miércoles, 22 de marzo de 2017

PRELUDIO DE LA SEMANA SANTA PORTUENSE



Emilio Zamora González, pregonero de la Semana Santa del Puerto de la Cruz 2017, alentó a todos los fieles a apoyar la labor de las hermandades y cofradías locales de forma efectiva integrándose en estas asociaciones de fieles, algunos de cuyos dirigentes, junto a sacerdotes y miembros de la corporación municipal, le arroparon durante su lectura en la iglesia de San Juan Bautista, popular San Francisco.
            Zamora dividió su pieza en tres bloques: la primera, dedicada a enunciar los principales actos que han sido programados en las parroquias del casco (Peña de Francia y La Peñita). En la segunda, se refirió, sin eludir el tono autocrítico, a los cambios vividos en la Semana Santa portuense a partir de 1994, cuando un grupo de jóvenes de entonces se empeñó en revitalizar las celebraciones que se caracterizaban por una cierta monotonía y desidia, hasta el punto de que el párroco de la Peña, padre Benigno, llegó a sugerir la supresión de algunos recorridos procesionales. Destacó, en ese sentido, el espíritu entusiasta y comprometido de la Hermandad del Santísimo así como el que acreditaron las que siguieron su cauce  “sin crear la más mínima situación traumática, demostrando así que en ningún momento albergaron afán de protagonismo alguno y que efectivamente tenían y tienen clara su labor pastoral de evangelizadoras y mantenedoras de la fe”.
            Situó el mantenedor en 1994 el principio del resurgimiento de la Semana Santa de la ciudad turística; y a partir de la aparición de las cofradías de Jesús Nazareno y de la Vera Cruz, en la celebración del año siguiente, con varias incorporaciones se registran novedades que “suscitan las curiosidades de los portuenses y provocan una atracción sorprendente, me temo que, en un principio, motivada más por la curiosidad (…) que por la devoción, pero, finalmente, hemos podido comprobar con el paso del tiempo que esta misión pastoral ha dado su fruto”.
            Aludió también a las innovaciones que desde entonces fueron introduciéndose en la programación y al papel destacado de otros sacerdotes, como el padre Ángel, igualmente párroco de la Peña, quien se esforzó en el Obispado para diligenciar la formalización de las nuevas cofradías que cristalizó en la Junta de Hermandades, ahora denominada del Santo Madero.
            Después de explicar lo concerniente a la que considera “cronología errónea” de la Semana Santa portuense, por entender que el orden de la aparición de dos pasos no se ajusta a la secuencia lógica y conocida de las vísperas de la muerte de Jesús, el pregonero abordó la tercera y última parte de su exposición, dedicada a glosar la figura del hijo de Dios, partiendo de esta afirmación: “Jesús no era solamente un hombre”. Insistió en que nos encontramos “ante un ser con todas aquellas virtudes que deberían ser inherentes al ser humano pero que, por desgracia, parece que vamos perdiendo con el paso del tiempo”.
            Aludió a varios pasajes evangélicos para concluir que “se había hecho hombre para cumplir un cometido y estaba dispuesto a ser sacrificado tal y como se le había pedido. No era solamente un hombre. No pidió ser salvado de aquella situación, a lo máximo que se atrevió, fue a pedir que pasara cuanto antes”.
            Acabó Emilio Zamora con las palabras del centurión romano, al pie de los crucificados en el Gólgota: “Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios”.

martes, 21 de marzo de 2017

LEER Y RESPONDER ANTES DE COMENTAR

Para quienes aún no conozcan el significado y el papel de los troles, sepan que se trata de aquellas personas que, sobre todo en Internet, redes sociales, foros de discusión o chats, publican mensajes provocadores con la intención de molestar, distorsionar o producir una respuesta negativa e interesada con distinta finalidad, incluida la de enfrentar a los participantes. Sobra decir que, amparados posiblemente en una identidad falsa, emplean términos ofensivos y expresiones soeces que pueden resultar insultantes, vejatorios o denigrantes (En Wikipedia se recomienda “no alimentar al trol, por favor”, se sugiere que no debe reaccionarse ante un trol, que no deben usarse enfoques parecidos que redunden en discusiones inconducentes e interminables).

Convendría precisar también otro concepto, la posverdad (también identificada como mentira emotiva), palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford que la admite como un neologismo cuyo significado “denota circunstancias en que los hechos subjetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y la creencia personal”. Un editorial de la revista The Economist, al relacionar el concepto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señala que la política posverdad es “una confianza en afirmaciones que 'se sienten verdad' pero no se apoyan en la realidad”.

