario" a los municipios de su autonomía”. E incluso que "pueda también hacer operar de manera inadecuada las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Huelga decir, por tanto, que estamos ante un duro varapalo al sistema concebido por el Gobierno del Estado.
En cuanto al régimen de traslación de las competencias municipales a favor de los Cabildos insulares,  el Consejo de Estado parte de un hecho, que parece una obviedad: el nuevo régimen "supone un desapoderamiento ‘ex lege’ de las competencias municipales, en favor de la isla", en el caso de Canarias, claro está. Lo que pudiera derivar en un "cuestionamiento de la garantía institucional de la Autonomía Municipal”.
El Consejo de Estado advierte de la incongruencia y diferente trato que se dispensa a los Municipios y a los cabildos ya que se parte de la prestación de los servicios municipales por parte de los Cabildos insulares, cuando los municipios no superen la evaluación de su coste estándar, pero sin tener en cuenta el posible escenario en el que el Cabildo al que haya de encomendarse dicha prestación  "se encuentre en una situación de déficit que puede dificultar o impedir razonablemente asumir la gestión de esos mismos servicios”. En este sentido, el Consejo echa en falta  algún tipo de consecuencias para el caso de incumplimiento, por los cabildos, del coste estándar.
El órgano consultivo advierte que "disponer la supresión de contenidos fundamentales de la Autonomía Local con base en el incumplimiento de un parámetro económico y único (coste estándar), configurado como elemento del que depende la continuidad de la prestación de servicios por parte del municipio, puede afectar negativamente al núcleo esencial de la citada  garantía institucional”.
Pero ahí no queda la cosa, el Consejo "se moja" y reconoce que más que por la traslación de las competencias a los cabildos, el Anteproyecto debería abogar por otras alternativas enfocadas a la asociación voluntaria de municipios (mancomunidades e incluso fusiones), "no solo más respetuosas con la Autonomía Local, sino también con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a “dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Es por ello que invita a su revisión.

Porque el varapalo es de los que hacen época.

lunes, 8 de julio de 2013

UN DICTAMEN RELEVANTE

Se aguardaba con interés el dictamen del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo suficientemente controvertido -hasta los propios alcaldes del Partido Popular han expresado públicamente unas cuantas discrepancias- como para estar muy atentos, tanto a cualquiera de los acuerdos políticos que pudieran alcanzar las formaciones políticas como a las resoluciones de instituciones como el Consejo de Estado que acaba de poner, con ese dictamen, los puntos sobre las íes de algunas materias en las que el Gobierno quería plasmar una reforma muy discutida por el municipalismo en plena crisis. Cuando se atraviesa el ecuador del mandato, la sensación que se va imponiendo es que no va a ser fácil llegar a una entente con el poder local que es consciente de la necesidad de revisar muchos contenidos y unas cuantas estructuras pero que no quiere sobresaltos ni cirugías ideológicas o reduccionistas, so pena de que los vecinos -con los que, a fin de cuentas, van a tener que seguir lidiando- sufran en carne propia las peores consecuencias y terminen huyendo de eso que hemos dado en denominar el centro de poder político más próximo.
            El dictamen es concluyente desde el punto de vista de la merma de la autonomía local, tal como se deriva de algunas disposiciones de la norma. Es un golpe a la línea de flotación del Anteproyecto de Ley: la evaluación del coste estándar de los servicios, por un lado, es considerada una habilitación en blanco al Gobierno; y por otro, la incongruencia y la desigualdad de trato entre municipios y cabildos cuestiona la garantía de ese teóricamente intocable principio de autonomía local. FECAM y FECAI tendrán bastante que decir al respecto en una polémica que se adivina tensa.
También se detiene el Consejo de Estado en otro de los aspectos más llamativos del Anteproyecto como es la recepción de las competencias municipales en materia de sanidad, educación y servicios sociales, en las Comunidades Autónomas. A este respecto, el órgano consultivo lo tiene claro: sus consecuencias son impredecibles. El Anteproyecto no tiene en cuenta, aspecto que critica, que estas competencias "se hayan venido prestando de manera eficaz y eficiente" por parte de los propios Ayuntamientos, advirtiendo del hecho de que "la asunción de estos servicios por las Comunidades Autónomas pueda, en ciertos casos, suponer para ellas un coste adicional que no todas estén en condiciones de sufragar”.

