Se acusó al PSOE en su día, cuando los gobiernos de Felipe
González, de un abuso de su mayoría parlamentaria. De ésta derivaron
acusaciones de prepotencia y soberbia que fueron calando, vaya que sí, hasta
desvirtuar el comportamiento político de los socialistas. A duras penas, el
talante con que quiso adornar su gestión Rodríguez Zapatero, para contrarrestar
precisamente los tics autoritarios y aquellos mismos defectos que lució José
María Aznar en la segunda legislatura de su gobierno, sirvió para establecer
diferencias, el pretendido otro modo de hacer política. Ya se encargó el
derechío mediático de socavar, hasta la liquidación, un elemento de sintonía
del gobernante con la ciudadanía.
Quienes reprobaron
a González aquel abuso ahora se refugian en él para hablar de la legitimidad.
La legitimidad que nadie discute. Quienes entonces pedían consenso, para
equilibrar, para estabilizar el pacto social, para no incurrir en desvíos y
abusos de poder, ahora ignoran por completo esos conceptos. Así sobresale el
mando antes que el gobierno. Es lo que gusta a la derecha: que se note ese
poder, esa capacidad derivada de las urnas infalibles. Se siente y se sabe
cómoda. Y si tiene respaldo mediático, miel sobre hojuelas. Que la calle
protesta, ya se cansará. El ejemplo más reciente es cómo despachó Mariano Rajoy
la valoración sobre la huelga más las concentraciones de la semana pasada: como
si la cosa no fuera con él. Prosiga la hoja de ruta, por si alguien tiene
dudas.
De modo que
la mayoría absoluta se transfigura en mayoría absolutista. Ahí está la prueba
de la nueva Ley de Tasas Judiciales para acreditarlo: se hizo la norma, en
efecto, en el Senado, solo con los votos populares. Y es una norma a la que hay
que dedicar atención pues contribuye a la ampliación de la brecha de
desigualdad que divide desde el pasado año a la sociedad española. Los riesgos
de una justicia para ricos y poderosos, para quienes puedan pagarla, y otra
para quienes, sin recursos, no están en condiciones de afrontar la financiación
de sus procedimientos y contenciosos, son evidentes. Malo que esa brecha crezca
precisamente a costa de absolutismos parlamentarios.
En efecto,
la nueva Ley comporta un aumento de las tasas judiciales entre los 50 y los
1.250 euros iniciales que, aplicado a determinados procesos judiciales,
significará un notable incremento de miles de euros. Es decir, justicia que no
es igual para todos. Lo dice hasta el presidente del Consejo General de la
Abogacía: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres,
impidiendo el acceso a la justicia a jun gran número de ciudadanos”. A esta
disconformidad, habría que añadir las de la práctica totalidad de los
operadores jurídicos y de los grupos parlamentarios.
Este nuevo
incumplimiento del Partido Popular -¿cuántos en un año de gobierno?- claro que
supone una disuasión y una obstaculización para acceder a la justicia en
condiciones de igualdad, o lo que es lo mismo, dificulta sobremanera el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva. En la actual situación de
penurias y desventuras, las personas más desfavorecidas y más vulnerables
-aquéllas a las que alguien desde un escaño gritó: ¡que se jodan!- se verán
seriamente desprotegidas. Más de lo que estaban, desde luego.
A este paso,
con la nueva Ley, hasta el absolutismo de la mayoría popular terminará
cambiando el viejo dicho:
-Pleitos
tengas… y los puedas pagar.
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