Con estas dos premisas, planteadas simplemente para poner en situación a los lectores, acerquémonos a la iniciativa de un periódico noruego, NKRbeta, que desde hace unas semanas ha introducido una exigencia a sus lectores interesados en comentar alguno de los artículos publicados: antes de hacerlo, habrán de responder a tres sencillas preguntas. El director, Stale Grut, ha explicado: “Teníamos que hacer algo para que todo el mundo estuviese en el mismo lugar antes de comentar y tuviese claro qué es lo que el artículo dice y lo que el artículo no dice”.

La medida es llamativa. Es decir, responder para verificar la lectura y luego opinar. Hay que leer el artículo completo y discernir, disponer de elementos de juicio propios. Es un precedente propenso a convertirse en fórmula metódica que puede frenar a los troles e impedir el crecimiento de la posverdad. Antes de expresarse de forma inapropiada, hay que demostrar, mediante las respuestas requeridas, que se ha leído la información o el texto. Ya se verá hasta dónde llega el planteamiento del medio noruego y si es capaz de resistir las esquivas de los internautas que, seguro, buscarán.

Una primera valoración señala que los comentarios pueden ser tremendamente positivos pues es posible que surjan expertos que enriquezcan las informaciones o lectores que, simplemente, manifiesten dudas sobre algo que no ha quedado claro o expresen su opinión de forma cabal y respetuosa. Se trataría, como valor añadido, de evitar que la sección de comentarios se convierta en un vaivén de insultos y descalificaciones entre troles.
El editor del periódico noruego, Marius Arnesen, señaló que con las tres preguntas, “nos aseguramos que la discusión se inicia con una base de conocimiento común”, una manera de moderar el debate y también de acabar con reacciones incendiarias no deseadas que terminan ahuyentando a los usuarios y visitantes del medio.

Aún es pronto para evaluar la experiencia pero, frente a otros periódicos que ya han decidido suprimir los espacios dedicados a comentarios, otros medios de postín como The New York Times, The Guardian o el ya citado The Economist, están haciendo probaturas para encontrar soportes que tengan una doble utilidad: acabar con los comentarios insolentes e inadecuados y reclamar la atención de lectores capaces de hacer buen uso de su intelecto.

Troles y posverdad, pues, ya lo saben. Se les acota el margen.

lunes, 20 de marzo de 2017

PREVENIR CIBERADICCIONES Y LUDOPATÍAS

Las apuestas son el ¿penútimo? fenómeno en la sociedad española de nuestros días. Los británicos apuestan por todo, decían no hace mucho tiempo. Pues, venga, interpretando al pie de la letra, empiezan a abundar las opciones en medios audiovisuales y redes sociales. Se apuesta, por citar ejemplos, quién marcará primero antes del minuto veinte en determinado encuentro de fútbol; qué número de estatuillas obtendrá cierta película nominada; qué candidata ganará el concurso de belleza y cuál será el color del modelo que lucirá tal artista en la gala de entrega de los premios.
Desde que fue legalizado, allá en los albores de la democracia, el juego fue penetrando en este país. Casinos, bingos, loterías, tragaperras, quinielas, sorteos, rifas... distintas modalidades para probar fortuna y para ingresar por una vía fácil y rápida. Las penurias económicas extendidas y la crisis que no termina de marcharse han sido factores propicios para aumentar el interés, a ver si sale, porque en el bombo está. Ese interés conduce a la adicción, naturalmente. Y con la adicción, germinan las ludopatías. Las innovaciones tecnológicas y las facilidades para acceder al universo digital han hecho que se disparen hasta niveles insospechados.
Tal es así que sus señorías se han esmerado para intentar frenar el fenómeno. Por lo menos, han logrado inicialmente -ya se verá cómo deriva- un acuerdo unánime para solicitar al Gobierno un plan específico de prevención tanto de la ciberadicción como de la ludopatía por el juego on line. En efecto, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados ha significado el primer paso para atajar un problema que precisa un tratamiento eficaz basado en criterios profesionales, sociales, educativos y sanitarios.
El diputado socialista, portavoz en la comisión de Sanidad, licenciado en medicina y cirugía, especialista en salud pública y medicina preventiva, José Martínez Olmos, además de expresar su satisfacción por la unanimidad del acuerdo -teóricamente, eso significa que hay convergencia de sensibilidades y deseos de acometer soluciones eficaces-, ha sido muy revelador a la hora de explicar que uno de los aspectos específicos de las ciberadicciones que afectan a un número de personas cada vez mayor, como es el caso de las ludopatías generadas en las opciones de juego on line, produce unas consecuencias preocupantes para la propia salud de las personas: se reflejan en cuadros de sintomatología propia de las situaciones de dependencia, como la ansiedad, el insomnio, la depresión y la falta de concentración. Martínez Olmos abunda en los perniciosos resultados del ciberacoso o la promoción de conductas autodestructivas como la anorexia y la bulimia ya hasta de episodios que puedan favorecer la pederastia.
Por eso, abunda en la necesidad de que los poderes públicos, las organizaciones profesionales y los actores sociales acometan cuanto antes un estudio minucioso que sirva de diagnóstico para luego desarrollar ese plan específico que consigne estrategias de prevención y asistencia. Naturalmente, hacen falta indicadores y recursos para que la actuación no se agote en una mera declaración de intenciones. Tiene que servir, incluso, la experiencia del Plan Nacional sobre Drogas, puesto en marcha hace ya más de tres décadas.
Lo importante es que hay voluntad política y un punto de partida coincidente en tiempos que no abundan las unanimidades. Esa conciencia es positiva para emprender soluciones a un fenómeno social preocupante que se mueve, además, entre facilidades y cómoda accesibilidad desde los más variados soportes. Esa conciencia tiene que servir para rescatar a una sociedad que no puede hacer depender del azar y de las apuestas sus condiciones de vida y sus avances.