En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a "dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Por consiguiente, que invite el Consejo a la revisión del texto normativo resulta inevitable. Con ese considerando, aunque las partes estén condenadas e entenderse, la solución política se antoja complicada.

sábado, 6 de julio de 2013

EL MURO DE LA DISCORDIA

Aunque no se integre formalmente en el preceptivo período de información pública, el acto convocado en la sala ‘Timanfaya’ por la formación Vecinos por el Puerto fue un excelente impulsor del conocimiento de la actuación que se pretende, mejora y acondicionamiento del paseo San Telmo. El gobierno del Cabildo Insular fijó, en su sesión del pasado lunes 1, un plazo de veinte días hábiles para la presentación de sugerencias y alegaciones. Es de esperar que hayan tomado buena nota los convocantes y los asistentes, principalmente quienes hicieron aportaciones –algunas, muy estimables-, que ahora deben plasmar en el trámite administrativo señalado si es que quieren modificar, como se proponen, algunas directrices del proyecto señalado.
       Hay dos consideraciones básicas que hacer respecto al acto. Una, su desarrollo mismo, a partir de una estimable asistencia entre la que había usuarios habituales de ese singular espacio urbano-marítimo que es San Telmo, representantes de otros grupos políticos corporativos, gente nativa y de otras localidades de distintos segmentos de edad, extranjeros afincados en la ciudad y hasta técnicos que hicieron su evaluación y expusieron sus criterios.
       Primero, una demostración esquemática del proyecto con soporte audiovisual. Después, los testimonios de Melecio Hernández Pérez y Nicolás González Lemus, usuarios del espacio y estudiosos de la historia local. En una tercera fase, la sucesión de preguntas e intervenciones de los asistentes, próxima a un debate que, en todo caso, se caracterizó por el pluralismo de ideas y por el respeto que se dispensó a cada uno de los intervinientes.
       Desde ese punto de vista, los organizadores pueden darse por satisfechos. En una ciudad cuyo músculo participativo ha ido menguando y donde se ha ido perdiendo iniciativa para debatir, hasta el punto de que si se comparan con el pasado, cuando se contrastaba y se criticaba hasta cosas de poca monta -los portuenses parecen anestesiados, llegamos a escribir hace algún tiempo- que haya docenas de ciudadanos atraídos y motivados en torno a un proyecto urbanístico, es de reconocer. No es que de un plumazo hayan recuperado la sensibilidad perdida pero, al menos, se ha recuperado algo esencial en parte de una sociedad: posicionarse en algo que la afecta directamente. Ojalá hubiera la misma o parecida respuesta en otras actuaciones programadas o en otras situaciones que hacen del Puerto de la Cruz posiblemente el municipio más controvertido de la isla.
       La segunda consideración es, en sí misma, el proyecto de mejora y acondicionamiento del paseo San Telmo, presupuestado en 1,6 millones de euros. La primera gran duda que salta es si, en estos momentos, no hay otras prioridades y otras necesidades más acuciantes. Además, no está tan mal actualmente la fisonomía del paseo. Hay algunos contenidos, especialmente los referidos a la continuidad de la accesibilidad, que son respetables y que junto a renovaciones, reparaciones y acabados de desperfectos o puntos visiblemente deteriorados, merecen ser tenidos en cuenta.
       Pero la madre de la actuación es el muro que va desde la Punta del viento al perímetro de la ermita de San Telmo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006. El muro tiene sus valores históricos y hasta ha cumplido una función social. Pero quieren sustituirlo, con la idea de "abrir la zona al mar e integrar el paisaje costero a la ciudad, eliminando los obstáculos que existen en la actualidad así como las barreras de accesibilidad…”, mediante la instalación de una línea de cableado de acero inoxidable, similar a la ya dispuesta en la Punta del viento. Voces técnicas se escucharon advirtiendo de que la solución dada, por su escalabilidad, comporta riesgos e inseguridad. Aunque el criterio más extendido es que la configuración actual del muro no impide una contemplación del paisaje y del horizonte marítimo. Esa ‘apertura’, además, debe ser valorada especialmente por los comerciantes de la zona, a los que intranquilizan, seguro, la maresía y los efluvios atlánticos cuando piensan en sus fachadas y escaparates. La prueba es clara: un edificio de principios del paseo lleva décadas sin que los propietarios hayan encontrado la fórmula que haga perdurar sus repintados y adecentamientos.
       El muro, insistimos, acaparó la atención y la discrepancia de quienes han conocido el proyecto. Ya es el muro de la discordia. Y otros lo han bautizado como muro de las lamentaciones. Fueron expuestas varias gráficas, de modo que González Lemus se atrevió a reivindicar la restitución del estado primigenio pintado de blanco y el portavoz de los convocantes, Jaime Coello, aludió a una sugerente foto de Eduardo Westherdal que circula en la red y en la que puede verse a dos poetas inmensos, Luis Rosales y Pedro García Cabrera juntos, apoyados sobre el muro con las rompientes olas sobre El Penitente al fondo.
       Total, que la controversia está servida. Pero la primera conclusión es que hay mucha gente que no quiere que se toque San Telmo y su entorno. Unos volados y unas escalinatas tipo graderío tampoco hacían feliz al personal que sabe, además, lo que es el mantenimiento –mejor dicho: la falta de- en el Puerto de la Cruz. Quieren el muellito, el lugar favorito de la juventud portuense, como cantan los Encinoso,  tal como está hoy. En el fondo, no es nueva esa postura. Aún recordamos cuando, en el ejercicio de la alcaldía, fueron los propios usuarios y bañistas de la zona los que se opusieron radicalmente a la construcción de unos muretes abiertos antipánico en la zona de la terraza que favorecían a todas luces la seguridad. Y aceptamos su negativa que no interpretamos siquiera en clave de revés.

