La corrupción en
nuestro país tiene un coste. Lo ha dado a conocer laSexta.com citando fuentes de universidades y de la Cámara
Nacional de Mercados y Competencia: ochenta y siete mil millones de euros al
año. La cantidad, naturalmente, es más que suficiente para enjugar los recortes
producidos en sanidad, educación o dependencia.
Algunos de los datos
aportados por el citado medio son escalofriantes: más de la mitad de lo
defraudado, unos cuarenta y siete mil seiscientos millones de euros se
corresponden con sobrecostes en la Administración General del Estado, o lo que
es igual, consecuencia de las deficiencias en la fiscalización de las
contrataciones públicas. Los otros cuarenta mil millones son los que suman en
las múltiples formas, directas e indirectas, que tiene la corrupción.
Un experto en
prevención de blanqueo de capitales consultado por el medio, Juan Carlos
Galindo, cuantifica el caso Malaya en
dos mil millones de euros; el de los ERE andaluces
en mil doscientos y el de la familia Pujol en unos tres mil millones de euros.
El propio Galindo indica que si las restricciones en dependencia superan los
mil doscientos treinta millones de euros y las registradas en sanidad son
incalculables, “las cifras dan de sobra para recuperar el Estado de bienestar”.
Hay un promedio de
siete personas detenidas diariamente por casos de corrupción. En los últimos
cuatro años, un total de siete mil ciento cuarenta, o sea, una auténtica
epidemia de corrupción que cuesta más de quinientos euros anuales a cada
español, cantidad que es fácil deducir que sigue creciendo si la media mensual
es de diez casos detectados. El pasado mes de enero, recordemos, fue destapada
la Operación Taula, estalló el asunto
Acuamed y empezó a cobrar cuerpo la
presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.
La corrupción, como no
puede ser de otra forma, es perseguida, de modo que en la última legislatura
fueron detenidas siete mil ciento cuarenta personas. Según reconoce el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, mientras en 2010 hubo trescientas ochenta y
nueve detenciones, el año pasado se elevaron a dos mil cuatrocientas cuarenta y
dos.
Más registros:
trescientos sesenta y seis delitos de corrupción en 2010; y en 2015, fueron
conocidos mil ciento ocho. Desde 2013, se ha superado el medio millar. Las
tramas no se detuvieron, desde luego.
Y los hechos donde acampa
la corrupción: fraude a la Seguridad Social (más del 16% de los casos), seguido
del cohecho, la prevaricación y el fraude a la Hacienda Pública, con más un de
un 8%.
Una epidemia, vaya que
sí.
1 comentario:
Esperemos que los políticos y empresarios recapaciten sobre la forma de gestionar sus competencias, a fin de reducir al mínimo el fraude fiscal que se genera pues perjudica a la Hacienda y los ciudadanos. No digamos a, la estrangulación de, los servicios básicos.
Publicar un comentario