sábado, 18 de marzo de 2017

EL BALCÓN

La ciudad amaneció el pasado fin de semana sin uno de los elementos arquitectónicos distintivos de uno de sus paseos principales y más transitados; pero algunos habitantes no reaccionaron hasta bien entrada la mañana del lunes, cuando el vacío era ostensible y las huellas de la desaparición, traviesas incluidas, quedaban al desnudo. El estupor y la indignación fueron en aumento hasta que, inevitablemente, desembocaron en las redes sociales y posteriormente, cuando el asunto ya era un clamor popular, en algunos periódicos y medios audiovisuales.

Uno de los primeros hoteles de la ciudad, el Marquesa, que data del siglo XVIII, un inmueble catalogado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), había sido despojado de uno de los dos balcones de su llamativa fachada, ya evidentemente mutilada. Un balconicidio pues. Cómo si no hubieran sido suficientes los despropósitos constructivos que ha padecido, el hotel volvía a sufrir un quebranto no se sabe si reparable, por muchos apremios y por muchas recomendaciones de recuperación que se hayan acumulado. A conejo ido...

Prescindamos (por ahora) de las circunstancias personales que concurran en el presunto infractor, de los hechos objetivos (deterioro, peligrosidad, inseguridad...) que pudieran haber sustanciado la retirada y hasta de la inicial inhibición administrativa, solo modificada cuando el daño ya estaba hecho, para detenernos en la necesidad de ser más sensibles y cuidadosos con el patrimonio histórico, arquitectónico y de todo tipo. Difícilmente se encontrará un lugar en la isla, según ha quedado acreditado, de mayor indolencia hacia sus propios valores tangibles, hacia su conjunto patrimonial, hacia su acervo, hacia su personalidad urbanística. Nos gustaría saber qué suerte habrá corrido un acuerdo plenario, adoptado por unanimidad, de no hace mucho tiempo, encaminado a crear un consejo municipal que velase por la protección y promoción del patrimonio e impidiese más agresiones, como esta del balconicidio, cuya justificación es difícilmente argumentable (Un arquitecto especialista en restauración se llevó las manos a la cabeza cuando se enteró del hecho: “¡Hasta el Marquesa! No me lo puedo creer”, exclamó).

Está demostrado que no sirven ni se tienen en cuenta las medidas preventivas, las directrices de planeamiento y las ordenanzas específicas. Se respetan poco o se incumplen. La sensación que se va amasando y que va quedando es que se puede hacer lo que se quiera pues la permisividad es incomensurable, la inspección apenas existe y, por lo general, no pasa nada. No puede ocurrir que una tipología urbanística tan señalada esté amenazada de daños o agresiones.