       Habrá que ver si las inquietudes de estos tiempos inciden en el curso del período de información pública y replantean, siquiera parcialmente, algunos aspectos del proyecto. Atentos, porque tal como evoluciona el panorama político y reaparecida esa sensibilidad popular, la incertidumbre cobra cuerpo.

viernes, 5 de julio de 2013

LUCES Y SOMBRAS

Lo primero de todo es alegrarse por la reducción del número de desempleados. En junio, 127.248 menos, en tanto que la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 26.853 personas. Son datos buenos y hay que congratularse, siquiera sean paliativos de un drama que persiste, esto es, con cifras aún muy preocupantes. Tan solo por esa razón hay que mostrarse comedidos. El problema es lo suficientemente complejo como para alejarlo de manipulaciones y sesgos políticos: ni declaraciones triunfalistas (aunque se entienda la necesidad que tiene el Gobierno de buenas noticias) ni expresivas de pensamientos perversos o cargados de intencionalidad. El desempleo habría que tratarlo políticamente como lo que es, conscientes de que su carácter estructural no es fácil transformarlo y de que las coyunturas favorables deben ser interpretadas con todas las relatividades mientras persistan causas de crisis y recesión, mientras no se aprecie que la productividad crece a ritmo sostenible.


De los datos conocidos a principios de semana, tengamos presente que son 148.411 parados más de los que había en junio de 2012. Y quedaron registrados 633.977 afiliados menos de los que había ese mismo mes. Eso quiere decir que estamos ante una importante bajada del paro que contrasta con un mal dato comparativos de afiliación a la Seguridad Social y otro mal dato de contratación, o sea, hay menos contratos que hace un año y una caída en picado de la contratación indefinida.

La estacionalidad parece, pues, factor determinante para explicar estos registros del desempleo en junio. Viene acreditada porque la mayoría de los nuevos contratos se concentra en el sector servicios y el mayor número de afiliaciones se registra en la hostelería. Que la afiliación a la Seguridad Social sólo haya subido en 26.853 personas, un 0.16%, también sugiere no lanzar campanas al vuelo.

En definitiva, alegría y moderación. Porque los registros, desde luego, arrojan luces y sombras.

jueves, 4 de julio de 2013

AQUÍ, NO

En la rica experiencia personal del municipalismo, hay algunos episodios -si se quiere, domésticos- que ilustran no sólo la heterogeneidad de los problemas sino la disconformidad y hasta la misma insolidaridad que abunda a la hora de hacer factibles algunas soluciones, a veces las únicas que hay.
         Recordamos, por ejemplo, el caso de aquellos vecinos que visitan un día la alcaldía reclamando medidas de vigilancia en una zona pública recreativa muy bien dotada, pues es una pena (más o menos) que los chicos o los gamberros la destrocen después de que haya quedado tan bien y sea el único sitio de la zona donde sentarse a hablar, leer o distraerse un rato.
No dispusimos uno sino dos guardianes, en otros tantos turnos donde cumplían con las tareas de cuidar el entorno e impedir que el vandalismo campara a sus anchas. Apenas pasó una semana cuando las mismas personas que habían visto satisfecha su justa reivindicación plantearon la conveniencia de suprimir la vigilancia porque los guardianes (más o menos) les quitan la pelota a los chiquillos y no les dejan usar la bicicleta.
Cuando los vigilantes dejaron de prestar sus servicios, aquel espacio público fue pasto del destrozo, un escenario de abandono con un aspecto que llegó a ser desolador. Natural. Aquellos vecinos no reivindicaron más.
         Esos contrasentidos se registran también a la hora de modificar el sentido de circulación rodada de una vía, por racionalidad o por seguridad, o de instalar unos contenedores para residuos, petición en la que insisten los titulares de algunas viviendas, de un bloque o de un chalé, porque tenemos que salir (más o menos) y dejar las bolsas o las cajas y nos queda lejos, la verdad.
Cuando es estimada la solicitud y se procede a la colocación de los depósitos o de los recipientes, surge de inmediato la respuesta de los mismos peticionarios: “No, aquí no”. Porque están cerca, porque les molesta, por mal olor, porque les resulta antiestético, que esa es otra de las razones cada vez más esgrimidas.
“Aquí no”, se ha convertido, desde luego, en una de las expresiones más comunes en los ámbitos ciudadanos. Ha terminando generando una cultura de lo negativo, una posición que resulta en sí misma una complicación, un prejuicio y una actitud nada favorable en la toma de decisiones o en la solución del problema.
Este existe: es una carencia, es un trastorno, es una necesidad. Todos o casi todos, de acuerdo. Pero “aquí no”. Cuando llegar la hora de satisfacer la demanda, los mismos que la producen se niegan, no quieren tener en las cercanías de su domicilio ni un parque infantil ni los contenedores ni los centros de atención a los toxicómanos ni la sede de una dependencia policial ni un para la guagua o el taxi y no digamos si se trata de una gasolinera.
En las ciudades pequeñas, allí donde los núcleos de población están colmatados o el suelo es escaso y muy caro, es difícil contentar a todos sea cual sea la solución adoptada. Porque, aunque sea de Perogrullo, siempre habrá quien se sienta perjudicado.
En cualquier caso, este “aquí no” contagiado, esta negativa sistemática, estos adverbios están gestando un déficit de convivencia y un clima de insolidaridad a la vez que de rechazo a los gobernantes de turno muy preocupantes. “Aquí no” es ya algo más que una tendencia, es una complicación difícil de revertir y pone de relieve, he ahí lo grave, la pérdida de valores cívicos y la deshumanización de las ciudades.




