UN DICTAMEN RELEVANTE

Se aguardaba con interés el dictamen del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo suficientemente controvertido -hasta los propios alcaldes del Partido Popular han expresado públicamente unas cuantas discrepancias- como para estar muy atentos, tanto a cualquiera de los acuerdos políticos que pudieran alcanzar las formaciones políticas como a las resoluciones de instituciones como el Consejo de Estado que acaba de poner, con ese dictamen, los puntos sobre las íes de algunas materias en las que el Gobierno quería plasmar una reforma muy discutida por el municipalismo en plena crisis. Cuando se atraviesa el ecuador del mandato, la sensación que se va imponiendo es que no va a ser fácil llegar a una entente con el poder local que es consciente de la necesidad de revisar muchos contenidos y unas cuantas estructuras pero que no quiere sobresaltos ni cirugías ideológicas o reduccionistas, so pena de que los vecinos -con los que, a fin de cuentas, van a tener que seguir lidiando- sufran en carne propia las peores consecuencias y terminen huyendo de eso que hemos dado en denominar el centro de poder político más próximo.

            El dictamen es concluyente desde el punto de vista de la merma de la autonomía local, tal como se deriva de algunas disposiciones de la norma. Es un golpe a la línea de flotación del Anteproyecto de Ley: la evaluación del coste estándar de los servicios, por un lado, es considerada una habilitación en blanco al Gobierno; y por otro, la incongruencia y la desigualdad de trato entre municipios y cabildos cuestiona la garantía de ese teóricamente intocable principio de autonomía local. FECAM y FECAI tendrán bastante que decir al respecto en una polémica que se adivina tensa.

También se detiene el Consejo de Estado en otro de los aspectos más llamativos del Anteproyecto como es la recepción de las competencias municipales en materia de sanidad, educación y servicios sociales, en las Comunidades Autónomas. A este respecto, el órgano consultivo lo tiene claro: sus consecuencias son impredecibles. El Anteproyecto no tiene en cuenta, aspecto que critica, que estas competencias "se hayan venido prestando de manera eficaz y eficiente" por parte de los propios Ayuntamientos, advirtiendo del hecho de que "la asunción de estos servicios por las Comunidades Autónomas pueda, en ciertos casos, suponer para ellas un coste adicional que no todas estén en condiciones de sufragar”.

En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a "dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Por consiguiente, que invite el Consejo a la revisión del texto normativo resulta inevitable. Con ese considerando, aunque las partes estén condenadas e entenderse, la solución política se antoja complicada.