¿Era ésta la agilidad que se pretendía con la delegación de competencias urbanísticas? Seguro que no, nos apresuramos a contestar. Pero hay que verificar las reacciones, con hechos y con pruebas. ¿Para esto quieren promotores y empresarios menos normas y menos burocracia? Pues habrá que responderles que benditos sean todos los controles posibles con tal de evitar los atentados urbanísticos y los caprichos unipersonales sin el más mínimo respaldo técnico. ¿De qué valen las protecciones y conservaciones de cascos y perímetros? ¿Es así de tolerante la administración competente con situaciones similares o es que hay temor a los descontentos derivados de expedientes de infracción abiertos? Pareciera que a más corsés y más estrictos ajustes, mayor permisividad.

Solo un hecho positivo se desprende de este nuevo desmán: menos mal que las consecuencias y las reacciones habrán servido para frenar otro posible balconicidio: el del artístico elemento central de la fachada del Marquesa, al que ojalá guarde el sentido común. Y el celo, un poquito de celo.

viernes, 17 de marzo de 2017

MEJOR CALLADOS

Ha perdido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, una excelente ocasión para enterrar definitivamente, en el basurero de la historia, su frustrada e infeliz pretensión de llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas de las Islas. En vez de callar, con derecho a regodearse -si era ese su deseo- en el descubrimiento de un aparente copioso yacimiento en Alaska (USA), va y refresca el episodio hablando en inasumibles términos sobre la oposición que encontró en las Islas y en muchas de sus instituciones para llevar a cabo la pretensión de la compañía. Brufau no entendió nada de la reacción de un pueblo, si se quiere pasivo y hasta indolente, pero que se ha cansado de falsas expectativas y, mucho más, del afán de riqueza de unos pocos, por lo general los mismos de siempre. Esta era una cuestión de dignidad que no se liquidaba con inversiones publicitarias. Desde luego, en los tiempos más recientes, ha sido el último leitmotiv que ha unido a los canarios, tan dados al pleitismo fácil y a la rivalidad simplona, pero atentos y firmes a una si vislumbraron que, a la larga, el ansiado -por algunos- petróleo acarrearía más perjuicios y más riesgos que otra cosa, supuestamente positiva.
Igual Brufau escuchó lo de aplatanados, sonrió y dio la razón, probablemente, a quien empleó el vocablo. Pero eso no valida su adjetivación del rechazo encontrado a las prospecciones: ni dolor de muelas ni tercermundista ni retrógrado. Al contrario, sensación de fortaleza e identificación, conciencia y sensibilidad, muy propias de sociedades avanzadas cuando ven peligrar sus activos y su modelo de desarrollo económico. Brufau quizá esté acostumbrado a convivir entre imposiciones y a negociaciones de alto nivel resueltas a base de lo tomas o lo dejas y de creer que la sartén en el mango es un método infalible. Hasta es posible que creyera que la resistencia iba a claudicar a medida que el flanco judicial se tambaleaba. Pero comprobó que las pregonadas bondades no persuadieron y el pueblo canario dijo nones, en la calle, en las instituciones y hasta en las redes sociales.
El presidente de Repsol agita ahora, de forma poco inteligente, el derecho al pataleo. Están teñidas de cierto espíritu colonialista esas afirmaciones suyas. Canarias no quería y no quiere mayor dependencia petrolífera que, de paso, por si hubiera alguna desgracia -a la que estaría expuesta- ahuyentaría a los turistas, esos que vienen a borbotones porque otras coyunturas son favorables pero que lo hacen porque prefieren unos encantos naturales de difícil parangón. Hubiera sido lo procedente pasar página y olvidarse para siempre del episodio, conscientes de que no siempre se gana, por mucho petróleo y derivados que se tengan. Si entonces faltó humildad a Repsol, Brufau y compañía, ahora callados se hubieran ganado menos antipatías. Y es que algunos no escarmientan.

jueves, 16 de marzo de 2017

¿CÓMO Y POR QUÉ FRACASÓ EL 'TIME-SHARING' EN EL PUERTO?