miércoles, 3 de julio de 2013

IMPRESIÓN VERSUS DIGITAL

Creíamos que no sobrevivirá. Así lo expusimos en un trabajo realizado por alumnos de La Laguna. Estábamos convencidos de que la crisis se llevaría por delante también la prensa escrita. Albergábamos otra convicción, tal se deriva del sustantivo cambio en los hábitos de lectura y de acceso a la información: la edición impresa experimentará una notable transformación, habrá otros productos y quedará reducida a los fines de semana o a un semanario.
            Sin embargo, estudios recientes, promovidos por el estadounidense Instituto Poynter (una escuela dedicada a formar periodistas de calidad “para garantizar la participación democrática”), indican lo contrario, hasta el punto de concluir que el periodismo impreso seguirá conviviendo muchos años con el digital. Tales estudios recogen la opinión de estudiosos y profesionales que convergen a la hora de señalar que la modalidad digital avanza de forma imparable y eso obliga a los editores a preparar convenientemente el terreno y las condiciones para cuando se produzca el cruce, de aquí a unas décadas.
            Surgirá entonces un híbrido, dicen. Y estaremos ante un nuevo modelo de negocio que irá moldeándose y para el que se requerirán, naturalmente, habilidades que sepan combinar cuantos elementos generen nuevos productos que, por encima de todo, serán autoexigentes -en lógica correspondencia a la evolución de las tendencias sociales- y competitivos. Importará más la calidad de la información que el anticipo o la inmediatez de la misma. De hecho, así se viene observando en la sucesiva aparición de plataformas y diarios digitales.
            La reducción de ingresos (sobre todo, los publicitarios) y la minoración de las ventas directas, unidas a otros factores de competencia, entre ellos el mercado laboral, han hecho temer lo peor para las ediciones impresas. Ni siquiera se sabe si prevalecerán las ayudas oficiales para la adquisición del papel. Cierto que los lectores habituales de esta fórmula se resisten (se vuelve a compartir, como antaño, y a recortar) pero las tiradas son cada vez más reducidas. Las cifras que conocimos personalmente hace poco, procedentes de una impresora local que editaba decenas de cabeceras y los ejemplares de los grandes rotativos nacionales, son decrecientes de forma galopante e invitan a hablar de crisis sin miramientos.
            Pero los norteamericanos quieren aguantar. El director ejecutivo de la International News Media Marketing Association (INMA), Earl Wilkinson, es contundente en uno de esos estudios de Poynter al afirmar que “la muerte del periódico es una de las grandes exageraciones surgidas del colapso económico de hoy”. Es más, para este especialista, la discusión impresión versus digital “es de ciencia ficción”. Al admitir, en cualquier caso, que la generalización del formato digital es un hecho imparable, se pregunta por el “cuándo” sucederá ese punto de encuentro entre ambos modelos de aquí a 2100. Por eso señala que las empresas y los medios de comunicación deben afanarse en los preparativos para cuando llegue ese momento.

            Entonces, hay que aprender a convivir con esas dos modalidades, aun cuando una de ellas parece que ha tomado la delantera y progresivamente va produciendo cambios en las preferencias y en los hábitos de lectura. No habrá pugilato, como dice Wilkinson, pero las percepciones que van quedando son contrarias. De ahí la importancia de la imaginación y de las alternativas que surjan para seguir creyendo que el periódico impreso sobrevivirá.