1987, Puerto de la Cruz. Un fenómeno de comercialización de alojamiento turístico lleva varios meses alterando los monótonos y convencionales esquemas del negocio. Tibia respuesta de los empresarios, pese a que sus firmas son las más afectadas. Desbordadas las autoridades que, ante el vacío legal, no saben muy bien por dónde atajar. Y a medida que pasaban las semanas, los métodos de venta de los operadores contratados para los menesteres en plena vía pública o en los exteriores de establecimientos públicos y privados muy frecuentados, se hacían cada vez más agresivos.
El 'time-sharing', traducido como ocio compartido, causaba furor en la ciudad de hace treinta años, todavía en una posición puntera en el mercado. El fenómeno, consistente en compartir durante un tiempo una propiedad, con opciones de hacerlo en otros destinos, se extendía a gran velocidad. Las quejas de turistas acosados menudearon. Los comerciantes de los alrededores de los puntos de venta también expresaron su malestar. Los periódicos, ante lo inusitado de la situación, a verlas venir. Los consumidores elevaron las denuncias mientras las autoridades responsables no sabían bien dónde tramitar. Las compañías del sector, a la vista de la tibia oposición, institucional y social, fueron apretando el acelerador en aquellos rumbos que, aparentemente, dejaban pingües dividendos.
Treinta años se han cumplido de aquella polémica aparición de esta fórmula que procedía de otras latitudes y de otros destinos turísticos. Desde el Puerto de la Cruz se extendió al sur de la isla y a otros núcleos del territorio canario, donde pareció implantarse mejor o con más facilidad. Con sentido de perspectiva histórica -han pasado tres décadas- cabe preguntarse -es que no hay análisis rigurosamente elaborados al respecto- por qué fracasó y quién perdió aquella lucha por penetrar en un mercado a cuya línea de flotación disparaban sin rubor.
Recordamos algunos testimonios de la época: es difícil actuar en plena vía pública contra alguien que no está cometiendo delito (policía); es complicado oponerse a esta modalidad de negocio en un modelo económico de libre mercado (empresariado); hay que legislar para regularizar cuanto antes esta fórmula y saber a qué atenerse (políticos); seguro que no me permitirían tener vendedores callejeros (comerciantes).
Aquel mes de marzo de 1987, la Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife (ASHOTEL), cuando crecían al malestar y la incertidumbre, convocó en el hotel Botánico una sesión de trabajo cuya conclusión fue tajante: oposición unánime al 'time-sharing'. Así titulaba Jornada, a cuatro columnas, una referencia de la reunión, a la que asistieron el director general de Ordenación e Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Pedro García Artiles; la directora territorial de Turismo, Rosa María Luengo Barreto; el presidente y el gerente de ASHOTEL, Felipe Machado del Hoyo y Eduardo Solís, respectivamente. Estuvieron presentes, según el testimonio periodístico, numerosos empresarios y hoteleros de la ciudad turística y de otras localidades tinerfeñas.
El 'no' rotundo derivaba de “los enormes perjuicios causados al sector”. La crónica del acto aludía a que, al haberse constatado la influencia y la expansión de la fórmula para compartir la propiedad, ello “ha permitido comprobar sus efectos a corto y largo plazo”. También coincidieron los asistentes en que con el 'time-sharing' “no se repiten las visitas como habitualmente se vienen realizando con el sistema tradicional y normal de contratación hotelera”. La información de Jornada precisa que “el turista que viene por primera vez a Tenerife, en particular; y a Canarias, en general, suele repetir y se duda mucho que con la modalidad anteriormente indicada suceda lo mismo”.
Los representantes gubernamentales convergieron en la voluntad de legislar sobre el asunto, o elevar iniciativas, en tal sentido, a las Cortes Generales. “Por otro lado -añade la reseña- se hizo una valoración de las medidas que se han puesto en marcha en Puerto de la Cruz, para eliminar la práctica de distribución clandestina de material publicitario y ejercer la venta en sus calles”.
Los representantes del sector turístico y de la todavía incipiente Administración autonómica hablaron de la necesidad de concretar el planteamiento urbanístico de las ciudades y la reglamentación de las ofertas de ocio, en los destinos turísticos. Es decir, lo que años más tarde se identificaría como el modelo de ciudad y de desarrollo económico.
Al cabo de tres décadas, no se sabe muy bien el alcance económico de los perjuicios, o lo que es igual, el volumen de las reclamaciones. Tampoco la suerte que corrieron los inmuebles y las edificaciones (al menos, tres antiguos hoteles de distintas categorías fueron reconvertidos) -en algunas de las cuales acometieron obras de reforma y mejora- dedicadas a la explotación de esta fórmula.
¿Cómo y por qué fracasó el 'time-sharing' en el Puerto? Buena pregunta. Desde luego, el oscurantismo que lo envolvía, las posibilidades reales de un fraude gigantesco y el agresivo método de ventas o de captación de clientes sustanciaron su inviabilidad.

miércoles, 15 de marzo de 2017

MUNICIPIOS TURÍSTICOS DEMANDAN OTRA FINANCIACIÓN



Disponer de una financiación suficiente que permita afrontar a las corporaciones locales la facturación de gastos por la prestación de servicios como consecuencia de la actividad turística. El planteamiento está hecho desde hace muchos años, décadas, pero sigue vigente, según se desprende de los contactos mantenidos por el presidente de la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Palma, José Hila; y el secretario general de la entidad, Juan Ávila, con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, para tratar asuntos relacionados con la promoción y la gestión de esta materia en las localidades turísticas. El municipalismo, en efecto, sigue quejándose de una financiación insuficiente, de recursos escasos para atender obligaciones ante las que se ven desbordados, especialmente en determinadas épocas del año.

         Ha pasado el tiempo y se reproduce la reivindicación, que no es gratuita, como podriamos hablar por propia experiencia. El lamento estriba en que sucesivos gobiernos y varios ministros, de distinto color político, no han podido siquiera acercar una solución mínimamente satisfactoria.

         Las soluciones no son fáciles, desde luego. Pero se nota que hay un estancamiento difícilmente salvable. Comoquiera que el asunto tiene mucho que ver con una reforma tributaria, es como si a las partes asustaran el diálogo y la necesaria negociación con tal de acercar posturas y encarar una solución, siquiera de mínimos. De ahí la importancia de la interlocución, no solo por la perseverancia sino por el necesario entendimiento. Aunque los ayuntamientos españoles presentan una situación más desahogada, o al menos han reducido sus deudas, lo cierto es que continúan demandando inyecciones económico-financieras que les permitan mejorar sus niveles inversores y, sobre todo, prestar servicios de calidad. En la ciudades turísticas, pongamos por caso.

         Un criterio de la lucha histórica del municipalismo en esta materia es el de la población flotante o población asistida, es decir, el número de visitantes que se aloja anualmente en sus establecimientos. Población que precisa de servicios básicos pero también de los relativos a transportes, seguridad, consumo, limpieza y sanidad. Los empresarios no quieren saber nada de más tasas, aunque fuera reducida y tuviera un carácter finalista, aplicable desde la máxima transparencia.

         Así las cosas, alcaldes y ediles de Hacienda tendrán que rebuscar en otras figuras impositivas. De hecho, en esa reunión entre la FEMP y la secretaría de Estado, se habló de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) especial, aplicable a los pisos de alquiler turísticos. “Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la actividad económica del municipio y los ayuntamientos no estn abocados a vivir de la construcción”, comentó José Hila.
         De forma colateral, los responsables municipalistas sugirieron que para garantizar uno de los factores anteriormente citados, la seguridad, se permitiese a los ayuntamientos ampliar la plantilla de la policía local, si bien es verdad que esta medida incrementaría el Capítulo I (Personal) de los Presupuestos Generales y el incremento de gasto atenazaría el funcionamiento económico-financiero de muchos ayuntamientos.

         En cualquier caso, los dirigentes de localidades turísticas están en su derecho de reivindicar y de esmerarse en la búsqueda de soluciones para que las obligaciones presupuestarias y la asunción de gastos aumentados por una razón como la señalada, encuentren una vía de salida sostenible. Está en juego, en buena medida, el prestigio y la calidad del propio destino.

martes, 14 de marzo de 2017

DEUDA ILEGÍTIMA Y RECORTES

Quieren revertir la grave situación económica y social que atraviesan muchos ayuntamientos españoles. Así arranca la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, promovida por ediles de numerosas ciudades españolas -algunas, capitales de provincia-, a los que se han sumado actores y plataformas ciudadanas de todo el Estado, con un triple objetivo: propiciar el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda por medio de auditorías ciudadanas de la deuda y la gestión pública; construir un nuevo municipalismo que entrañe más soberanía y más autonomía; e informar, sensibilizar, empoderar y fomentar la participación ciudadana en la construcción de ese nuevo municipalismo.

No será fácil, desde luego, pues se trata de erradicar vicios y acabar con prácticas que estrangulan a muchas haciendas locales; pero ya están dados los primeros pasos para impulsar nuevas políticas públicas y nuevas leyes que permitan, por fin, una financiación apropiada de las haciendas locales, libre de ataduras e hipotecas y de condicionantes políticas.

¿Cómo se conceptúa la denominada 'deuda ilegítima'? Aquella que se contrae para satisfacer las ansias de ganancia de unos pocos y a espaldas de los intereses de la ciudadanía. Así se define en los antecedentes de esta Red Municipalista, centrados en el Manifiesto de Oviedo, suscrito por concejales, diputados y activistas de varias organizaciones, que se rebela contra varias normas que, según interpretan, socavan la autonomía de gobiernos autonómicos e instituciones locales y atacan los derechos de la ciudadanía. El Manifiesto, de hecho, recoge que algunas medidas gubernamentales como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidación Autonómica, aplicadas tanto en comunidades y en ayuntamientos sobreendeudados por obras faraónicas o inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones y todo tipo de corruptelas como en administraciones en principio saneadas, han inflado la deuda pública de manera ilegítima.

En esta declaración de principios, los firmantes exigen un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno del Estado hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas; la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados y el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas. Como puede apreciarse, es una reivindicación de máximos que no debe dejar indiferente a quienes se desenvuelven en el universo municipalista y en el mismo ámbito económico-financiero. Sobre todo, porque en el documento se recoge el compromiso que están dispuestos a asumir:

“Apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de las/os ciudadanas/os”.

Quizá le repetición del término 'frente' sonó demasiado beligerante o retrotraía a connotaciones históricas que no conviene refrescar, lo cierto es que el Manifiesto de Oviedo germinó en esta Red cuyos promotores mucho tendrán que moverse y persuadir con tal de alcanzar unos objetivos y generar unas sinergias que afectan directamente a los contribuyentes.

lunes, 13 de marzo de 2017

EL ODIADOR

Odiador. La voz es, en sí misma, antipática, no dan ganas de pronunciarla. Pero la figura se va imponiendo, tanto en medios digitales como audiovisuales,

El Código Penal español tipifica el delito de odio en su texto articulado: atentar contra la dignidad de las personas por el mero hecho de padecer éstas una enfermedad o una discapacidad o de pertenecer a un grupo o a una identidad religiosa, sexual o étnica. La incitación al odio y a la violencia puede ser castigada hasta con cuatro años de prisión, la misma pena para aquellos que “distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que, por su contenido, sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”.

El odiador está ahí, en su pantalla, en su emisora de radio, en su red social, en cualquiera de las infinitas opciones de internet. En su laberinto, con unas finalidades muy claras. Es la persona que odia algo o a alguien y dice o escribe cosas desagradables y hasta critica sus logros, principalmente en el contexto digital. Los lingüistas ya han precisado los antecedentes: en la Fundación del Español Urgente (Fundeu), se remontan al siglo XIX para hablar de esta persona como “poco amigo de la escolástica y acérrimo odiador de la barbarie literaria”, como figura en el Corpus Diacrónico del Español, y cuyo uso puede extenderse a ese contexto y al de las redes sociales. En cualquier caso, existen otras expresiones, acaso más transparentes, como enemigo, detractor, difamador, maldiciente, faltoso, el que odia...

La abogada penalista Ruth Sala resume, en un trabajo titulado Incitación al odio y libertad de expresión, las características de la sociedad en que la figura del odiador se va imponiendo: “Nos hemos convertido -escribe- en poseedores de un poder que nos hemos atribuido libremente para destrozar la reputación de alguien en un segundo”. Es un ser que desahoga su bilis y hasta su cólera sin importarle el daño que causa, favorecido, además, por unas coordenadas de cierta impunidad. Es muy explícita la abogada Sala cuando, al tratar de aclarar qué es la incitación al odio, recurre a una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2015, en la que se señala que el pensamiento no delinque, y lo que se criminaliza “son hechos externos que ensalzan tal odio y que constituyen hechos tipificados como delito”. La autora, por tanto, entiende que incitar al odio “para la comisión de un hecho que es considerado delito, eso sí que es incitación al odio”.

Claro que entonces llegamos a la dicotomía con la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citado por la propia Ruth Sala, reconocía en marzo de 2011, que “el derecho a la difusión de las ideas incluye y abarca no solo a las inofesivas o indiferentes sino también a las que chocan o inquietan en la medida que, sin tal libertad, pluralismo y tolerancia, no hay sociedad democrática”. ¿Dónde está el límite pues a la libertad de expresión? “Solo se encuentra en el discurso de odio o de incitación a la violencia”, especifica el citado Tribunal Europeo.

El asunto da pie a una discusión jurídica de envergadura porque si se desata un efervescente aluvión -sobre todo en las redes- de opiniones, ataques, menosprecios, vejaciones, infundios e injurias, cómo encajarlo y cómo tratarlo. Hasta en los mensajes que se cuelan en programas televisivos, seguro que inducidos o predispuestos por los locutores de turno. La gran verdad es que no hay tipificado nada que pueda sancionar una convocatoria masiva para atacar a una persona.

Pero el odiador gana terreno, he ahí lo preocupante. Está de moda, cuando menos. Las audiencias deben ser conscientes de que están expuestas a otro fenómeno de manipulación difícilmente controlable. Un fenómeno perverso que arrastra a centenares por no decir miles de personas, las persuade y las fideliza. Ya lo advirtió el guionista, dramaturgo y actor norteamericano, Aaron Sorkin, autor de la inolvidable Algunos hombres buenos: “Quizá sea este el triste destino de la televisión: un lugar en el que practicar nuestro desprecio”.

sábado, 11 de marzo de 2017

PRESUPUESTOS MUNICIPALES INEXISTENTES

No se tienen noticias de que estén elaborados los presupuestos generales del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ni vayan a ser sometidos a aprobación próximamente. A estas alturas del ejercicio, es obvio que ya llevan un considerable retraso. Y que, por tanto, si hay nuevas cuentas, cuando sean definitivas, serán para unos pocos meses. Cierto que, mientras tanto, se funciona con presupuestos prorrogados: se puede, claro; pero con condicionantes.

No son de extrañar la demora ni la inexistencia si tenemos en cuenta que el gobierno local ni ha sabido ni ha podido ni ha querido dar a conocer -y nos encaminamos a la mitad del mandato- el supuesto pacto bajo el que decidieron asumir los destinos del municipio en el verano de 2015. Se desconoce, en ese sentido, todo: qué modelo, qué prioridades, qué recursos, qué innovaciones, qué obligaciones hipotecarias, qué viabilidades y qué renuncias programáticas. Si a ello se añade que no hay presupuestos, pues los vacíos equivalen a unos horizontes muy inciertos. Hay un reparto, está claro. Se respeta, se aparenta y... poco más. Pasadas las sombras de la probable censura, tal reparto se consolida.

El gobierno local va escapando con la implicación de otras instituciones públicas, principalmente el Cabildo Insular, que ha asumido algunas actuaciones infraestructurales tras cuya conclusión veremos en qué términos se establece la gestión. ¿Nuevas cargas para el Ayuntamiento? ¿Amenazado el patrimonio municipal?También se nota la aportación del Cabildo en otras materias. Independientemente de los intereses políticos, y hasta de la respetable voluntad de ser solidarios con quien de verdad lo necesita en el siempre difícil marco del equilibrio territorial, lo cierto es que los avances parecen hechos ad calendas graecas (fechas imposibles o plazos incumplibles) o a golpes de improvisación y dilaciones para ir dando pasos tras los anuncios y calmar las expectativas con informaciones aparecidas oportunamente que, en todo caso, apenas tendrán interpretación crítica.

El problema es que se va adueñando de la política local una suerte de resignación preocupante. Es como un peculiar dejar hacer y dejar pasar, aderezado con la aparición de datos sobre un notable volumen de pagos reparados por Intervención -ya deben haber tomado medidas correctoras, un suponer, a la vista del importe (siete millones de euros) en menos de un año-, y de las obligaciones que hay que asumir tras resoluciones judiciales de diversa índole. Así las cosas, con un estancamiento evidente salvo honrosas excepciones que resultan casi milagrosas, el Ayuntamiento es una referencia que se ha ido apagando e inspira a la ciudadanía un sentimiento de desgana y de menguante credibilidad. El gobierno seguirá a lo suyo, confiando en afinidades políticas y tratos institucionales y mediáticos generosamente favorables. Cuenta hasta con una oposición bastante comedida, a veces atemorizada, que ya habrá comprobado que su obligación fiscalizadora es insuficiente y precisa de más creatividad para terminar siendo una auténtica alternativa, así percibida por los portuenses.

Sin presupuestos, sin saber por tanto qué se quiere y cómo se van a administrar los recursos, es complicado intuir siquiera salidas decorosas. Incluso para regular de una vez la ocupación de la vía pública.